El Pleno ha convalidado el Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. El texto prorroga la vigencia de algunas medidas para garantizar el suministro a los consumidores vulnerables de agua, electricidad y gas natural. También amplía medidas relacionadas con el acceso al bono social para colectivos en situación de vulnerabilidad económica. Además de hacer frente a determinadas situaciones de vulnerabilidad en el ámbito de la vivienda. Extiende, asimismo, que los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género sean considerados esenciales.
El decreto convalidado también amplía hasta el 31 de octubre las prórrogas automáticas de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda y la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor.
Vivienda
Esto a su vez supone extender hasta el 30 de noviembre de 2021 el plazo durante el que los arrendadores y titulares de vivienda afectados podrán presentar la solicitud de compensación.
Violencia de género
El decreto, que incluye también medidas en materia de violencia de género, amplía el concepto de consumidor vulnerable a los desempleados. También afecta a loe trabajadores en ERTE o personas que cumplan determinados requisitos de renta, para que puedan acogerse al bono social eléctrico, del que ya se han beneficiado 1.190.000 personas, según Bolaños.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha comparecido en el Pleno del Congreso de los Diputados para solicitar la convalidación de la prórroga del Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, el llamado Real Decreto-ley de “escudo social”.
Más riqueza, más libertades y más protección social
Para Félix Bolaños, este Real Decreto-ley “muestra la acción de un Gobierno progresista frente a la crisis”. El ministro de la Presidencia ha afirmado que “la recuperación justa es la idea que define lo que queremos para España en esta nueva etapa”, destacando como tal el crecimiento económico y la cohesión social: “Más riqueza, más libertades y más protección social”, ha afirmado.
“Estamos decididos a que España se recupere rápidamente y de manera justa”, ha añadido Bolaños, quien ha matizado que esa recuperación debe llegar “a las clases medias y trabajadoras, a los autónomos, a las empresas, a todos los territorios y a todos los sectores de actividad”.
“En esta crisis, los españoles están encontrando en el Consejo de Ministros un alivio durante los peores meses de la pandemia y una esperanza para el futuro, ahora que encaramos la recuperación. Ese es el valor de la política”, indicó, señalando que no es lo mismo quién gobierne a la hora de salir de una crisis, “y menos cuando nos llega la adversidad”. Así lo demuestra la salida de la crisis financiera llevada a cabo por la administración anterior, que fue “lenta, injusta e incompleta”.
1.100.000 personas protegidas
El ministro Bolaños ha afirmado que “la crisis del COVID no ha sido una excusa para recortar el Estado de Bienestar. Muy al contrario lo hemos reforzado para salir de la crisis con justicia”.
Bolaños ha agradecido el trabajo conjunto de varios ministerios en la creación del escudo social: Presidencia, Transición Ecológica, Justicia, Transportes, Derechos Sociales e Igualdad. “Este escudo social que someto a su convalidación protege a más de 1.100.000 personas de nuestro país, compatriotas que tienen dificultades económicas que la pandemia agravó, pero que cuentan con todo el apoyo del Gobierno de España”, ha destacado.
Por este motivo, indicó, el Gobierno de España ha decidido prorrogar hasta octubre las principales medidas recogidas en este Real Decreto-ley que se aprobó el año pasado y que vencía en agosto.
