Desde que Hobbes nos habló de esa forma de estado absoluto, que todo controla y todo puede, el Leviatan ha inspirado horror y atracción en casi el mismo grado dentro de la teoría y la práctica política. Ese sueño antiliberal, necesario para lograr la paz y la justicia, temido como pantocrátor que premia y castiga, sigue siendo objeto de reflexión.
La limitación de derechos, el control de las libertades y la capacidad del Estado para conservar la salud y el crecimiento económico, han sido los ejes del debate político en los últimos meses. Fuera del ruido mediático, de la demagogia vista en ocasiones, el debate que se revela detrás de todo ello, tiene una profundidad que no puede pasar inadvertida estos días.
Así, se criticó por igual al gobierno de falta de control y previsión, de falta de capacidad de intervención, de no poner en marcha una estrategia de control social similar a la realizada en los países asiáticos, que permitía controlar los casos tecnológicamente y no confinar a la población. E igualmente, sin solución de continuidad, ha sido criticado por imponer un control excesivo en durante el Estado de Alarma poniendo en peligro las libertades y derechos civiles, de querer desarrollar controles tecnológicos a la movilidad, por establecer un sistema de protección social para autónomos, trabajadores y empresas, como nunca se había visto en España, haciendo depender del Estado de manera directa o indirecta a más del 60% por ciento de la población y de legislar de decreto en decreto con escaso control parlamentario y sin respetar la autonomía de las Comunidades Autónomas.
El Estado Social y Democrático de Derecho, se mueve pues entre la obligación de promover la igualdad efectiva, la salud y los derechos sociales en general por una parte y, por otra, la de mantener las libertades civiles y la libertad de empresa. Es un equilibrio complejo e inestable muchas veces. Hoy, después del estado de alarma, seguimos viendo los mismos dilemas a nivel autonómico, con gobiernos que navegan entre la seguridad y la salud de la población (aunque tengan que limitar las libertades civiles y económicas de la ciudadanía) y el mantenimiento de una actividad económica que está sufriendo una crisis sin precedentes, especialmente en las zonas turísticas.
Sin embargo, por anti-intuitivo que resulte, para mantener nuestras libertades públicas y económicas, se hace imprescindible una administración fuerte, con capacidad de cumplir todas esas obligaciones que la Constitución le encarga al Estado, con recursos presupuestarios para que se pueda garantizar un Estado Social. Igualmente pasa con las autonomías, las cuales para mantener su capacidad de autogobierno necesitan una mayor integración de sistemas y capacidad de coordinación, labor que sólo puede realizar un gobierno central con herramientas de intervención, transparencia y mecanismos de consenso entre las comunidades.
Se ha demostrado que sin un sistema sanitario público reforzado, con mecanismos que permitan prevenir y controlar posibles brotes epidemiológicos (que hoy son causados por el COVID, pero que mañana pueden producidos por otros virus o bacterias), con suficientes profesionales y una capacidad de atención sanitaria de calidad, todo el sistema de libertades civiles y económicas se tambalea.
Igualmente, estamos evidenciando, que sin un Estado con recursos y capacidad de intervención en el ámbito científico, económico y social, es todo el sistema económico el que se viene abajo.
El estado mínimo liberal, como se puede ver en buena parte del mundo, incapaz de proteger a la sociedad, sólo deja como alternativa un auténtico Leviatán totalitario o la ley de la selva donde sólo los más fuertes, los ricos y los poderosos, pueden intentar protegerse detrás de los muros de sus urbanizaciones.
Por desgracia para ellos, los virus no entienden de muros y el hambre tampoco.
