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El Consejo de Ministros aprueba la ley de Cooperación que destinará por ley el 0,7% del PIB a la ayuda al desarrollo en 2030

La nueva norma establece como ejes principales de la cooperación española la reducción de la pobreza y la desigualdad, la lucha contra el cambio climático y la igualdad de género

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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El Gobierno da luz verde este martes el anteproyecto de ley de Cooperación Internacional que incluye la disposición de destinar el 0,7 por ciento de la renta nacional bruta, (PIB) en ayuda al desarrollo en 2030.

Establece como ejes principales de la cooperación española la reducción de la pobreza y la desigualdad, la lucha contra el cambio climático y la igualdad de género.

Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global

La ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, tiene previsto destinar este año 3.506 millones a la ayuda al desarrollo, lo que equivale al 0,28% del PIB, contando los recursos aportados por la Administración central, comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades.

El rumbo y alcance que adopte la política de cooperación internacional en los próximos años es una cuestión de Estado fundamental, especialmente para definir el papel de España en el mundo en favor de la justicia global y cumplir con la Agenda 2030. 

Vivimos un momento global trascendental que necesita de países comprometidos y responsables. El secretario general de Naciones Unidas recordó recientemente que: “estamos al borde de un abismo y avanzamos en la dirección equivocada” en alusión a la crisis global y sus diversas manifestaciones en la salud global, la crisis humanitarias, las desigualdades, la emergencia ambiental, las violencias contra las mujeres y la reducción del espacio democrático y la exasperante procrastinación de los países en poner en marcha los compromisos adoptados. 

Consejo de Cooperación

El Gobierno ha considerado la propuesta de un nuevo sistema de cooperación internacional y la contribución del Consejo de Cooperación -acordada por todos los actores sociales-, a principio de año. El Consejo de Cooperación está integrado por treinta y cuatro miembros, entre los que se encuentran representantes de ONGD, empresas, sindicatos y universidades, además de otros ministerios.

La ley, que vendrá acompañada del nuevo Plan Director 2022-2025. Entre los principales objetivos, se encuentran la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, (AECID), de la cooperación financiera y del estatuto del cooperante, y alcanzar el 0,7% de la RNB en 2030.

Albares ha reiterado que “nuestra visión es que, en 2030 y más allá, España sea un actor fiel a sus compromisos y con influencia global en la construcción de un mundo capaz de alcanzar los ODS, abordar las desigualdades y hacer frente a la emergencia climática a tiempo”.

Esta nueva norma, sustituirá la ley de cooperación de 1998, para modernizar un sistema de cooperación obsoleto y hacerlo más eficiente, prestando especial atención a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a los nuevos retos que ya tenemos presentes, como son la emergencia climática y la brecha de género.

Estatuto del cooperante

Pretende reforzar las condiciones de trabajo del personal humanitario, reforzando su protección, que estarán sujetos al mismo régimen de indemnizaciones que se les aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando resultan heridos o fallecen en operaciones internacionales de paz y seguridad, al igual que ya les ocurre al personal de las ONG o a los periodistas. Desde 1990 han sido asesinados 14 españoles.

La reforma contempla la actualización del Estatuto del Cooperante, dónde se regulan las diferentes formas de voluntariado, blindando el deber de cuidado para todas las personas que trabajen en la cooperación de España, ya sean profesionales o personal voluntario.

Estos trabajadores deberán estar inscritos como cooperantes en el registro de los consulados españoles, así como poseer la nacionalidad española, y residir en la zona. Las oficinas consulares tendrán la “obligaciónde información, de dar protección y asistencia consular, y en su caso, la adopción de recomendaciones y otras medidas de apoyo a la seguridad en el terreno”.

Reforma de la AECID

El Gobierno contempla la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para orientarla a la gestión por objetivos y resultados. Quiere dotarla de un nuevo organigrama funcional y modificar los mecanismos financieros para canalizar las ayudas.

La reforma reemplaza al Fondo para la Promoción del Desarrollo por el Fondo Español de Desarrollo Sostenible, y se instaurará como un instrumento nuevo y con procedimientos más flexibles y ágiles.

Oficina de Evaluación de la Cooperación Española (OECE)

Se crea una Oficina de Evaluación de la Cooperación Española (OECE), anexa a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, encargada de evaluar la ayuda española al desarrollo y se garantizará su independencia. Además, deberá remitir un informe anual de evaluación a la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

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