martes, 3agosto, 2021
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El Defensor del Pueblo ve inevitable una reforma fiscal si se quiere mantener el estado de bienestar

Fernández Marugán pide reformas en el sistema educativo, las políticas de empleo, las pensiones, la vivienda y la consolidación fiscal, para alcanzar la recuperación económica

Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha comparecido este martes en el Senado, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para dar cuenta de su gestión en 2020, un año marcado por la pandemia mundial de la COVID-19. Entre otras conclusiones Fernández Marugán ve inevitable una reforma fiscal si se quiere mantener el estado de bienestar.

Según ha asegurado, la crisis del coronavirus ha provocado que “una parte muy significativa de la actividad de la Institución el año pasado haya estado, directa o indirectamente, relacionada con los efectos de la pandemia y las actividades para combatirla desarrolladas por las distintas administraciones”.  

Así, ha explicado que en 2020 se realizaron un total de 29.335 actuaciones, que incluyen las quejas recibidas, las investigaciones de oficio iniciadas y las solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad. Esta cifra supone un aumento del 41,5% respecto de los 20.722 expedientes del año anterior. Destaca, además, el fuerte incremento experimentado por las peticiones de recurso ante el Tribunal Constitucional, que crecieron un 573%, al pasar de 135 a 909.

El Defensor ha relatado que Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia concentraron el 57,1% del total de quejas recibidas y que los asuntos que más preocuparon a los ciudadanos tuvieron que ver con la Administración de Justicia (4.439 quejas), la Sanidad y los Asuntos Sociales (3.735), el Empleo y la Seguridad Social (3.493), las Migraciones (2.716) y la Educación (2.579).  

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Recibidas las quejas y analizados los problemas, el Defensor dirigió a las diferentes administraciones un total de 2.254 resoluciones, entre recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales.

A lo largo de su comparecencia, Fernández Marugán ha apuntado que la pandemia ha causado la mayor crisis sanitaria de la historia de España y ha tenido “un impacto extraordinario” sobre la economía, ya que ha propiciado un incremento de déficit estructural y unos elevados niveles de deuda que suponen “un importante factor de vulnerabilidad ante eventuales cambios en las condiciones de financiación”.

No obstante, y aunque se ha mostrado convencido de que “vale la pena tener un poco más de deuda a cambio de erradicar la pandemia, que ha dejado a miles de personas sin empleo”, también cree que “estamos abocados a realizar una reforma fiscal subiendo impuestos” que implicará una revisión al alza de varias figuras tributarias. “España tiene que decidir qué nivel de servicios públicos quiere tener para mantener un estado del bienestar digno de tal nombre”, y ello “no será posible si la opción es reducir los impuestos”, ha afirmado.

Además, ha señalado que otros retos futuros para sanear la economía española pasan por acometer un paquete de reformas en el sistema educativo, las políticas de empleo, las pensiones, la vivienda y la consolidación fiscal.

Según ha explicado, la pandemia ha provocado en España un incremento de la desigualdad, tanto empresarial como social, que hace necesario que se aumente la ayuda pública a los colectivos más vulnerables “ya sean pequeñas y medianas empresas, autónomos y familias”.

En su opinión, las actuaciones de las administraciones deben ir encaminadas a proteger a los más frágiles, “aquellos que han venido quedando fuera de los esquemas tradicionales de ayudas públicas”, ha remarcado. Ahora, y al contrario de lo que sucedió en 2008, cuando la acción de los gobiernos se materializó en rescatar bancos y empresas, “hay que hacer cosas diferentes y el Estado tiene que tener un papel destacado a la hora de garantizar el futuro de las rentas a las familias y a las pequeñas y medianas empresas”.

El Defensor ha continuado su intervención y ha destacado algunos asuntos que protagonizaron las quejas y las actuaciones de la institución en el año 2020.  

Violencia de género

La lacra de la violencia machista preocupa mucho al Defensor del Pueblo. Fernández Marugán ha recordado todas las mujeres y menores asesinados y ha hecho hincapié en el “efecto devastador” que la pandemia ha tenido para las víctimas de violencia de género.

“El mayor tiempo de convivencia entre agresor y víctima, los conflictos por cuestiones domésticas durante el confinamiento, las alteraciones psicológicas producidas por las restricciones y la dificultad de las víctimas para buscar protección y ayuda están detrás de estas estremecedoras cifras”, ha señalado.

También ha destacado que, a pesar del incremento histórico de llamadas al 061 en 2020, -10.000 más que en 2019-, al mismo tiempo se dio un descenso también histórico en el número de denuncias (unas 54.500 menos que en 2019), y por tanto en las órdenes de protección concedidas.

Para Fernández Marugán, ello se debe a que “las mujeres piden ayuda, pero no denuncian, porque consideran que la intervención policial o de los juzgados puede desencadenar una mayor violencia sobre ellas o perjudicar a sus hijos e hijas”.

Especialmente terrible es el hecho de que 41 niñas y niños hayan sido asesinados en España en los 8 últimos años. En este sentido, el Defensor ha lamentado el último caso vivido en Tenerife” y ha reclamado una protección específica y efectiva para los menores que pueden ser víctimas de la violencia vicaria, independientemente de la valoración de riesgo en la que se encuentre la madre.

Tras apuntar que la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia incorpora algunas recomendaciones de la Institución, como la retirada de la patria potestad a los padres condenados por el asesinato de la madre, o el derecho de los menores victimas a ser oídos, ha instado a “administraciones, instituciones y sociedad civil” a continuar trabajando para proteger a los menores.

Además, el Defensor ha explicado que para mejorar la protección de las mujeres es imprescindible garantizar una asignación adecuada y suficiente de recursos por parte de todas las administraciones autonómicas y locales para su atención; facilitar su acceso a los servicios de emergencia en igualdad de condiciones en todo el territorio, con plazas suficientes y con la especialización de las personas que los atienden; y fortalecer las medidas de prevención y de lucha contra la violencia que afecta a las víctimas especialmente vulnerables.

En cuanto a las actuaciones desarrolladas por la Institución en la fase de detección y emergencia, el Defensor ha destacado que todas ellas se han centrado en la mejora del sistema VioGen, para que “incremente su capacidad de detección de riesgos, en especial los de mayor gravedad y los que puedan afectar a menores”.

Asimismo, en 2020 el Defensor continuó trabajando para impulsar la puesta en marcha de los planes personales de protección; para minimizar la doble victimización y asegurar el tratamiento respetuoso a las víctimas durante los procesos judiciales; para potenciar la integración social de las mujeres maltratadas y su acceso a los centros de información y atención; y para fomentar la educación, sensibilización y concienciación contra la violencia de género.

Sanidad

La Institución triplicó el año pasado el número de expedientes gestionados en materia sanitaria, la gran mayoría de ellos relacionados con la crisis de la COVID-19.

En su comparecencia, el Defensor ha afirmado que la pandemia agudizó muchas de carencias que venía arrastrando el Sistema Nacional de Salud (SNS) y que su capacidad asistencial, conformada por los servicios de salud de las Comunidades Autónomas, llegó a verse superada en los peores momentos de la crisis sanitaria.

Tras reconocer el esfuerzo desarrollado por los profesionales sanitarios “que dieron muestran de responsabilidad y de servicio a la hora de paliar el golpe recibido y sus consecuencias”, ha destacado que las debilidades del SNS, “sobre las que la Institución lleva años advirtiendo”, tienen su origen en “las reducciones presupuestarias practicadas durante los años de la anterior crisis económica”.

En su opinión, “no es posible continuar con una política sanitaria de ajuste presupuestario como la practicada durante los últimos años, con continuadas y persistentes reducciones del gasto”.

Por el contrario, cree que hay que “invertir más en la sanidad pública” y considera urgente reforzar los centros de atención primaria, con profesionales, medios técnicos y organizativos y la atención hospitalaria para solucionar problemas como las listas de espera y acabar con la precariedad, la temporalidad laboral y la escasez de personal, que “son el mayor problema para los trabajadores del SNS”.

Además, también considera importante la “colaboración leal entre administraciones sanitarias” y aplicar “una gestión eficaz y coordinada de los recursos humanos y materiales” para cuidar el modelo organizativo y la eficiencia del sistema.

Atención a personas mayores

Fernández Marugán ha lamentado que durante esta crisis sanitaria hayan sido “especialmente duras las experiencias vividas por las personas mayores tanto en los centros residenciales, como en sus domicilios”.

La Institución lleva tiempo examinando cómo se presta la atención a los usuarios de las residencias y ha dado prioridad a los derechos de los mayores que viven en estos centros. Así, ha pedido en numerosas ocasiones que se refuercen sus servicios y que se revisen al alza las ratios mínimas de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial.

Según ha explicado el Defensor, las quejas recibidas al comienzo de la crisis sanitaria pusieron de manifiesto la dramática situación que se vivió en muchos geriátricos en los meses de marzo y abril, que solo disponían de medios muy básicos y exiguos para enfrentarse a la pandemia.

A esta emergencia se llegó sin planes eficaces de contingencia, con plantillas muy ajustadas, y con infraestructuras y recursos materiales, en muchos casos insuficientes”, ha asegurado Fernández Marugán, que ha vuelto a advertir que es necesario abordar cuanto antes una revisión profunda del modelo residencial-geriátrico en su conjunto. Así, ha señalado la necesidad de que las comunidades autónomas cuenten con un sistema de monitorización de los centros, un sistema de alerta temprana y que cada residencia tenga un plan de contingencia.

Por último, el Defensor ha recordado que, según datos del CSIC, más del 70% de las plazas residenciales en España son de titularidad privada.

Educación

El impacto del coronavirus se dejó sentir con fuerza en la actividad educativa al poner de manifiesto la brecha digital existente en España “en toda su crudeza” y muchas familias, especialmente las más vulnerables, tuvieron que adquirir dispositivos electrónicos para sus hijos, según ha apuntado el Defensor.

Posteriormente, el reto fue afrontar el inicio del curso escolar y la presencialidad en las aulas en condiciones de seguridad para profesores y alumnos. Sobre este último punto, el Defensor ha asegurado que “puede decirse que el sistema educativo resolvió razonablemente esta situación, gracias al esfuerzo de las Administraciones, de la comunidad educativa y el de la sociedad en general”.

Por otra parte, Fernández Marugán ha insistido en el papel que juega la Educación como principal instrumento de movilidad social y ayuda para superar desigualdades económicas y sociales. Y para ello, ha resaltado “es imprescindible dotar al sistema educativo de los recursos y medios necesarios”.

Es por ello que ha afirmado que “desde el Defensor del Pueblo y diferentes sectores de la comunidad educativa hemos venimos abogando por la construcción de un sistema educativo sólido, basado en el mayor consenso posible entre las fuerzas políticas, que garantice su estabilidad”.

Por lo que se refiere a la nueva Ley Orgánica de Educación, recientemente aprobada, Fernández Marugán ha mostrado su esperanza en que “inicie una nueva etapa que nos permitan aspirar a una sociedad más equitativa e inclusiva”.

Vivienda

La vivienda tampoco ha sido ajena a la situación creada por la crisis del coronavirus y la pandemia “ha dejado al descubierto los desequilibrios y estrecheces de este mercado en el que no hay casas suficientes y, sobre todo, no las hay a precios asequibles”, ha explicado el Defensor.

En esta línea, ha apuntado que “el mercado del alquiler, que ya era extremadamente débil, ha roto sus costuras y la oferta resulta escasa y cara para las posibilidades de los colectivos vulnerables y para los jóvenes que desean independizarse del hogar familiar”. A ello se une el hecho de que el alquiler social de titularidad pública apenas representa el 1,6% de la oferta.

Para cambiar la situación y facilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles a jóvenes y familias vulnerables, Fernández Marugán ha reclamado construir parques de vivienda pública para alquilar.

Alcanzar los 1,8 millones de viviendas en alquiler que harán falta para llegar a los estándares europeos en esta materia requerirá “un volumen importante de recursos públicos y un elevado nivel de coordinación entre el Estado, las autonomías y los municipios”, ha enfatizado. 

En este contexto, a lo largo de 2020 la Institución recibió un número significativo de quejas relacionadas con la gestión de las distintas ayudas, sobre todo las destinadas al alquiler de vivienda habitual y las relacionadas con problemas de solicitudes de reducción de cuota de alquiler.

Además, el Defensor cree que es “especialmente preocupante” el elevado número de quejas sobre unidades familiares compuestas por personas con hijos menores de edad, familias monoparentales o personas especialmente vulnerables, que han sido desahuciadas de viviendas públicas protegidas, sin que la administración u organismo público autonómico o local haya proporcionado una alternativa.

Medio Ambiente

Fernández Marugán ha destacado las actuaciones de la institución en materia medioambiental a lo largo de 2020 que se han desarrollado en ámbitos como la contaminación atmosférica y acústica, la gestión de residuos, los espacios naturales y especies de fauna y flora protegidos.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por los efectos del cambio climático que se está acelerando y “ya empieza a notarse en los termómetros”.

En su opinión, “el cambio climático es el mayor reto medioambiental al que nos enfrentamos a nivel mundial” y ha destacado quedurante la última década los eventos relacionados con el clima provocaron en el mundo un promedio de más de 23 millones de desplazamientos de personas cada año”, según datos de Naciones Unidas.

Tras asegurar que “se necesitan políticas ambiciosas, liderazgo, valentía y solidaridad”, el Defensor ha remarcado que “debemos ser conscientes de que no se puede proteger al medio ambiente sin costes y no habrá transición ecológica sin tomar medidas de especial calado”.

En este contexto ha celebrado la reciente aprobación de la primera Ley climática para erradicar los gases de efecto invernadero en 2050, pero ha recodado también que todavía existen cuestiones pendientes de resolver. Entre ellas, ha destacado “el incumplimiento de la directiva europea sobre depuración de aguas residuales urbanas, la persistencia de importantes niveles de contaminación atmosférica en las grandes ciudades, y el considerable retraso en el reciclaje de residuos urbanos”.

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