El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este lunes en el Congreso de los Diputados y en el Senado el Informe Anual 2018, en el mismo pudo evidenciar la invisibilización que padecen las mujeres en los centros penitenciarios, donde los formularios solo hablan de “internos” y los registros no contienen información desagregada por sexos. En el informe vuelve a reclamar la presencia médica “las 24 horas del día” en los centros penitenciarios.

La vista a las presas y los presos se realizó en el CP “Antoni Asunción Hernández” en Picassent (Valencia), centro elegido para iniciar este proyecto. En el momento de la visita había 2.052 personas internas, de las cuales 236 eran mujeres.

En 2018, en el informe referido a los Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP), se han inspeccionado 111 lugares de privación de libertad repartidos por 31 provincias de 17 comunidades y la ciudad autónomas de Ceuta. Una de cada tres visitas fue de seguimiento para comprobar si la aceptación de las resoluciones emitidas por la Institución supone o no un cambio real de los problemas detectados en anteriores inspecciones.

Centros penitenciarios

En 2018 se visitaron 15 centros penitenciarios (CP), un centro de inserción social (CIS) y un hospital psiquiátrico penitenciario. Se alcanzaron 656 conclusiones sintetizadas en 11 recomendaciones, cuatro recordatorios de deberes legales y 231 sugerencias. Además, se formularon dos recomendaciones por una visita de 2017.

El 8 por ciento de las internas contaba con un contrato de trabajo

La Institución valora positivamente la Orden de Servicio 1/2018 sobre el control y seguimiento de las denuncias de los internos por malos tratos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Esta orden establece que todas las denuncias deberán ser debidamente registradas, con independencia de la vía por la que se llegue a su conocimiento. El MNP confía en que esta iniciativa derive en la elaboración de un protocolo que permita una investigación y un seguimiento más completo por parte de la propia Administración de estas denuncias.

Sin embargo, al Defensor le preocupa que en algunas de las visitas se ha seguido detectando que no existe un libro en el que se registren las quejas, denuncias o procedimientos judiciales relativos a actuaciones incorrectas o malos tratos por parte de funcionarios con el fin de realizar un seguimiento de estos hechos.

Un año más, la Institución destaca la importancia de la videovigilancia para detectar y prevenir la tortura y los malos tratos. En este sentido, el MNP continúa reclamando un protocolo unificado para todo lo relativo a la grabación, extracción, almacenamiento, custodia y acceso a imágenes captadas, así como la instalación de más cámaras.

El MNP ha seguido llamando la atención por la insuficiente dotación de personal sanitario en los CP que afecta de manera notable a la calidad y frecuencia de la asistencia sanitaria. Además, ha continuado reclamando la presencia de estos profesionales las 24 horas del día. También ha reiterado la necesidad de establecer sistemas de solicitudes de asistencia sanitaria de urgencias.

Por primera vez, se ha visitado un centro de Inserción Social (CIS). El MNP inspeccionó el CIS “Guillermo Miranda” (Murcia). Esta inspección ha evidenciado la escasa regulación sobre régimen de vida, convivencia, así como otros aspectos centrales existente en estos centros por lo que, en opinión del MNP, convendría ir desarrollándola.

En el momento de la visita, solamente el 8 por ciento de las internas contaba con un contrato de trabajo. Por razones de seguridad y protección a las mujeres, se evita que asistan a talleres donde coincidan con reclusos por delitos sexuales o violencia de género con lo que se da la paradoja de que la condición de potencial víctima acaba jugando en su contra. Se ha formulado una sugerencia para que se garantice el acceso a talleres formativos y destinos en condiciones de igualdad.

Centros para menores infractores      

El MNP tiene registrados en toda España 71 centros para menores infractores. Dichos centros son responsabilidad de las comunidades y ciudades autónomas, aunque muchos están gestionados por entidades privadas. Las diferencias entre los responsables de los centros en la forma de recoger los datos impide saber cuántos menores han estado sometidos a medidas privativas de libertad en 2018.

Preocupa a la Institución que cuando el menor es ingresado en un centro de una comunidad distinta a la de residencia, esto supone un gran esfuerzo económico para su familia que, en ocasiones, llega a comprometer el mantenimiento de los vínculos con el menor. Por este motivo, se han formulado sugerencias para que se establezcan ayudas a las familias.

Por razones de protección a las mujeres, se evita que asistan a talleres donde coincidan con reclusos por delitos sexuales o violencia de género con lo que la condición de potencial víctima acaba jugando en su contra

En estos centros, se ha detectado que las consultas médicas se realizan en muchas ocasiones en presencia de educadores o personal de seguridad. El Defensor considera que se debe garantizar que la atención médica se lleve a cabo manteniendo la intimidad de los menores.

Se ha seguido comprobando que hay centros que no cuentan con un libro de registro en el que inscribir el uso de medios coercitivos o que, aun teniendo estos libros, no incluyen en ellos la información necesaria de nombre del menor, medio empleado, hora de inicio y de cese, motivo de la aplicación y seguimiento por parte del personal sanitario.

Unidades de salud mental

El MNP ha realizado cinco visitas a centros de salud mental en los que se realizan internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico, de las cuales una fue de seguimiento. Los centros visitados fueron la Unidad de Hospitalización de Salud Mental del Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo); el Centro Sociosanitario “Casta Arévalo”, en Arévalo (Ávila); la Unidad de Agudos de Psiquiatría del Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid); el Instituto Psiquiátrico “José Germain” de Leganés (Madrid); y la Unidad de Agudos del Hospital “Nuestra Señora del Prado” de Talavera de la Reina (Toledo). Se han alcanzado 122 conclusiones que han dado lugar a 11 recomendaciones, 29 sugerencias y un recordatorio de deberes legales.

Centros de internamiento de extranjeros

En los centros visitados sigue sin garantizarse la separación de internos con antecedentes penales de aquellos otros que se encuentran en el CIE por mera estancia irregular en España. En el ámbito sanitario, continúan sin contar con presencia médica 24 horas, carecen de asistencia psicológica y psiquiátrica y no se realizan analíticas sobre consumo o enfermedades infectocontagiosas.

También se ha detectado que el derecho de los internos a recibir visitas de ong en ocasiones queda comprometido alegando motivos de seguridad. En concreto, durante una inspección al CIE de Madrid se pudo comprobar que estaba suspendido el régimen de acceso de las ong por unos incidentes que habían sucedido dos semanas antes. La Institución formuló un recordatorio de deberes legales.

En esta misma visita se emitió otro recordatorio al comprobar que los internos al abandonar el salón-comedor se tenían que dirigir a sus habitaciones a través de un pasillo conformado por efectivos policiales, provistos de escudos, cascos y defensas, lo que generaba un evidente clima intimidatorio. Dado el tiempo transcurrido desde los incidentes, no parecía razonable que se siguieran manteniendo tan intensas medidas de seguridad.

Apúntate a nuestra newsletter

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre