El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido al Ministerio de Justicia, a la Ciudad Autónoma de Melilla y a la Junta de Andalucía la abolición de las sujeciones mecánicas en los centros de internamiento de menores infractores de todo el territorio nacional. Cabe recordar que no es el primer caso en el que algún menor sufre malos tratos en estos centros, e incluso algún menor llega a morir en extrañas circunstancias en estos centros, antes llamados correccionales.
Fernández Marugán ha pedido al Ministerio de Justicia que derogue el apartado del reglamento de responsabilidad penal de los menores en el que se regulan las sujeciones mecánicas para acabar con estas prácticas como medio de contención en estos lugares.
En su opinión, “es necesaria una decisión rápida y radical, que termine definitivamente con las sujeciones mecánicas. Y esta decisión exige la reforma del Reglamento de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores”.
Para Fernández Marugán, “la práctica de la sujeción mecánica exige el uso de la fuerza, por lo que constituye siempre una situación de riesgo, estando en juego derechos tan fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la integridad física”.
Insistencia
Desde hace años, el Defensor del Pueblo insiste en relación a la práctica de sujeciones mecánicas a personas privadas de libertad. Así, en 2017, publicó una Guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas en la que pedía que se evitaran las reducciones a través de acciones potencialmente lesivas para internos e internas y abogaba por realizar maniobras previas de diálogo o desescalada con personal entrenado y formado para ello. “Debe agotarse la vía del diálogo durante el tiempo suficiente como para considerar que no existe otra alternativa”, aseguraba.
Menores fallecidos
Desde 2017 dos jóvenes han muerto (Melilla y Almería) tras ser sometidos a una contención mecánica. Fernández Marugán insiste en que “no puede volver a morir nadie en España en estas circunstancias”. Así, ha asegurado que “lo rechaza la conciencia, lo rechaza la justicia, lo rechaza el derecho de estos adolescentes a ser protegidos por el Estado para que puedan alcanzar una vida plena en la que superen, ya adultos, las dificultades que les llevaron a terminar en una privación de libertad antes de la mayoría de edad”.
El Defensor apunta que existen alternativas a la sujeción para afrontar una situación de tensión o de violencia. En esta línea, aboga por “técnicas no invasivas, propias de una nación civilizada y del desarrollo del conocimiento científico, que permiten abordar con éxito situaciones límite sin poner en riesgo la vida ni la integridad física de quienes han de ser sometidos a ellas”.
Esta tesis coincide con lo expresado por el Comité de Prevención de la Tortura (CPT) que, en su informe emitido en 2017, tras la visita girada a España el año anterior, consideraba que “inmovilizar a menores en una cama o esposarlos a objetos fijos en una celda de aislamiento es un uso desproporcionado de la fuerza y una medida incompatible con la filosofía de un centro educativo que debería enfocarse en la educación y la reintegración social de los menores […]. En su lugar, deberían emplearse métodos alternativos en la gestión de incidentes violentos y otros medios de contención, tales como las técnicas verbales que impiden que aumente el conflicto y el control manual”.
Nueva visita a “Tierras de Oria”
Técnicos de la Institución inspeccionaron ayer de nuevo el centro “Tierras de Oria” en el que en julio de 2019 falleció un joven mientras se le aplicaba esta medida de contención. Esta es la segunda visita a este lugar. En marzo de 2018, el Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ya encontró deficiencias relacionadas con la práctica de contenciones mecánicas, tales como una falta de adecuación de la habitación para la aplicación de este tipo de medidas coercitivas y la ausencia de un libro de registro en el que quedara apuntado el uso de la contención a los menores.
Por ello, tras esta inspección, la Institución sugirió a la Junta de Andalucía que adecuara una habitación de mayores dimensiones para la aplicación de las sujeciones mecánicas, con la cama articulada y anclada en el suelo en posición central, con interfono y sistema de vídeovigilancia con audio.
