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El Consejo de Ministros remite al Parlamento la Ley de Vivienda con las principales exigencias de Unidas Podemos

Una norma histórica que durante meses pelearon el ex ministro José Luis Ábalos con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra

María José Pintor
María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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análisis

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La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anuncia tras el Consejo de Ministros la Ley de Vivienda que se remitirá al Parlamento tras meses de desencuentros con Unidas Podemos. Una norma histórica no hubiera salido adelante si los socios de gobierno no se hubieran negado a apoyar los Presupuestos Generales del Estado.

Una Ley que durante meses pelearon el ex ministro José Luis Ábalos con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Hoy, cosas de la política, lo anuncia la nueva titular de Transportes, que ya se encontró hecha la mayor parte de la ley.

Función social de la vivienda

Con la aprobación de la ley, ha explicado tras el consejo la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, el Gobierno fortalece la función social de la vivienda.

El texto, estará sujeto a las posibles enmiendas y cambios que los grupos parlamentarios introduzcan en el periodo de tramitación. Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana prevén, de hecho, que la aprobación definitiva en el Congreso se produzca en un plazo de hasta 12 meses.

La ley de vivienda establece una serie de definiciones clave de cara a facultar a las comunidades autónomas y ayuntamientos a que pongan en marcha una serie de medidas. Un claro ejemplo es que marca la frontera entre los pequeños y los grandes caseros. Así, la norma establece que el gran tenedor de vivienda es la persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados.

las dos formaciones han optado por una herramienta intermedia que permite que las comunidades autónomas limiten los precios en las zonas tensionadas siempre que las viviendas pertenezcan a grandes propietarios con personalidad jurídica (es decir, una empresa). Así, los topes a los precios en las autonomías que decidan aplicar la normativa dependerán de una estadística oficial que todavía tiene que estructurarse y que tardará en estar lista 18 meses, según recoge el texto legislativo.

Limitación de precios en la vivienda

Los pequeños propietarios y los grandes tenedores con personalidad física que tengan viviendas en las zonas tensionadas no estarán sujetos a esta limitación de precios, pero sí a una congelación de las rentas que afectará tanto a los nuevos contratos como a los ya firmados.

El inquilino de una zona tensionada que esté a punto de ver finalizar su contrato podrá pedir una prórroga extraordinaria de tres años en los mismos términos, es decir, abonando la misma cantidad. A su vez, en los nuevos contratos, la renta estará limitada al precio establecido en el contrato anterior. En ambos casos, no obstante, los precios podrán adecuarse al IPC.

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