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El Consejo de Ministros aprueba hoy la primera Ley de Vivienda de la Democracia

Además, el Gobierno aprobará una partida de cien millones de euros para paliar los efectos de la subida de la luz entre los más vulnerables

María José Pintor
María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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El Consejo de Ministros de este martes aprobará hoy el anteproyecto de la Ley de Vivienda que ha mantenido muy tensas en algunos momentos las relaciones entre el PSOE y Unidas Podemos. Pero al fin, tras meses intensas de negociaciones entre los de Ione Belarra y el Ministerio de Vivienda, primero con Ábalos, y después con Raquel Sánchez, saldrá a la luz la norma, la primera de este tipo en Democracia.

Fue necesario que los de Unidas Podemos apretaran las tuercas al PSOE con negarse a aprobar los Presupuestos si la Ley de Vivienda no salía adelante con unos mínimos sobre el control del precio del alquiler.

Además, el Gobierno aprobará también hoy en el Consejo de Ministros la ayuda anunciada por el presidente, Pedro Sánchez, de 100 millones de euros para destinados a hacer frente al alza en la factura de la luz para hogares vulnerables y empresas.

El fondo de la Ley de Vivienda

El anteproyecto permite limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas, en función de un índice oficial, a las personas jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas.

Al resto de propietarios, se les limita el incremento de precios al 10% sobre la última renta del contrato anterior.

Permite también una apuesta por el parque publico de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida (de éste 30%, la mitad para alquiler social).

También se ha aprobado un impuesto a la vivienda vacía, a través del recargo del IBI hasta el 150%, que podrán aplicar los ayuntamientos.

El anteproyecto que a partir de mañana se enviará al Parlamento para su aprobación, y al que ha tenido acceso Diario16, persigue como objetivos:

  • Establecer una regulación básica de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda, así como de los asociados a la propiedad de vivienda, aplicable a todo el territorio nacional.
  • Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, favoreciendo la existencia de una oferta a precios asequibles.
  • Dotar de instrumentos efectivos para asegurar la funcionalidad, la seguridad y la habitabilidad de las viviendas, garantizando así la dignidad y la salud de las personas que las habitan.
  • Definir los aspectos fundamentales de la planificación y programación estatales en materia de vivienda, con objeto de favorecer el ejercicio del derecho constitucional en todo el territorio.
  • Regular el régimen jurídico básico de los parques públicos de vivienda, asegurando su desarrollo, protección y eficiencia para atender a aquellos sectores de la población con mayores dificultades de acceso.
  • Favorecer el desarrollo de tipologías de vivienda adecuadas a las diferentes formas de convivencia y de habitación, favoreciendo la adaptación a las dinámicas y actuales exigencias de los hogares.
  • Mejorar la protección en las operaciones de compra y arrendamiento de vivienda, introduciendo unos mínimos de información necesaria para dar seguridad y garantías en el proceso.
  • Para avanzar en el cumplimiento de estos objetivos, la Ley se estructura en cinco títulos y contiene 43 artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales.

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