La crisis sanitaria y el estado de alarma en el que se encuentra España ha tapado la relevancia de lo ocurrido en el día de ayer. El comunicado de la Casa Real fue una verdadera confesión de culpa, un reconocimiento implícito de que las actividades de Juan Carlos de Borbón y su fortuna podrían tener un origen presuntamente ilícito o derivado de una supuesta corrupción. Si así no fuese, Felipe de Borbón no habría renunciado ni a la herencia ni hubiese retirado la asignación anual que percibía el rey emérito.

A todo esto hay que añadir el hecho que los abogados de Corinna zu Sayn-Wittgenstein hayan reconocido a Diario16 que la empresaria de origen alemán llevara «desde 2018 hemos intentado en repetidas ocasiones comunicarnos a través de los canales diplomáticos apropiados, la Embajada de España en Londres y la Casa Real incluida, sobre la campaña de abuso que se ha estado librando contra nuestra cliente durante ocho años. Se hizo caso omiso de los graves asuntos que comunicamos en detalle y en ningún momento se reconoció –ni mucho menos se tomó medida alguna para remediar– tal abuso, que ha continuado hasta hoy».

Si no fuera por la crisis del coronavirus, las noticias sobre la investigación de la Fiscalía de Suiza y las supuestas conexiones con la trama Gürtel, tal y como reconoció el cabecilla de la trama Francisco Correa ante un juez, habrían generado ya una crisis institucional de dimensiones apocalípticas para una institución que cada vez despierta más dudas entre la ciudadanía, sobre todo por la falta de legitimidad democrática que tiene, puesto que la figura que debe ocupar la Jefatura del Estado jamás ha sido decidida por el pueblo, por más que los defensores de la Monarquía afirmen que sí. Esta defensa quedó desmontada con las declaraciones del ex presidente Adolfo Suárez en las que reconoció las manipulaciones que se ejecutaron para evitar que se celebrara una consulta al pueblo sobre si querían un rey o una república porque los sondeos que manejaba el gobierno les daban una clara derrota para los defensores de la Monarquía.

La crisis institucional es de una envergadura sin precedentes en España por razón principal: los supuestos delitos que pudiera haber cometido Juan Carlos de Borbón fueron perpetrados mientras era Jefe del Estado, es decir, mientras representaba a España por el mundo. Es evidente que este comportamiento sólo puede venir de la seguridad o la impunidad que da la inviolabilidad reconocida por las leyes españolas para el Jefe del Estado, una figura legal totalmente anacrónica que, precisamente, puede provocar que quien debe ser ejemplo de limpieza se convierta en un presunto transgresor compulsivo de las leyes. Una democracia no puede permitir que su máximo representante compatibilice sus funciones institucionales con el trabajo de «comisionista».

Ahora le toca a la clase política actuar, a los representantes elegidos por el pueblo, ante esta crisis institucional. Varios partidos han reclamado nuevamente la creación de una comisión de investigación para que se depuren responsabilidades por el comportamiento y las actividades de Juan Carlos de Borbón. Sin embargo, todos los intentes siempre chocan contra el bloque de la Transición (PP, PSOE, Vox y C’s) y sus satélites regionales que sigue defendiendo a ultranza a la Monarquía.

La realidad es que ese bloque de la Transición lo que está evitando es que se investigue y se depuren responsabilidades por un presunto caso de corrupción cometido supuestamente en el periodo en el que Juan Carlos de Borbón era Jefe del Estado. ¿Desde cuándo se ha visto que la clase política de un país democrático se oponga a investigar un caso de corrupción? Da la sensación de que en ciertos ámbitos de la democracia española se han olvidado las palabras de un gran hombre, José Francisco Peña Gómez: «Sólo a los pueblos les corresponde la tarea de elegir su sistema de vida y de gobierno»

Sin embargo, el pueblo está reaccionando y dando una nueva lección al bloque de la Transición. El año pasado se celebraron múltiples consultas populares en las que más del 98% de los cientos de miles de personas que votaron reclamaban la celebración de un referéndum. En esa cifra hay dos datos a tener en cuenta:

  1. El 85% de las personas favorables a un referéndum votaría que sí a un cambio de modo de Estado, es decir, a favor de una república
  2. Más importante aún es el 15% restante que, siendo favorables al mantenimiento de la Monarquía en la Jefatura del Estado, eran favorables a la celebración de un referéndum para que el pueblo diera la legitimidad democrática que ahora no tiene

El próximo día 9 de mayo estaba convocada una nueva consulta popular en todo el país, un ejercicio de responsabilidad democrática que no puede ser frenado y que, tras los nuevos datos sobre las actividades presuntamente delictivas de Juan Carlos de Borbón, se hace más indispensable. El pueblo debe decidir, como en cualquier democracia, el modelo de Estado. Cualquier otra cosa no es más que la manipulación de la realidad. Como dijo el propio Adolfo Suárez el día antes del referéndum para la reforma política de 1977, «Mañana gobiernan 22 millones de españoles […] Ustedes tienen la palabra».

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