El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. El texto supone trasponer al derecho español la Directiva ‘Whistleblowing’, aprobada en octubre de 2019.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha explicado en rueda de prensa que “habrá que ofrecer una protección real y efectiva a quien realice las denuncias, pero también a su entorno”.
El plazo había vencido el pasado 17 de diciembre, y de los 27 Estados, 24 no llegaron a tiempo. Solo Suecia, Malta y Portugal la aprobaron.
España el cuarto país
El objeto de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo es proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones de las leyes en los países de la Unión Europea, “mediante el establecimiento de canales protegidos de comunicaciones y la prohibición de cualquier represalia contra ellos”.
Los informantes son definidos por el Consejo de Europa como “las personas que comunican información sobre amenazas o perjuicios para el interés público obtenida en el marco de sus actividades laborales hacen uso de su derecho a la libertad de expresión”.
El objetivo es evitar que haya personas “sin embargo, los denunciantes potenciales suelen renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a represalias” y además, “el recurso adecuado puede tomar la forma de acciones de reintegración, por ejemplo, en caso de despido, traslado o degradación, o de
congelación de formaciones o ascensos, o de restauración de un permiso».
Justicia obliga a empresas y entidades públicas a afinar sus canales internos de denuncia
La norma europea prevé mecanismos para ayudarles a denuncia de manera interna o externa sin sufrir represalias de sus empleadores, por ejemplo creando canales seguros. También prohíbe explícitamente las represalias e introduce mecanismos para impedir que los delatores sean suspendidos, degradados o intimidados y obliga a proteger también a intermediarios, compañeros o parientes de estos denunciantes.
El Ministerio de Justicia ha informado que el Gobierno no se va a limitar solo a las infracciones que impone el catálogo de la directiva de la UE, y va a ampliarlo al abanico del derecho nacional.
Proteger a los informantes
“La falta de protección eficaz de los informantes impide una aplicación efectiva del Derecho de la UE, tal como ha quedado de manifiesto recientemente tras algunos escándalos transnacionales. Por ello, si bien los controles nacionales y los organismos de ejecución han sido reforzados y el legislador de la Unión Europea ha introducido algunos cauces de protección, estas medidas siguen siendo muy limitadas y sectoriales”, ha señalado el Departamento que dirige Pilar Llop. La trasposición de esta Directiva europea tiene el objetivo de “y establecer las normas mínimas de los canales de información.
Justicia destaca que es “una norma de gran importancia para defender los intereses financieros, ya que son especialmente relevantes en un contexto como el actual en el que se están tramitando los Fondos Next Generation en todo el territorio de la Unión Europea”, destaca el Ministerio de Justicia.
Lucha contra la corrupción
“En definitiva, con este proyecto normativo, el Gobierno se compromete con la lucha contra la corrupción como estrategia global, dando satisfacción así a las demandas del sector privado y público en esta materia”, concluye.
La Comisión Europea abrió en febrero un procedimiento de infracción contra España, y otros 23 países, por no trasladar a tiempo a nuestra legislación nacional esta norma europea.
Procedimiento de infracción contra España
Bruselas había abierto procedimiento sancionador a España y a otros 23 países por no transponer la Directiva Whistleblowing. El Gobierno ya adelantó en diciembre que la transposición “llegaría con retraso porque quedaban algunos flecos que esperaban resolver al inicio de este año para iniciar tramitación”. Esperaban dar tal paso antes de que el Ejecutivo comunitario abriera el expediente sancionador.
La Comisión finalmente inició la primera fase del procedimiento enviando una carta de emplazamiento a las autoridades españolas. A partir de entonces, el Gobierno contaba con un plazo de dos meses para responder a las inquietudes de Bruselas. debía explicar el estado en el que se encuentran los trabajos para transponer la Directiva.
