El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha formulado nuevas recomendaciones a las administraciones competentes para reforzar el sistema de protección de las víctimas de violencia machista y de sus hijos e hijas.

El año pasado, 55 mujeres y tres menores fueron asesinados. Fernández Marugán condena firmemente estos crímenes y los últimos asesinatos de tres mujeres y la hija de una de ellas, primeros crímenes machistas de 2020.

El Defensor considera que el Pacto de Estado sobre violencia de género fue un “gran acierto” y pide al nuevo Gobierno que priorice la lucha contra la violencia machista y desarrolle las medidas contenidas en el Pacto de “manera urgente”.

Mejorar la protección de hijas e hijos

A través de sus actuaciones, la Institución ha detectado un déficit en el sistema VioGen, que evalúa el riesgo de las víctimas de violencia de género. Este sistema no cuenta con una herramienta específica para valorar el riesgo en el que se encuentran los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia machista. Para la Institución, su condición y especial situación de vulnerabilidad y de madurez hacen necesario una estimación específica, con indicadores propios.

Por este motivo, para mejorar la protección de estos niños y niñas, el Defensor ha recomendado a la Secretaría de Estado de Seguridad que desarrolle y ponga en funcionamiento un sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género contra menores que sea propio y adecuado para el tipo de riesgo al que están sometidos.

Para la Institución este sistema debería facilitar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trasladen sus estimaciones sobre la situación en la que se encuentran los menores a los fiscales y a las autoridades judiciales para que actúen de forma proactiva, integrando la información y las acciones de protección, seguimiento y de coordinación que se realizan en favor de estas niñas y niños.

Fernández Marugán también es consciente del importante papel que los puntos de encuentro familiar pueden tener en la detección de posibles situaciones de riesgo para los menores a los que atienden. En la actualidad, no existe una obligación homogénea en todas las comunidades autónomas para que estos alerten a las autoridades competentes de los riesgos que detectan cuando atienden a las familias.

La Institución considera que debe ser una obligación para cualquier administración alertar del peligro que detectan en sus intervenciones, por este motivo ha recomendado a la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género que impulse la elaboración de un protocolo común en el que se requiera a los puntos de encuentro familiar la emisión de informes en estos casos.

Suspensión del régimen de visitas

Fernández Marugán ha sostenido que “un maltratador nunca puede ser un buen padre”. Esta afirmación es la reacción frente a los asesinatos de menores a manos de sus progenitores. Desde 2013, fecha en la que se les comenzó a incluir en la estadística de los crímenes machistas, 34 niños y niñas han sido asesinados.

En muchas ocasiones estos crímenes han ocurrido mientras el menor estaba con su padre durante el régimen de visitas. En opinión del Defensor, los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género deben tener garantizadas todas las medidas de asistencia y protección existentes, tal y como establece la ley.

Para Fernández Marugán los menores de edad son siempre víctimas de la violencia de género que se ejerce sobre sus madres y por eso ha recomendado al Ministerio de Justicia que promueva la modificación de las normas necesarias para asegurar la revisión del régimen de visitas siempre que exista una orden de protección en vigor respecto a la madre de los menores afectados, y la suspensión en todos los casos de condena por delitos de violencia de género.

Unidades de valoración y juicios rápidos

El Defensor también ha recomendado a la Secretaría de Estado de Justicia que dote a los juzgados de violencia de género de las unidades de valoración forense y de recursos especializados necesarios para que tanto fiscales como jueces puedan desarrollar sus funciones con plenas garantías.

Además, le ha recomendado que arbitre los mecanismos necesarios para que en los juicios rápidos se pueda valorar el riesgo en el que pueden encontrarse los menores que conviven en un hogar donde existe violencia y se puedan adoptar las medidas de suspensión o supervisión del régimen de visitas de los hijos e hijas de víctimas de violencia de género, con los elementos de juicio suficientes.

Protocolos y formación

También se han formulado recomendaciones al Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial para que renueven y adapten los protocolos de actuación de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la situación actual en la que se encuentra el sistema de protección y a las necesidades de las víctimas.

Además, se ha reclamado a la Policía Nacional que refuercen con medios materiales y personales suficientes las unidades de familia y mujer, en aquellos lugares donde se necesite, para que puedan acceder cuanto antes a la protección judicial.

El Defensor quiere evitar que a lo largo de todo el proceso se produzca una doble victimización que lleve a estas mujeres a desistir del ejercicio de sus derechos frente a la violencia de género o a pensar que están solas y abandonadas.

Por otra parte, la Institución ha pedido a la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género que promueva la elaboración de un plan común de formación en materia de violencia de género y tratamiento de las víctimas para todos los funcionarios y personal dependiente de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales que atienden a las víctimas. Para Fernández Marugán “los funcionarios son la cara del Estado ante las víctimas. Es imprescindible que todos sepan cómo tratar a una víctima en medio de una situación crítica, cómo dirigirse a ella y cómo explicar los medios y recursos con los que cuenta”.

Planes personalizados de intervención

El Defensor del Pueblo también ha elaborado recomendaciones para mejorar la coordinación entre administraciones. Para ello, ha pedido a la Secretaría de Estado de Igualdad que desarrolle un protocolo que sirva de referencia a las Comunidades Autónomas a la hora de elaborar los “planes de intervención individualizada” o “planes personalizados de intervención”. Estos planes deben contener un adecuado análisis de la situación familiar e incluir a los menores a cargo de las mujeres garantizándoles la intervención especializada de psicólogos, educadores y personal sanitario.

Desde la citada Secretaría apuntan que, siguiendo la recomendación del Defensor, este asunto se estudiará en la próxima Conferencia Sectorial de Igualdad.

Derecho a vivienda y empadronamiento

Por otra parte, la Institución es consciente de los inconvenientes que la situación legal del empadronamiento de las mujeres víctimas de violencia de género que residen en pisos tutelados o casas de acogida causa a estas mujeres y a sus hijas e hijos.

Por este motivo, el Defensor ha recomendado a la Secretaría de Estado de Política Territorial modificar la normativa vigente en los casos de empadronamiento de víctimas de violencia de género que, viviendo de hecho en el municipio bajo el amparo de la autoridad pública, no puedan facilitar el domicilio por razones de seguridad.

Seguir trabajando

Durante todo 2019 el Defensor ha trabajado para detectar las carencias del sistema y efectuar las recomendaciones necesarias para su mejora. En noviembre, la Institución organizó el seminario “La igualdad y la lucha contra la violencia de género. La labor de las ONG” en el que Fernández Marugán anunció su intención de formular estas nuevas recomendaciones. El Defensor confía en que sus propuestas sean aceptadas por las administraciones competentes y se compromete a seguir trabajando para eliminar las disfunciones del sistema y así avanzar en ámbitos antes no contemplados como la eficaz protección de los menores o la inclusión de las herramientas de lucha contra la violencia y el acoso sexual, tal y como obliga a España el convenio de Estambul.

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