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El Consejo de Ministros abre la puerta a que los productores lácteos puedan elevar el precio fijado en sus contratos

El Gobierno aprueba el proyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera para iniciar su tramitación parlamentaria

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un real decreto por el que se modifica el Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, en el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo. Se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector.

Ley de la Cadena Alimentaria para los productos lácteos

Tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para que en cada operación de compra y venta entre los distintos eslabones se repercutan los costes de producción.

También el Gobierno aprueba el proyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera para iniciar su tramitación parlamentaria

El sector lácteo es un sector estratégico en nuestro país, fuertemente sometido a las volatilidades de los mercados y con dificultades manifiestas para trasladar los incrementos de costes a lo largo de la cadena.

Incremento sostenido de los costes de producción

En los últimos meses, el incremento sostenido de los costes de producción compromete la viabilidad de la producción láctea, situación que se ha agravado tras la invasión rusa de Ucrania y que ha llevado al Gobierno a adoptar medidas de apoyo urgentes mediante el Real Decreto Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo que establece una ayuda nacional directa a los productores de leche por un montante global de 169 millones de euros.

Por otro lado, la reciente modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que entró en vigor el pasado 16 de diciembre, busca lograr unas relaciones comerciales más justas, equilibradas y transparentes. Para ello introduce, entre otros aspectos, la prohibición de la destrucción de valor a lo largo de la cadena, por lo que cada operador debe pagar al eslabón anterior un precio igual o superior al coste asumido.

Particulares del sector lácteo

Con esta reforma legal, y teniendo en cuenta las dificultades particulares del sector lácteo, resulta necesario introducir cambios en la normativa que actualmente regula la contratación láctea para garantizar que esta premisa se cumpla en todas las circunstancias de las relaciones contractuales.

Por ello, entre las principales novedades que se recogen en el real decreto aprobado hoy se incluye la posibilidad de que los productores con contratos suscritos a precio fijo que tengan una duración superior a seis meses soliciten una nueva oferta de contrato. Esta revisión podrá solicitarse en los casos en los que se demuestre que durante al menos tres meses durante el periodo de vigencia del contrato se haya producido un incremento sostenido y continuado de los costes de producción que provoque que los productores acaben percibiendo un precio por la leche entregada inferior a éstos.

Mejoras

Además, se introducen otra serie de modificaciones que pretenden mejorar tanto el poder negociador del productor como las relaciones contractuales establecidas. Así, se disminuyen los umbrales productivos necesarios para constituir una Organización de Productores, tanto en la leche de vacuno como de caprino, ya que la experiencia adquirida desde la publicación de la norma ha demostrado que un tamaño excesivo para constituir estas organizaciones puede generar dificultades en la gestión y en la eficacia de las mismas.

La publicación de este Real Decreto mejorará, por tanto, las relaciones contractuales en el sector lácteo y el equilibrio de la cadena de valor evitando la destrucción de valor a lo largo de la misma.

El Gobierno aprueba el proyecto de ley de pesca sostenible

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que tiene como objetivos fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros, procurar que esta actividad contribuya a la creación de empleo, generación de riqueza y la cohesión social de las zonas costeras, y fortalecer el vínculo entre la ciencia y la acción política en esta materia. El proyecto de ley se someterá ahora al procedimiento de tramitación parlamentaria.

La aprobación de esta nueva normativa es un compromiso programático que adquirió el Gobierno y que se sustenta en la necesidad de actualizar la actual Ley de Pesca Marítima del Estado, promulgada en 2001, ya que según ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en sus más de 20 de vigencia se ha producido una serie de novedades tanto en la legislación comunitaria como en la gobernanza internacional de los océanos, que hace que esta regulación esté desfasada.

El proyecto normativo más importante de la legislatura en materia pesquera.

El ministro ha destacado que se trata del proyecto normativo más importante de la legislatura en materia pesquera.

El Consejo de Ministros aprobó en primera lectura el anteproyecto de esta ley el 1 de junio de 2021. En el tiempo transcurrido desde entonces se sometió a información pública y se han incorporado alegaciones recibidas por parte del sector pesquero, de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de las comunidades autónomas, con las que ha habido un amplio proceso de diálogo para tener una ley de todos y para todos, y facilitar así que pueda cumplir su objetivo de que la actividad pesquera resulte cada vez más sostenible y competitiva.

Principio de sostenibilidad

El ministro Planas ha resaltado que la ley tiene como eje transversal el principio de sostenibilidad, en una triple perspectiva: ambiental, social y económica. Esta reforma se produce en el contexto generado por el Pacto Verde Europeo, y persigue garantizar un equilibrio entre la necesaria conservación del medio marino y el desarrollo de una actividad pesquera que sea rentable, resulte atractiva para el desarrollo empresarial y el necesario relevo generacional, y consolide un sector moderno y competitivo.

La pesca es la única actividad económica que se desarrolla en el mar que depende del buen estado de conservación de éste, pero los recursos pesqueros son limitados, por lo que son necesarias estrategias para asegurar una gestión eficiente y sostenible de los mismos, ha explicado el ministro.

Fortalecer la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros

La nueva ley introduce por ello la facultad de adoptar medidas para fortalecer la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros como la limitación del volumen de capturas o la regulación del esfuerzo pesquero, de los artes y aparejos utilizados, del peso o talla de las especies, o el establecimiento de vedas, siempre de la mano del sector y con la mejor información científica disponible.

Así mismo, se potencian las medidas de defensa y regeneración de los recursos pesqueros como la declaración de zonas de especial protección o la introducción de medidas preventivas de actividades susceptibles de perjudicar las especies marinas y sus hábitats.

Uso más eficiente y flexible de las cuotas pesqueras

En materia de gestión pesquera, la ley apuesta por una utilización más eficiente y flexible de las cuotas de pesca. Para ello, clarifica los requisitos para poder desarrollar la actividad y redefine el Registro General de la Flota Pesquera, haciéndolo más completo, sencillo y eficaz. Para que se le puedan asignar posibilidades de pesca, los buques tendrán que estar inscritos en el registro general de la flota pesquera, disponer de licencia y estar adscritos a uno o varios censos y modalidades concretos.

Racionalizar y ordenar la explotación de los recursos pesqueros

Igualmente se actualizan los criterios de reparto de posibilidades de pesca como mecanismo dirigido a racionalizar y ordenar la explotación de los recursos pesqueros y garantizar la máxima seguridad jurídica a los operadores. En los criterios de asignación de posibilidades de pesca se tendrán en cuenta aquellos que causen un menor impacto sobre los recursos o los que contribuyan en mayor medida a la economía local.

La ley actualiza los mecanismos de transmisión de posibilidades de pesca entre buques, con el doble objetivo de favorecer la planificación empresarial y optimizar el uso de las cuotas y días de esfuerzo que se asignen e España. Además, establece sistemas de gestión que permitan una utilización más eficiente y flexible de las cuotas de pesca. Cuando éstas no hayan sido utilizadas durante un determinado período de tiempo, la Administración podrá redistribuirlas entre los demás usuarios.

La ley aborda también la gestión de la pesca de recreo en aguas exteriores. Disponer de un mejor conocimiento del impacto en la economía y los recursos pesqueros de esta actividad, que ha tenido un desarrollo exponencial en los últimos años, facilitará la disposición de medidas que se estimen oportunas en cada momento.

Enfoque ecosistémico

Para realizar toda la gestión de la política pesquera, la ley apuesta por el fortalecimiento del nexo entre ésta y la ciencia. El conocimiento científico es una premisa absolutamente necesaria para la actividad pesquera, y en él se debe sustentar la toma de decisiones, ha señalado el ministro. Para ello, debe garantizarse un verdadero enfoque ecosistémico que tenga en cuenta todas las interacciones que se producen en el medio marino. Elementos como el cambio climático, la contaminación por plásticos o las especies invasoras, por citar algunos ejemplos, afectan al estado de los recursos y han de tenerse en cuenta en las campañas de investigación.

Además de cuestiones ecológicas, las campañas de investigación deberán abarcar también aspectos sociales y económicos. La interacción entre ciencia y sector requiere que éste facilite datos de su actividad a los organismos científicos, y que las investigaciones tengan como objeto una mejora constante de los sistemas de explotación más sostenibles

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