El coronavirus pone al descubierto el fracaso del modelo territorial sanitario español

La dramática realidad ha terminado imponiéndose con toda su crudeza: el Estado español no ha sabido estar a la altura en la gestión de la pandemia provocada por el coronavirus. Hemos fracasado como país y como sociedad y de este desastre solo podremos rescatar el ejemplo heroico de miles de personas anónimas que, una vez más, han demostrado que el nuestro es un pueblo altruista, solidario y digno de admiración que sabe dar la vida por los demás.

Pero más allá de nuestros héroes, a quienes tendremos que rendir merecido homenaje cuando llegue el momento, el Estado ha naufragado estrepitosamente. Salvo contadas excepciones, ni la Administración central, ni las comunidades autónomas, ni tampoco las corporaciones locales y provinciales han sabido responder ante una emergencia de esta magnitud. Toda una gigantesca estructura política, territorial y burocrática que creíamos bien cimentada se nos ha venido abajo en apenas un par de meses, el tiempo que ha tardado el virus en destrozar nuestra red asistencial pública, esa misma de la que nos sentíamos orgullosos no hace tanto. Cuando todo acabe, tendremos que analizar tantas cosas que se han hecho mal estos días que no habrá expertos ni funcionarios suficientes para instruir los expedientes administrativos y judiciales sobre la ingente cantidad de errores cometidos. Tenemos trabajo para años, pero por lo pronto ha quedado en evidencia el fracaso del modelo territorial sanitario de nuestro país. Desde hace tiempo las autonomías tienen transferidas las competencias sanitarias y quizá esa ha sido una las causas directas que han hecho aflorar las debilidades de un Ministerio de Sanidad que cuando se ha visto obligado a intervenir no disponía ni de los planes de contingencia necesarios, ni del personal suficiente, ni de las herramientas de coordinación y respuesta adecuadas ante una pandemia de tales dimensiones.

Habíamos construido un monstruo con 17 cabezas aisladas (una por cada comunidad autónoma) del que nos sentíamos orgullosos, pero ese engendro se ha venido abajo en cuanto ha llegado una de esas epidemias que los países asiáticos −férreamente organizados y acostumbrados a sufrirlas cada año−, saben cómo afrontar mejor que nosotros. Todo nos ha fallado. Los esfuerzos se han malgastado en una maraña de servicios administrativos descentralizados, consejerías, direcciones generales, subdirecciones, concejalías, agencias periféricas regionales y otros organismos que a la hora de la verdad solo han servido para duplicar competencias, gastos y burocracias y no para resolver problemas a pie de trinchera. El caos en los primeros días de la epidemia ha sido general y al final cada cual ha hecho la guerra por su cuenta. El espectáculo de los presidentes de comunidades autónomas echando en cara a Pedro Sánchez su falta de diligencia cuando eran ellos mismos los que disponían de las competencias sanitarias transferidas resultaba sencillamente surrealista. Allí nadie sabía quién tenía que pedir a China las ansiadas mascarillas y los respiradores de oxígeno y la imagen de unos políticos y otros repartiéndose culpas y tirándose los trastos a la cabeza era tan triste como desoladora. Al final ha tenido que llegar un virus letal del lejano Oriente para que esa jaula de grillos dominada por burócratas y criterios políticos más que sanitarios explotara por los aires.

Mientras el consejero o concejal de pueblo de turno trataba de quedar como un héroe gestionando por su cuenta un cargamento que nunca llegaba, en los hospitales de las grandes ciudades los médicos y enfermeras tenían que improvisar trajes de protección contra el virus con bolsas de basura, gafas de esquí y guantes de cocina. A todo esto aparecían los filántropos de siempre −unos con buenas intenciones, otros tratando de arañar algo de publicidad para su empresa− y la Sanidad privada se ponía de perfil con el poco edificante propósito de sacar tajada de la crisis ofreciendo test de detección de la enfermedad a un módico precio. ¿A nadie se le ocurrió que lo primero que debe hacer un país en economía de guerra es nacionalizarlo todo, desde hospitales a empresas estratégicas, para que el Estado pueda contar con todos los recursos a su alcance?

Ciertamente, la ceremonia de la confusión ha sido, al margen de las terribles cifras de muertos y contagiados, lo peor de esta crisis. La falta de previsión y coordinación, los egos personales de unos, la ineptitud e incompetencia de otros y los ajustes de cuentas y navajeos varios (otro rasgo vomitivo de los políticos españoles siempre cainitas) han contribuido a empeorar aún más la situación, ya de por sí apocalíptica.

De esta pandemia tendremos que extraer importantes conclusiones, pero sin duda la primera de ellas debe ser que un Estado serio y fuerte debe mantener ciertos servicios esenciales de Protección Civil garantizados para momentos de emergencia nacional y crisis profunda. El Ministerio de Sanidad debe recuperar su papel como controlador, gestor y coordinador de unos recursos hospitalarios que han de llegar a todos los ciudadanos por igual. No se trata necesariamente de centralizar, sino de coordinar recursos humanos y materiales, de implantar protocolos de actuación de obligado cumplimiento, de redistribuir equitativamente los fondos siempre escasos. En definitiva, de organizar con racionalidad un Estado que al parecer no teníamos. Ni siquiera disponíamos de una tarjeta sanitaria común y válida para todos los ciudadanos en todo el territorio nacional, como ocurre en la mayoría de los países del mundo. También en eso somos raros.

Otra consecuencia para el futuro es que organizar la salud pública con arreglo a criterios políticos y no profesionales es un inmenso dislate. Tenemos que hablar menos de banderas y competiciones territoriales y más de eficacia médica, de investigación conjunta, de parámetros médicos y no políticos, que es lo ha estado ocurriendo todos estos años. Es intolerable que mientras en una comunidad autónoma hay camas vacías de sobra en otra esté muriendo gente en los pasillos de los centros sanitarios por falta de asistencia. Como tampoco se puede admitir desde un mínimo sentido común que un presidente de comunidad autónoma, por muy nacionalista de lo suyo que sea, impida el paso de hospitales de campaña del Ejército o de unidades militares de desinfección que solo tratan de salvar vidas humanas. Por no hablar del desastre de las residencias de la tercera edad en la Comunidad de Madrid, donde más de 4.000 personas han perdido la vida en instalaciones privatizadas que ahora sabemos funcionaban en condiciones higiénicas tercermundistas. Una vez más, comprobamos con estupor que la desigualdad económica mata. Allá donde no llega el Estado se impone la ley del dinero, la ambición y el beneficio fácil.

De momento, el sindicato de Enfermería Satse ya ha presentado las primeras denuncias contra el Estado español ante la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) por el incumplimiento “manifiesto y reiterado” de numerosas normativas y directivas europeas, así como de la legislación española, en materia de prevención de riesgos laborales. Los enfermeros y enfermeras que han trabajado sin la equipación adecuada y jugándose la vida creen que las administraciones, todas ellas sin distinción, han podido hacer mucho más para evitar el contagio de los trabajadores sanitarios, totalmente desprotegidos contra el covid-19. Se calcula que el 12% de los infectados por coronavirus en nuestro país es personal que trabaja en hospitales y centros de salud públicos. Más de 25.000 personas afectadas, según cifras del sindicato. Estamos sin duda ante una gestión tan desastrosa y deficiente que resulta difícil digerirla. Ahora es el momento de salvar vidas; tiempo habrá de depurar responsabilidades. Pero empecemos a tomar nota ya porque la próxima pandemia puede estar gestándose en estos momentos y nos llegará sin remedio más tarde o más temprano.