El Ministerio de Transportes llevará este martes al Consejo de Ministros el Decreto Ley con las medidas acordadas en diciembre con el Comité Nacional del Transporte por Carretera. El Ejecutivo aprobará las ocho de las medidas a las que se comprometió con la patronal del transporte a finales del año pasado.
Tasa de congestión
La tasa por congestión, también conocido como ‘Precios por Congestión‘ se basa en la carga de gestionar la demanda de tráfico en un área congestionada. Por ejemplo, un distrito central de negocios, u otra área bien definida.
La nueva Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que se pretende aprobar hoy en al Consejo de Ministros, abre la puerta a los ayuntamiento puedan establecer una ‘tasa de congestión’ por acudir a las zonas de bajas emisiones como ya existe en Londres.
El ejemplo más conocido de tasa de este tipo es la “Congestion Charge” de Londres. Para entrar al centro de la ciudad de lunes a viernes de 07.00 a 18.00 tiene un coste de 15 libras.
Esta medida no es nueva
Esta medida no es nueva. En el marco español dicha tasa corresponde aplicarla y recaudarla a los entes locales. Por ello, escapa del control autonómico y, en consecuencia, de una política de gestión y planificación del transporte integrada y consolidada de ámbito supramunicipal. Los problemas globales han de tener respuestas globales no parches sectoriales.
Zonas de bajas emisiones, (ZBE)
El aparcamiento de disuasión hay que ponerlo donde empieza el atasco no donde termina.
Al tratarse de una recaudación de un ente local, la reinversión del retorno que produce, habría de hacerse, dentro del término municipal.
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, recoge la nueva normativa de Cambio Climático y Transición Energético, especifica que:
“Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad”.
En estas áreas se prohíbe el acceso a los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire. Se implanta el sistema de etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT)
Hasta ahora la ley lo único que señala esta regulación es que:
“Se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente”.
Los transportistas: la carga, centro de la polémica
Hay intereses cruzados entre los transportistas y cargadores. La prohibición de que el conductor realice las labores de carga y descarga en el centro de la polémica. Es la segunda medida a la que se comprometió el Ministerio con el Comité y una de las históricas reivindicaciones del sector.
A la asociación de Fabricantes y Distribuidores no le ha gustado nada el Decreto Ley que el Ministerio de Transportes piensa llevar a Consejo de Ministros con las medidas a las que se comprometió el pasado diciembre con el Comité Nacional del Transporte por Carretera. “Las medidas pactadas van a tener graves consecuencias para el tejido empresarial, ya que ponen en claro riesgo la competitividad y eficiencia de la cadena de valor”, es la primera conclusión tras leer el borrador del Decreto Ley.
AECOC considera sin embargo que ocasionará graves problemas para las empresas contratantes del servicio, incrementará los tiempos de espera y supondrá una pérdida de productividad y competitividad muy perjudicial para el conjunto de la economía. «Las empresas contratantes del transporte no pretenden que se obligue al conductor a realizar estas tareas sino simplemente que se permita que las empresas, de mutuo acuerdo y en función de las circunstancias, puedan decidir cuál es el mejor modelo en cada uno de los casos», señalaba en su comunicado.
Ámbitos a regular
Fiscalidad del transporte
Llevar a cabo, en el marco del debate existente en la Unión Europea, la revisión de la fiscalidad aplicada a las fuentes de energía y medios de transporte, siguiendo los principios rectores de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Financiación del transporte
Incorporar al ordenamiento jurídico los preceptos que permitan establecer un sistema de financiación del transporte basado en criterios estables, predecibles y proporcionales.
Otras subvenciones y ayudas al transporte
Desarrollar la regulación necesaria para asegurar la coherencia del sistema de ayudas y subvenciones en materia de movilidad.
Planificación y financiación de las infraestructuras de transporte
Establecer las bases para garantizar una planificación rigurosa en el ámbito de las infraestructuras de transporte, que aporte certidumbre a los distintos operadores.
Movilidad sostenible
Regulación para el fomento de la movilidad sostenible
Introducir medidas para avanzar en la sostenibilidad del transporte y la movilidad, entendiendo la sostenibilidad desde la triple perspectiva: social, económica y medioambiental, y estableciendo medidas para fomentar una movilidad inclusiva para todos los colectivos y en todo el territorio.
Regulación en materia de sensibilización y formación en movilidad sostenible
Introducir disposiciones para mejorar la formación en materia de movilidad sostenible y medidas de sensibilización que vayan dirigidas a los diferentes agentes y colectivos, y a la ciudadanía en general.
Investigación e innovación en transporte y movilidad
Revisión, actualización e impulso de nueva regulación que permita y facilite la I+D+i en la movilidad, con el objetivo de lograr un triple equilibrio entre el impulso a la innovación, la seguridad jurídica, seguridad física y operacional, y la protección de los derechos de los usuarios, ciudadanos y trabajadores.
Regulación de la logística y distribución urbana de mercancías
Abordar sistemas de eco-incentivos que promuevan la reducción de costes externos del transporte, fomentando el trasvase de las mercancías hacia modos más sostenibles.
Digitalización y automatización del transporte y datos abiertos
La utilización masiva de datos en aplicaciones de movilidad y la innovación en vehículos y pautas de transporte plantean retos a nivel regulatorio.
Mejora de la competitividad
Mejora de la competitividad del transporte y otras medidas sectoriales
Mejorar la competitividad del transporte y la logística puede requerir modificaciones de las normas sectoriales que regulan cada modo de transporte.
Instrumentos para la gobernanza y participación pública
El carácter transversal de la movilidad y las diferentes administraciones que ostentan competencias sobre la misma, hacen necesario el establecimiento de una estructura de gobernanza.
