El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha enviado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación siete sugerencias para mejorar el control y la aplicación de los permisos excepcionales para el uso y comercialización de pesticidas no autorizados por la Unión Europea.
Los conocidos como productos fitosanitarios, son sustancias que se utilizan para prevenir y combatir las plagas de los cultivos. Los más utilizados son insecticidas, fungicidas y herbicidas. Algunos de ellos han resultado ser perjudiciales para la salud humana, para otros animales como las abejas, o para el medioambiente y por eso su uso ha sido prohibido o no autorizado en la UE.
Sin embargo, tanto la legislación europea como la nacional posibilitan autorizaciones excepcionales en situaciones de “emergencia fitosanitaria” que requieran controlar un peligro que no pueda gestionarse por otros medios razonables. Estos permisos especiales tienen que estar científicamente justificados y se tienen que destinar a usos concretos durante un máximo de 120 días.
En España, se han autorizado en los últimos años de manera excepcional sustancias como la Clotianidina, el Diclorvos, el Extracto de Camelia, el Propanil o el Tidiazuron.
En este contexto, una asociación ecologista acudió al Defensor del Pueblo a principios de año alegando que este tipo de concesiones excepcionales se estarían realizando en nuestro país de “manera rutinaria”, sin los debidos controles y sin los estudios científicos y técnicos necesarios.
