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El Consejo de Ministros da hoy luz verde a la tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática

El texto fue impulsado por la anterior ministra, Carmen Calvo

Diego Castrejón
Una infancia marcada los abusos sexuales de los que fue víctima. Un paso por prisión. Una imagen pública condicionada por la denuncia de la corrupción política en Andalucía. Diego Castrejón, ha vivido en carne propia la dureza de ser un excluido y como el poder pone en marcha, los mecanismos para expulsar del espacio público a todos aquellos que se atreven a plantar cara a la corrupción. Periodista, activista en defensa de los derechos humanos, Diego Castrejón, ha consagrado los últimos diez años de su vida a estudiar los procesos de exclusión social, así como a defender el derecho de participación y a ser reconocidos de los sectores más estigmatizados de la sociedad. Hoy es el coordinador de la Red Iberoamericana para la defensa de los derechos humanos.
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El Consejo de Ministros aprueba hoy la Ley de Memoria Democrática después de que en su toma de posesión como ministro se interpretara que Bolaños paralizaba la norma. Algo que no va a suceder.

El texto, impulsado por el Ministerio de la Presidencia en tiempos de Carmen Calvo, será aprobado en la sesión de hoy para su remisión al Congreso; dónde le espera un duro camino por las reticencias con las que lo recibirá todo el arco parlamentario.

España tiene un problema con la gestión de su memoria colectiva. Esta realidad vive un nuevo episodio en todo lo que rodea a la nueva Ley de Memoria Democrática, impulsada desde el Ministerio de la Presidencia, bajo la coordinación de la anterior titular de la cartera, Carmen Calvo. 

El texto, que se aprueba hoy en el Consejo de Ministros, una semana y un día después de la toma de posesión de Félix Bolaños, sustituto de Calvo en la remodelación del Ejecutivo, solo consigue, de momento, poner de acuerdo a todos los actores implicados con la Memoria Histórica en una cosa: en una u otra medida, no satisface a nadie.

De la decepción al ninguneo

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En el ámbito parlamentario, la sensación compartida por las formaciones de izquierdas es la de insuficiencia. En este sentido, fuentes de ERC, apoyo parlamentario del Gobierno durante la legislatura, situaban su postura de partida en la decepción con el texto que hoy remitirá el Consejo de Ministros a la Cámara Baja. Por su parte, EH-Bildu, pone el foco en la delimitación temporal de la Ley a los hechos anteriores al año setenta y ocho, dejando fuera a todas las víctimas de la guerra sucia del Estado en la lucha contra el terrorismo de ETAen el País Vasco. Al cruzar el meridiano cero del hemiciclo las posiciones se enfrían y mucho. Para las formaciones de la derecha parlamentaria, para las que la Memoria Histórica nunca ha sido tema de interés, la nueva ley es innecesaria y su tramitación simplemente responde a la intención del Gobierno de Pedro Sánchez por mantener viva una etapa de la historia de España, que según fuentes consultadas por Diario16 “ya no interesa a nadie”.

Desencuentro entre las organizaciones memorialistas

En el articulado de la Ley de Memoria Democrática se recoge que el impulso de la búsqueda y exhumación de los restos de las personas asesinadas por la represión franquista corresponderá al Administración Central del Estado. Para poder desarrollar este punto, en el texto se contempla la colaboración con el resto de las administraciones, con las familias represaliadas y con las entidades memorialistas. En este sentido, el texto propone el establecimiento de ayudas económicas y otros mecanismos de financiación.

Este punto ha despertado el debate entre las entidades de la memoria. De un lado, entidades como Arqueoantro ven con buenos ojos el sistema de subvenciones establecidos por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y que el Gobierno mantiene en la propuesta del nuevo texto. En relación con esto, Javier Iglesias, portavoz de Arqueoantro expone: “El plan que propone el Gobierno puede ser beneficioso, está elaborado con el asesoramiento de personas como Francisco Etxeberría y Francisco Ferrándiz, aunque pensamos que lo ideal sería la contratación de equipos de especialistas y la promoción de convenios con los departamentos de antropología de las universidades”

Una posición más frontal presenta la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica. La ARMH, organización pionera en la lucha por la recuperación de los restos de las personas represaliadas por el franquismo, se muestra muy crítica ante el sistema de subvenciones; al entender que la dignidad y los derechos de todas las personas que perdieron su vida a manos de la represión, merecen el mismo trato y no se puede dividir a las familias represaliadas entre “aceptadas o no aceptadas” en referencia a las concesiones o no, de las subvenciones solicitadas.

Tampoco en las cátedras

La propuesta de la nueva Ley tampoco recibe el apoyo mayoritario del mundo académico. Desde el campo de la ciencia jurídica, se perciben serias dudas de la eficacia de un texto en el que aspectos troncales como el del reconocimiento de la víctima, si bien se trata con detenimiento, cierra la puerta, de entrada, a toda capacidad de retribución por el daño recibido, ya que explícitamente se concreta que, desde la condición de víctimas, las personas interesadas no podrán reclamar responsabilidad patrimonial al Estado.

Con todo ello, la opinión generalizada es que hoy, Félix Bolaños, una semana después de que declarara que se quería dar su tiempo para la presentación del texto, pone encima de la mesa del Consejo de Ministros, una Ley que llega tarde pero que, aunque se presenta insuficiente, es necesaria para poner en vías de solución un problema importante para la calidad democrática de España: el de la Memoria Histórica. 

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