Los derechos laborales están dentro de los fundamentales del ser humano. España es la cuarta economía de la Unión Europea y la decimocuarta a nivel mundial. Sin embargo, el mercado laboral español está tan enfermo que se sostiene gracias a los fraudes de la clase empresarial.
El hecho de que más del 90% de las empresas tengan menos de 5 de trabajadores o que el sector servicios sea el predominante no es excusa para que los empresarios exploten y abusen de sus trabajadores en diferentes niveles.
Aunque no está organizada, la realidad es que el funcionamiento de los patronos es una trama basada en el fraude más absoluto. Esto es posible porque no se le dan recursos a la Inspección de Trabajo ni se ponen sanciones ejemplarizantes que impongan el miedo entre quienes pretenden obtener beneficios a costa del bienestar de las clases medias y trabajadoras.
El abuso hacia los empleados está ligada por medio de fraudes. En los días posteriores a la Semana Santa, el diario Público reveló que la Inspección de Trabajo había sancionado a más de 11.000 empresas por irregularidades en el control horario de sus plantillas. Con esto se demuestra la explotación laboral a la que se somete a los trabajadores porque los empresarios les están obligando a realizar tareas sin remuneración alguna fuera de su jornada laboral.
La falta de control de los periodos de trabajo permite eludir el pago de horas extra, que según el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos, es obligatorio. Este abuso sistémico que aplican más de la mitad de los empresarios españoles demuestra que muchos de los que tienen trabajadores a su cargo son la escoria que, por un lado, no pagan esas horas extra y, cuando lo hacen, incentivan la economía sumergida al realizar esos pagos en dinero negro.
Por otro lado, también supone un fraude tanto a la Seguridad Social como a la Agencia Tributaria que, dependiendo de las cantidades, podría suponer un delito no sólo contra los derechos de los trabajadores, sino de índole penal.
Son muchos los empresarios que dan de alta a sus empleados con una jornada a tiempo parcial pero, realmente, trabajan una media de 50 horas semanales. No hay que pensar sólo en la hostelería, donde los abusos son reiterados, sino que otros muchos sectores violan sistemáticamente lo indicado en los convenios colectivos y la legislación laboral.
Falsos autónomos
Nadie sabe cuántos falsos autónomos hay en España, pero se estima que más de 1 millón de trabajadores en esta situación. No se trata solo del sector de los «rider», sino que en otros muchos ámbitos los empresarios cargan la cotización a la Seguridad Social a empleados que legalmente trabajan por cuenta propia cuando, en realidad, tendrían que estar contratados por cuenta ajena.
Según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), sectores como las clínicas privadas, la construcción, la docencia y el periodismo son los que mayor proporción de falsos autónomos registran. UPTA culpa a los colegios profesionales de conocer y consentir estas prácticas ilegales y recuerda que existen mecanismos suficientes para desenmascararlas fácilmente.
Los empresarios utilizan esta fórmula de contratación ilegal y fraudulenta para ahorrarse las cotizaciones sociales. Sin embargo, esta situación provoca que los trabajadores no tengan derechos.
En el mes de diciembre, PSOE y Unidas Podemos registraron en el Congreso de los Diputados una enmienda para reformar el Código Penal para perseguir la imposición de condiciones ilegales a los trabajadores «mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo», así como su mantenimiento «en contra de requerimiento o sanción administrativa», será castigado con penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses.
Tener falsos autónomos constituye fraude laboral de acuerdo con la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social, que establece multas de entre 3.000 y 10.000 euros. En la actualidad también puede llegar a ser constitutivo de delito si el importe de las cuotas defraudadas a la Seguridad Social en los últimos cuatro años suma 50.000 euros.
Salarios de la pobreza
Estos fraudes anteriores también inciden en la masa salarial que perciben los trabajadores. Si el contrato es de menos horas a las trabajadas, el empresario podrá pagar lo que quiera. Por ejemplo, un convenio colectivo determina que el sueldo mensual bruto en jornada completa es de 1.500 euros y el contrato sólo es de 15 horas semanales, a pesar de que se trabajen las 40 horas máximas, el empresario puede pagar un salario muy inferior.
Esta es una de las causas de que los sueldos estén perdiendo peso en la economía española, tal y como publicamos en Diario16, mientras que los niveles de pobreza y exclusión social están creciendo y han generado la situación sistémica del trabajador pobre.
Lo que está claro es que si una empresa no es viable cumpliendo la ley y respetando los derechos de sus trabajadores, no se puede mantener gracias a una situación basada en la mezquindad, la violencia, el abuso y el fraude.
Imaginen un terreno de plantío y sobre el mismo, maquinaria agrícola y simiente de trigo. Sino hay un tractorista (fuerza de trabajo) que actúe (trabaje); el terreno se cubre de maleza, la maquinaria se oxida, y la simiente se pudre; de lo que se infiere que si hay cosecha de trigo será por el trabajo del tractorista (fuerza de trabajo). Todo lo existente es producto del trabajo, así de simple es la historia. Si los que crean la riqueza, los trabajadores, no son los dueños de lo que producen; lo que realmente ocurre es el saqueo por parte de aquellos que no producen.
Esto es la barbarie capitalista: robo y saqueo por parte de la clase parasitaria de la riqueza producida por el conjunto de la clase creadora de la riqueza, la trabajadora.