La situación en que la inflación y la crisis actual está dejando a las familias de clase media y trabajadora ha provocado que los partidos a la izquierda del PSOE incrementen su presión para aprobar leyes que incidan en las necesidades reales de la ciudadanía.
Desde la crisis de 2008, uno de los mayores problemas existentes en España es el de la vivienda, sobre todo después de que la banca asediara a las familias víctimas de dicha crisis y generara una ola de desahucios inasumible para un régimen democrático real. Desde entonces, los partidos y formaciones a la izquierda del PSOE han insistido en la necesidad de crear un parque público de vivienda en alquiler para garantizar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución.
El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá hoy una propuesta de Unidas Podemos para sacar a alquiler social el parque de viviendas de la Sareb. Esta es una una de las propuestas de la formación morada para la nueva Ley de Vivienda, que está atascada por falta de acuerdo entre los socios de gobierno y con sus socios parlamentarios.
Esta Ley de Vivienda pactada en principio por el Ejecutivo de Pedro Sánchez se queda muy corta en base a las necesidades reales de la ciudadanía. Por esta razón, Unidas Podemos ha planteado más cambios a través de enmiendas. Por otro lado, tanto ERC como EH-Bildu exigen más modificaciones, tanto en la regulación de los precios del alquiler como en la prohibición de los desahucios. Algo que estaría en la base de cualquier partido de izquierda, es una línea roja que el PSOE no quiere traspasar.
La Sareb absorbió los activos tóxicos de la banca durante su rescate en la crisis de 2008. El papel de este organismo es una de las cuestiones que tanto Unidas Podemos como ERC y Bildu han puesto en liza, puesto que exigen ampliar el parque público de alquiler social con los activos que tiene en la actualidad.
La iniciativa de la formación morada se registró el pasado mes de febrero en formato proposición no de ley (PNL). Reclama un replanteamiento del papel de la Sareb y convertirla en «una herramienta pública para garantizar el derecho a la vivienda con duración indefinida».
Unidas Podemos reclama que la Sareb realice una gestión social de su parque de viviendas, la suspensión indefinida de los desahucios en viviendas de su propiedad en las que no haya alternativa habitacional y la movilización de su suelo urbanizable con vistas a ofrecer alquileres sociales.
Para ello, Unidas Podemos reclama la vinculación de las rentas de sus alquileres al nivel de ingresos, con un precio medio de 100 euros entre niveles inferiores para personas con mayor dificultad y un límite máximo de 300 euros.
