El Consejo de Ministros del próximo lunes aprobará en la ‘Ley Trans’. De esta manera comenzará su trámite parlamentario para su aprobación definitiva.
Ley Trans
El Gobierno dará luz verde a la Ley para la Igualdad real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. Doce meses después de la aprobación del proyecto de Ley y durante las celebraciones de la semana del Orgullo LGTBI.
Fuentes del Ministerio de igualdad, que dirige Irene Montero, señalan que el texto se mantienen “los derechos fundamentales reconocidos”.
Autodeterminación de género en la Ley Trans
Se mantiene la autodeterminación de género, que supone que las personas trans puedan cambiar su sexo sin requisitos. Tendrán un período de reflexión de tres meses. Se eliminarían los requisitos actuales, que obligan a las personas trans a hormonarse durante al menos dos años. O tener un diagnóstico de disforia de género.
La norma reconoce que toda persona mayor de dieciséis años podrá solicitar ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral del sexo. Por debajo de esta edad, la primera versión permitía el cambio de sexo legal a partir de los 12 años. No antes, y estipulaba diferentes tramos: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial.
A pesar del anuncio, se está a la espera del informe del Consejo de Estado, aunque desde el ministerio señalan que esperan que llegue en estos días. Una vez pase de nuevo por el Consejo de Ministros, la norma irá rumbo a las Cortes. “Será el turno de los grupos parlamentarios para mejorarlo”, apuntan estas fuentes. El informe del Consejo Fiscal se emitirá tras ser renovado el órgano, a finales de junio, por lo que llegará a posteriori.
Informe del Consejo General del Poder Judicial
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo público un informe sobre la Ley Trans de Irene Montero. Fueron ponentes Ángeles Carmona, Clara Martínez de Careaga y Wenceslao Olea.
El texto califica “como loable la finalidad del anteproyecto de garantizar la igualdad y evitar la discriminación del colectivo” al que se refiere y realiza una serie de consideraciones técnicas.
“Atomización del ordenamiento jurídico” en la Ley Trans
El informe transmite claramente sus dudas respecto a que una ley de carácter “integral y transversal” sea la herramienta adecuada, necesaria y proporcionada para conseguir el objetivo de proteger a las personas trans y LGTBI.
Esta finalidad puede alcanzarse, señala, restringiendo el contenido normativo del anteproyecto a los “aspectos nucleares, troncales y autónomos a alcanzar la igualdad de las personas trans” y a proteger los derechos del colectivo LGTBI que no estén contemplados ya en otras leyes e introduciendo las modificaciones de otras normas que resulten necesarias a través de las disposiciones finales.
El documento explica que el uso reiterado de esa técnica legislativa (normas integrales y transversales), además de solaparse con otras leyes vigentes, “conduce a una excesiva atomización del ordenamiento jurídico al dotar a determinados colectivos de un régimen privilegiado de protección”, al margen del régimen aplicable al resto de ciudadanos, “con notable detrimento del derecho a la igualdad y del principio de seguridad jurídica”.
Las feministas del PSOE radicalmente en contra de la autodeterminación de género
La autodeterminación de género ha desatado una fuerte oposición por parte de un sector del feminismo, sobre todo entre el sector socialista.
El Movimiento Feminista, que agrupa a medio centenar de organizaciones de toda España, se movilizo en junio de 2021 contra de la Ley Trans. Para este colectivo feminista de confluencia, la nueva norma es “un retroceso en la protección de nuestros derechos como mujeres“.
Autodeterminación del colectivo trans
Las entidades feministas consideran que “La ofensiva de la alianza entre el patriarcado y el capitalismo neoliberal contra las mujeres en general, y contra el movimiento feminista en particular, está llegando a una situación criminal tanto en nuestro país como en el resto del mundo, subvirtiendo todas nuestras reivindicaciones y penetrando en todo nuestro ordenamiento jurídico”.
La nueva norma, incluye protocolos específicos en el ámbito de la salud para la atención a las personas trans. Además prohíbe las llamadas terapias de conversión. Naciones Unidas ya denunció estás prácticas.
El principio erróneo de las terapias de conversión
En estrecha relación con esta violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, se dan las conocidas como “terapias de conversión», que fueron objeto de un informe de expertos en 2020.
Madrigal-Borloz examinó el problema de estas «terapias» que pretenden cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, partiendo de la base de que las personas LGBT y de género diverso están «enfermas».
Según el informe, que se presentó al Consejo de Derechos Humanos, las «terapias de conversión» tienen como objetivo transformar a una persona no heterosexual en una persona heterosexual, y a una persona trans o de género diverso en una persona cisgénero (una persona cuya identidad de género corresponde a su sexo registrado).
Estas terapias se llevan a cabo en al menos 68 países, en todos los continentes. Son “muy frecuentes” en África y “bastante frecuentes” en América Latina y el Caribe y en Asia.
El informe cita otras muchas regiones y países, como China, la República de Corea y los Estados de Europa del Este.
En Estados Unidos, se calcula que unas 700.000 personas lesbianas, gais, trans o de género diverso han sido objeto de estas prácticas en algún momento de su vida.
