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El Consejo de Ministros aprueba iniciar los trámites para el proyecto de la Ley de Ciencia que impulse la carrera y estabilidad de los científicos

María José Pintor
María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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análisis

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La ministra portavoz, María Jesús Montero, tras el último consejo de Ministros de Pablo Iglesias, comparece para informar sobre los acuerdos de Gobierno junto al ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, que presenta la nueva ley de Ciencia que marcará la estabilidad y la carrera profesional de los investigadores.

Así, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy iniciar los trámites que conduzcan a la aprobación de la ley que modifica la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que tiene como objetivo crear una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia de conocimiento y mejorar la gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Gobierno inicia un proceso de diálogo para reformar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, según explica Pedro Duque. A partir de este momento, los representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación se reunirán con las asociaciones científicas, universitarias y del ámbito de la salud, las Comunidades Autónomas y los agentes sociales para abordar las reformas propuestas. El texto resultante será sometido a audiencia pública antes de su aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros.

Recuerda, en este sentido Montero, que «la investigación no siempre ha contado con apoyo a la investigación, algo por el que el presidente Sanchez apostó como motor del progreso económico y como fuente de bienestar social». A su juicio, «toda la fuerza transformadora que viene de la mano de la ciencia y también de los fondos de recuperación se tiene que encontrar», ha señalado en una comparecencia junto al ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.

Pedro Duque

En este sentido, el ministro Duque explica que «la ciencia tiene que ocupar un lugar central dentro de cada política que se desarrolla en el Gobierno. Tiene que arrojar soluciones para superar la pandemia en un tiempo récord. En nuestro país la investigación científica no siempre ha contado con el respaldo de los diferentes ejecutivos», comienza Montero, señalando la nueva Ley de Ciencia que presentará el ministro de Ciencia.

Las modificaciones que se plantean fundamentalmente están dirigidas a tres cuestiones: carrera científica, mejora de la transferencia de los resultados del laboratorio a la industria y gobernanza, con medidas estas últimas relacionadas, por ejemplo, con la coordinación entre la administración central y las comunidades autónomas.

En la mejora de la carrera científica, una de las cosas que plantea el Gobierno es la inclusión de una nueva figura llamada «tenure track».

Se trata de un contrato de incorporación estable pero sujeto a una evaluación externa positiva en el cuarto año del período.

La ministra portavoz recuerda que es un reto de este Gobierno que «los investigadores cuenten con estabilidad y tranquilidad y medios par poner en marcha sus proyectos«. Y como ejemplo explica que «ya se incorporó una financiación, sin precedentes, para impulsar la ciencia y la financiación».

El primer objetivo de esta reforma es conseguir una carrera científica atractiva, predecible y estable, que permita atraer y retener el talento científico, según Duque. Con el aumento histórico de casi el 60% en los presupuestos de 2021, el Ministerio de Ciencia e Innovación considera que es el mejor momento para afrontar una reforma que modernice la contratación de empleados públicos y reduzca la precariedad y la temporalidad de los científicos en España. Para ello, se propone la creación de un modelo de contratación tipo ‘tenure track’, utilizado en EEUU, Canadá y de forma más reciente en países europeos como Alemania, Suiza o Italia, y que consiste en una contratación fija sujeta a evaluación externa. Con este nuevo modelo, además, la administración española seguirá la recomendación de la Comisión Europea, que ha instado a España a acometer reformas en este sentido.

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