La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha destacado que el precio de las viviendas ha crecido hasta un 26% desde que comenzó la recuperación, así como el aumento del precio del alquiler, que ha crecido hasta un 30%, mientras que los salarios han crecido tan sólo un 2,1%. Una situación de absoluta desventaja para los trabajadores porque se puede decir que con la recuperación han crecido los precios de los alquileres hasta 15 veces lo que han crecido los salarios (entre 2014 y 2018).

Mari Carmen Barrera, también ha señalado que es necesario “poner el problema de la vivienda en la agenda política de cara a las elecciones para que, una vez que se celebren los comicios, se pongan en marcha políticas sociales en materia de vivienda”.

En una rueda de prensa previa a la celebración de las jornadas sobre vivienda, organizada por UGT, el Govern Illes Balears y el Ajuntament de Palma, Mari Carmen Barrera ha subrayado que estas jornadas pretenden poner la problemática del acceso a la vivienda en el centro del debate social y destacar la necesidad de llevar a cabo reformas legislativas que incorporen el derecho a una vivienda digna y adecuada, “cuando se carezca de recursos, como un Derecho real que se pueda invocar delante de los tribunales y los poderes públicos de manera que las situaciones de desahucio, de lanzamientos por impago o ejecuciones hipotecarias puedan tener un tratamiento diferente al que tienen actualmente judicialmente hablando”.

Queremos que los ciudadanos se sientan protegidos en su derecho a la vivienda” ha añadido, y que se desarrolle este derecho recogido en la Constitución, porque “creemos que el Estado de Bienestar ha dejado de lado el derecho a la vivienda, y tampoco hay una verdadera política social en dicha materia”.

“Queremos que los ciudadanos se sientan protegidos en su derecho a la vivienda”

Barrera ha señalado que “es prioritario dar solución a los problemas de acceso a la vivienda en condiciones dignas de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, pero también para aquellas personas con más dificultades de acceso”.

Para el sindicato es importante tener un tratamiento especial ante ciertas problemáticas sociales, “es cómo dar solución a las personas que han sufrido un desahucio”, bien sea por una ejecución hipotecaria o por el impago del alquiler.

Especial protección a los más vulnerables

La responsable de vivienda de UGT ha recordado que, aunque ya no se habla de ello en los medios de comunicación, “sigue habiendo desahucios en España”. Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial, tasa en casi 57.000 los desahucios en 2018, 37.000 de ellos por impagos de alquiler y casi 19.000 por ejecuciones hipotecarias.

“Este es el drama de la vivienda en España al que hay que darle una solución” y para el sindicato está pasa por unas políticas que, a futuro, “consigan dar una respuesta desde lo social, con una participación de la financiación de lo público a través del ICO  y con una serie de medidas que doten de transparencia a un mercado absolutamente opaco y que ha favorecido todo tipo de especulaciones y la creación de una tremenda burbuja inmobiliaria en los años pasados que le ha costado mucho sacrificio y mucho dolor a los ciudadanos y ciudadanas”, ha señalado Mari Carmen Barrera.

Queremos que haya más transparencia, mejor gestión desde lo público, control de precios de los alquileres y que, en definitiva, no haya abusos y que los ciudadanos que necesiten una vivienda en condiciones dignas pueda acceder a ella” ha añadido.

Plantear soluciones urgentes

Es necesario que la inversión en vivienda alcance los niveles europeos y que la dotación de los parques públicos de viviendas sociales con cifras como las de Alemania, con un 57%, Holanda, con un 47%, o Inglaterra que tiene hasta un 20% de vivienda social”.

“Es necesario que la inversión en vivienda alcance los niveles europeos y que la dotación de los parques públicos de viviendas sociales”

“Hay que desarrollar reformas legislativas que incorporen el derecho a una vivienda digna y adecuada como un derecho real y que, además, como complemento a ese derecho, que se establezca, el acceso a unos suministros básicos para personas y unidades familiares con situaciones de vulnerabilidad”.

“Es absolutamente necesario” ha explicado, “que se dote a nuestro país de un parque social de vivienda, gestionado por instrumentos públicos con total transparencia y condiciones igualitarias en todo el país y con participación del ICO”.

“Esas políticas tienen que poner en valor además la vivienda en el medio rural porque tenemos una España que se está quedando vacía porque no hay ningún tipo de política de vivienda destinada a esas zonas rurales para fijar la población en estos lugares que contribuya a la integración y la cohesión de la población”. Además, hay que implementar medidas para asegurar que nuestros mayores acceden a viviendas en condiciones dignas.

“Para terminar, hace falta una política mucho más decidida de rehabilitación de viviendas y todo ello con un incremento importante de la financiación de la vivienda que en los últimos años el gobierno la ha reducido prácticamente a cero. El porcentaje del PIB que se destina a vivienda tiene que alcanzar como mínimo el 1,5% del PIB pues sin inversión pública en vivienda no se pueden solucionar los problemas de acceso a la vivienda y de condiciones dignas” ha finalizado.

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