El Consejo de Ministros estudia si aprueba un subsidio extraordinario para desempleados que se han quedado sin paro en la pandemia, para cerca de 550.000 parados.

Ya el II ASDE (Acuerdo Social en Defensa del Empleo) recogía en junio la reivindicación sindical de extender la protección por desempleo a las personas que habían consumido sus prestaciones durante el estado de alarma. 

La posible ayuda sería de 430 euros al mes, durante un mínimo de tres meses, para aquellos trabajadores y trabajadoras que hubieran agotado su prestación durante el primer confinamiento y se encuentren sin ningún otro ingreso, pero que no pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital.

A pesar de que esas son las condiciones en las que se cerró el acuerdo con patronal y sindicatos no está conformado que tipo de subsidio se va a aprobar, y si finalmente se aprueba, que tenga el visto bueno de los agentes sociales, apoyo necesario para que salga adelante.

El Ministerio de Trabajo, los sindicatos UGT y CCOO, y las patronales CEOE y Cepyme, cerraron el pasado 29 de un principio de acuerdo para que esta ayuda extraordinaria se pusiera en marcha, y que pretende ser un salvavidas de emergencia para cubrir uno de los vacíos de las ayudas     sociales que ha desplegado el Gobierno de coalición.

Con la medida se pretende blindar a los parados que no están cubiertos por un ERTE, pero que tampoco cobran el Ingreso Mínimo Vital y que la pandemia les ha dejado sin posibilidad de encontrar un nuevo empleo.

El coste de la medida podría rondar los 900 millones de euros en los términos que se acordó en el diálogo social, según señalan fuentes del mismo.

UGT y CCOO exigieron el pasado mes al Gobierno que cumpliera su compromiso de crear una prestación extraordinaria para quienes las han consumido durante la pandemia.

Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, recordó que “este compromiso asumido por el Gobierno en el II ASDE, debía implementarse de manera inmediata”.

El acuerdo alcanzado entonces debía dar cobertura, al menos, a 550.000 personas que habían agotado o agotarían sus prestaciones, además de contemplarse la posibilidad de que se prorrogaran estas prestaciones con la prórroga entonces posible de los ERTES.

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