Tirón de orejas del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, envió un escrito el pasado viernes 18 de diciembre a la Comunidad de Madrid y a la Delegación del Gobierno exigiendo que resuelvan “con carácter inmediato y urgente”, la falta de suministro eléctrico en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana, que llevan ya más de 70 días sin suministro eléctrico.

La Institución propone, por ejemplo, que se instalen grupos electrógenos para el abastecimiento a la población o cualquier otro sistema apto para tal fin y pide que se haga en coordinación con las autoridades competentes del Estado para la seguridad y la protección civil.

Más allá de esta solución urgente, la Institución también ha recomendado a ambas administraciones que diseñen una estrategia conjunta que permita regularizar el suministro eléctrico en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana y “garantizar así el derecho a un suministro eléctrico accesible y legal en tanto estas personas permanezcan en sus hogares”.

Así, para el Defensor es necesario realizar un diagnóstico común de los problemas que impiden que el suministro eléctrico se preste de forma normalizada en esta zona y un plan operativo de actuación coordinado para asegurar la accesibilidad del suministro eléctrico en la zona.

Por último, la Institución también ha recomendado que se evalúen periódicamente los resultados obtenidos y que se revise o redefina la estrategia si no se consiguen avances significativos a corto plazo.

Visita a la Cañada

El Defensor del Pueblo inició el pasado 20 de octubre actuaciones con la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid tras recibir una queja que denunciaba la falta de electricidad en el sector 6 de la Cañada Real Galiana. A esta queja inicial se fueron sumando otras muchas que denunciaban el mismo problema, así como su extensión al sector 5, que inicialmente no estaba afectado.

La investigación del Defensor incluyó una visita presencial a los sectores 5 y 6 el pasado 4 de diciembre, en la que los técnicos de la Institución pudieron comprobar la gravedad de esta prolongada privación de suministro eléctrico.

De hecho, recabaron testimonios que ponían de manifiesto el empeoramiento de personas afectadas por enfermedades pulmonares crónicas, la situación de las personas electrodependientes privadas de suministro que apenas pueden recargar las baterías de sus equipos sanitarios y de personas mayores que no pueden tomar su medicación porque de noche, a oscuras, no pueden encontrar sus pastillas. 

Más de 1.800 menores afectados

Preocupa especialmente al Defensor del Pueblo la situación de los niños y niñas que viven en las zonas afectadas por la ausencia de energía eléctrica. En su opinión, el alto número de menores que sufren los prolongados cortes de suministro, algunos de muy corta edad, amplifica la gravedad de este problema de carácter humanitario.

De hecho, en la visita se pudo comprobar que hay menores en edad escolar que están viendo vulnerado su derecho fundamental a la educación, al no disponer de electricidad para realizar sus tareas tras la puesta del sol y no poder asearse convenientemente.

Además, el Defensor ha tenido conocimiento del ingreso hospitalario de un recién nacido con cianosis debido al frío y del caso de una niña ingresada el 15 de diciembre en el Hospital Universitario Infanta Leonor por inhalación de monóxido de carbono, debido a que sus padres tuvieron que recurrir a una estufa de leña como fuente de calor.

Según diversas estimaciones, en los sectores 5 y 6 viven alrededor de 4.600 personas, de las cuales 1.800 son menores de edad, si bien la percepción obtenida durante la visita apunta a que dichas cifras podrían ser mayores.

Enganches ilegales

Por su parte, el Gobierno regional ha apuntado que la causa de la falta de suministro eléctrico se debe a la existencia de numerosas conexiones ilegales para suministrar a edificaciones y actividades ilícitas, entre las que destaca en los últimos tiempos las plantaciones de marihuana.

Sin embargo, a juicio del Defensor del Pueblo, la Comunidad de Madrid no ha aclarado qué razones impiden o dificultan que los afectados puedan suscribir contratos de suministro eléctrico. Tampoco parecen consistentes, a la luz de la visita realizada, las explicaciones que ha dado para justificar la falta de suministro en el sector 5.

Así, cuando la administración autonómica sostiene que el derecho al suministro eléctrico solo puede darse dentro de la legalidad (mediante un contrato), está obviando que muchas de las personas afectadas por esta prolongada privación de suministro querrían tener un contrato, pero esta opción no se les facilita, sin que a juicio de la Institución se hayan esclarecido suficientemente las razones que lo impiden o dificultan.

Por otra parte, el Defensor recuerda que en mayo de 2017 se firmó el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana por la Administración General del Estado, la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos de Coslada, Madrid, y Rivas Vaciamadrid y por los grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid.

Dicho pacto constituye un compromiso político firme para las administraciones públicas, que incluye compromisos legislativos entre los que figura la “rehabilitación del suministro de luz”.

Este compromiso solo puede satisfacerse, a juicio del Defensor del Pueblo, poniendo los medios para que, de entrada, las personas residentes en la Cañada Real Galiana puedan contratar un suministro eléctrico legal y con los niveles de calidad que exige la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.

Por otra parte, en el escrito enviado a la Comunidad de Madrid, el Defensor del Pueblo ha mostrado su preocupación por la “ligereza y falta de mesura” con la que se ha abordado este asunto en comparecencias de responsables públicos del Gobierno regional.

En opinión del Defensor, en determinadas intervenciones se ha pretendido hacer pasar el problema exclusivamente como el resultado de un fenómeno generalizado de producción masiva de marihuana, actividad ilegal cuya responsabilidad se ha extendido de manera acrítica al conjunto de las personas que habitan en estos enclaves.

Para la Institución, tales argumentos resultan “falaces y peligrosos, pues victimizan a la mayoría de las personas afectadas e incurren en aporofobia”.

Por ello, Fernández Marugán ha hecho un llamamiento a la responsabilidad institucional para tratar este asunto con un enfoque más veraz y respetuoso con la dignidad de todos.

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