La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha remitido hoy al Congreso un listado de los inmuebles inmatriculados de la Iglesia entre 1998 y 2015 que abre la vía a judicial a reclamaciones de la titularidad de los mismos
El Consejo de Ministros, según ha anunciado Carmen Calvo, se abre la vía a reclamar 34.961 bienes inmatriculados de la Iglesia entre 1998 y 2015. De ellas, “20.055 son templos o dependencias complementarias y 14.906, fincas “con otros destinos (terrenos, solares, viviendas, locales, etcétera)”, detalla el informe, según fuentes que han tenido acceso a él. “La gran mayoría, un total de 30.335 bienes, han sido registrados con una certificación eclesiástica, según consta en las notas simples correspondientes, y en 4.583 fincas la inscripción se ha practicado en base a un título distinto”.
El PSOE y Unidas Podemos socios en el Ejecutivo han venido reclamando desde hace años la publicación de ese listado de inmatriculaciones de la Iglesia. Además, el Congreso ya aprobó en 2017 una proposición no de ley en la que se urgía a ello al Gobierno.
Estas inmatriculaciones se pudieron inscribir por la Iglesia en el Registro de la Propiedad (inscripción realizada por primera vez) desde 1998, fecha en la que, bajo el Gobierno de José María Aznar, se reformó la Ley Hipotecaria.
Esta reforma del Reglamento Hipotecario impulsada por el Gobierno de José María Aznar en 1998, posteriormente fue derogada en 2015. Esta ley permitió a la Iglesia registrar a su nombre edificios, apartamentos o fincas con tan solo una certificación eclesiástica.
Con la remisión del informe del Gobierno al Congreso, este listado será público y los particulares podrán presentar las reclamaciones, al estimar que tienen derechos previos sobre su propiedad.
La identificación de estos inmuebles fue también una promesa de Pedro Sánchez en su debate de investidura de enero de 2020, en el que se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia.
Entre ellos se encuentran la mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, además de catedrales y otras propiedades que no son templos, sino edificios y fincas.
