El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el proyecto de ley educativa con el que quiere derogar la Lomce, la ley del ministro Wert del PP del año 2013 y que tuvo en contra a toda la comunidad pedagógica, y la nueva ley de libertad sexual para hacer frente a la violencia de género. El texto del anteproyecto de la reforma de delitos sexuales del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha sido mejorado desde el departamento de Justicia y coordinado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, al comprobarse que se habían detectado ciertas deficiencias en el texto inicial.
La primera de las normas será aprobada por segunda vez, tras ver cercenada su tramitación la pasada legislatura por el adelanto electoral.
Desde el Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo notaron que algunas medidas se tomaban desde el prisma político, pero sin tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Esta reforma llega en la semana del 8 de marzo, tal y como pretendía la ministra de Igualdad. La reforma del Código Penal en materia de delitos sexuales lleva un largo recorrido que comenzó tras la polémica sentencia de La Manada de Pamplona. La reforma del Código Penal que pretende este proyecto de Ley se centra “en la falta de consentimiento”, en vez de “en la existencia de violencia o intimidación (para que solo sí sea sí)”. Todavía no se han dado detalles acerca de cómo va a plantear esta modificación legal.
Una vez pasado el trámite del Consejo de Ministros, el Gobierno remitirá el texto a los órganos consultivos para su evaluación. Posteriormente, la norma deberá volver a ser aprobada como proyecto de Ley por el Consejo de Ministros y será remitida al Congreso para su tramitación parlamentaria.
La iniciativa de la reforma de delitos sexuales ya fue presentada por Unidas Podemos en el Congreso la pasada legislatura: La proposición de Ley de Violencias Sexuales, que entonces presentaron ha quedado en el nuevo texto.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, avanzó durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso, las principales líneas de actuación de su departamento. Avanzó que la Ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, incluirá la puesta en marcha progresiva de “centros de crisis para atender a las mujeres agredidas durante las 24 horas del día”.
Montero espera que esta ley, “que incluirá la reforma del Código Penal relativa a los delitos sexuales para que la tipificación de la violación dependa del consentimiento, sea un referente mundial como lo fue la ley integral contra la violencia de género”.
La norma contra las violencias sexuales promoverá la puesta en marcha de una red de servicios de asistencia integral de las víctimas de violencia sexual, unos centros que recomendó crear el Consejo de Europa.
Montero aseguró que España contará “por primera vez con un marco normativo para prevenir, detectar, sancionar y erradicar todas las violencias sexuales, incluidas las que se producen mediante las nuevas tecnologías”.
Igualdad tiene previsto abordar una ley integral contra la trata con fines de explotación sexual, “para proteger a las víctimas y plantarles cara a los criminales que la sustentan”.
Otro de los avances legislativos que pretende promover su ministerio es la ley LGTBI, para acabar “con el estigma, la discriminación y las violencias que ha sufrido y sufre este colectivo”
