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El Defensor del Pueblo lleva a Vox a la Fiscalía por sus vídeos sobre los menores inmigrantes

La institución cree que puede hacer indicios de un delito de odio por estigmatizar a los jóvenes como “menas” e identificarlos con la delincuencia

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Vox suele referirse a los niños y jóvenes migrantes que llegan a España como “menas”. El palabro, que proviene de la lexicalización de la sigla que se inventó la Policía para referirse a los “menores extranjeros no acompañados” que terminan detenidos, no deja de ser una estigmatización más, un claro intento de criminalización de los pobres chicos descalzos que recalan en nuestro país con la espalda mojada en busca de un futuro mejor. Los ultras, para cosificar a los niños extranjeros, les cuelgan un cartel peyorativo con unas siglas, tratando de reducir a un ser humano a la categoría de objeto, como un ere, una ute o una pyme. Es la forma de despojar a estas personas de toda entidad humana para convertirlas en números negativos, bestias apestadas o carne de reformatorio.

En el fondo estamos ante una cruel práctica xenófoba, aunque los políticos de Vox nieguen que sean racistas, ya que admitirlo demasiado abiertamente todavía es malo para el negocio, es decir, malo porque asusta a esa parte de la clientela formada por potenciales votantes indecisos que sopesan transfugar del PP y Ciudadanos al partido de Abascal pero aún no lo tienen claro, no vaya a ser que detrás del programa de los extremistas “verdes” haya algunas ideas demasiado hitlerianas. El nuevo fascismo ha trazado un plan muy bien preconcebido que consiste en ir poco a poco, gota a gota para envenenar la democracia con su arsénico verbal. Primero se trata de introducir en la sociedad las palabras de odio adecuadas −dictadura feminazi, consenso progre, ecopijos, menas−, toda esa artillería pesada de oscuros términos que solo ellos, en sus mentes retorcidas, saben lo que demonios significan. Después llegarán los hechos, las políticas concretas, las medidas a aplicar. El pogromo suavizado, el linchamiento premeditado de un grupo particular étnico o religioso, el apartheid de los niños africanos, los centros de confinamiento y quién sabe si tatuarle en el brazo al joven negro un número y la odiosa palabra “mena” para marcarlo como una res, para hacerle sentir inferior y para ponerlo de patitas en la frontera.

Ahora, por fin, el Defensor del Pueblo se ha percatado de ese macabro plan que contienen las palabras de Vox, esa discriminación léxica promovida contra los chavales inmigrantes, y ha trasladado a la Fiscalía General del Estado las manifestaciones de “determinados partidos políticos y mensajes en redes sociales que criminalizan” a los denominados menas, por si “pudieran contener conductas presumiblemente delictivas”. Así lo ha argumentado la institución defensora de los derechos de los ciudadanos en una carta que ha remitido a aquellas oenegés que exigieron una investigación para determinar si varios vídeos difundidos por Vox en las redes sociales durante la campaña electoral del 10N pudieran incurrir en un delito de odio.

En la misiva, publicada el pasado mes de noviembre por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Twitter, varias asociaciones y entidades escribieron al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía para denunciar los mensajes “claramente xenófobos y discriminatorios que promueven el odio hacia la población migrante, poniéndola en situación de grave peligro”. A su vez, la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán ha recogido la denuncia y recuerda que ha lanzado un llamamiento “a todos los actores sociales, y particularmente a los poderes públicos, formaciones políticas y medios de comunicación, para que combatan firmemente” cualquier muestra de intolerancia y racismo.

Es el SOS desesperado del Defensor del Pueblo, un organismo que durante años ha sido estandarte en la defensa de los valores del Estado democrático y que por cierto Vox quiere cargarse porque resulta demasiado incómodo para sus intereses totalitarios y sus fines supremacistas. Instituciones como el Defensor le estorban a Abascal, de ahí que su partido haya planteado eliminarlas porque a su juicio “están politizadas por la izquierda”. Vox incluye en esa lista negra de “chiringuitos y mamandurrias” a liquidar todo aquello que defienda los derechos humanos. Se empieza por derruir el edificio de las libertades que tanto ha costado construir y se termina por colgarle el cartel de mena a un pobre chaval de una minoría étnica. Tal como hacía Hitler con los judíos.

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