El Consejo de Europa ha puesto en marcha un procedimiento de investigación para averiguar cómo utilizan España y Turquía la justicia contra los políticos independentistas catalanes y los kurdos.
Es en el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa donde se ha aprobado un primer documento de trabajo que da comienzo al procedimiento que podría ser votado en la Asamblea del Consejo de Europa.
Fue ayer cuando se aprobó el informe que tuvo su inicio a comienzos de año, cuando una veintena de miembros de la Asamblea, procedentes de distintos países y grupos parlamentarios, expresaron su interés y preocupación «por el creciente número de políticos nacionales, regionales y locales procesados por las declaraciones efectuadas en el ejercicio de su mandato, en particular en España y Turquía».
El siguiente paso, envío de una misión investigadora
El relator del primer documento de trabajo ha sido Boris Cilevics, de Letonia y socialista. Se ha encargado de elaborar una recopilación de casos en los que Turquía y España han violado derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad del discurso político disidente y de quienes cuestionan el «status quo».
Sobre el asunto catalán detalla el procedimiento judicial que se está llevando a cabo contra los líderes independentistas, las manifestaciones públicas y la represión ejercida por el Estado durante el 1 de octubre. Cuestiona en su informe la acusación por rebelión, porque no hubo violencia por parte de los manifestantes ni de los participantes en el referéndum.
Ha señalado que, a su juicio, «esta interpretación de la noción de violencia constituye una interpretación tan imprevisible de la ley que puede constituir una violación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Y esto también ocurre con la violación de la libertad de manifestación pacífica.» Según apunta Vilaweb, el relator apunta la crítica en la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein rechazando la extradición de Carles Puigdemont en España, para que el tribunal alemán «basó su decisión en el hecho de que las autoridades españolas no demostraron que hubiera ningún tipo de violencia que se pudiera atribuir».
En el informe también se pone en duda la neutralidad de los tribunales españoles en las causas contra los independentistas por el uso injusto de la prisión preventiva, de las denuncias de violaciones de los derechos de defensa.
En las conclusiones plantea la siguiente cuestión: «¿El ejercicio de un derecho constitucional puede ser considerado un crimen, por el que son castigados con largas penas de prisión como las que se han pedido para los políticos catalanes en España?»
El relator solicita hacer una visita a Madrid y a Barcelona, como misión investigadora para disponer de más material para elaborar un informe definitivo que pueda acabar siendo sometido a votación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Para consultar el documento al completo, Informe España Turquía Consejo de Europa
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