Diario16 entrevistó a Rubén Sanz y José Manuel Nogales, dos de los sindicalistas de UGT a los que les pedían siete años de cárcel por ejercer el derecho de huelga.

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la toma en consideración de una proposición de ley para la derogación del artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza el derecho de huelga y la libertad sindical.

La propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista ha sido refrendada por la mayoría de los grupos menos las tres formaciones de la derecha y de la extrema derecha (PP, Vox y C’s) que han votado en contra. 

Diario16 entrevistó a Rubén Sanz y José Manuel Nogales, dos de los sindicalistas de UGT a los que les pedían siete años de cárcel por ejercer de piquetes de una huelga general y vivieron una auténtica pesadilla al acusarles con la Ley Mordaza.

La portavoz adjunta de Justicia, Andrea Fernández, defendió que “derogar el artículo 315 del Código Penal es necesario para solventar los problemas que plantea en lo relativo al delito agravado de coacciones en el desarrollo de la huelga porque es desproporcionado y contraviene nuestra jurisprudencia y nuestros jueces y tribunales ya encuentran acomodo para las conductas más violentas en el artículo 172 del Código Penal”.
 
En su intervención, la diputada explicó que dicho artículo “deja espacio para una interpretación interesada”. “Algo que ya sucedió en el año 2012 tras la aprobación de la reforma laboral del PP”, indicó, para incidir también, en “no podemos volver a permitir que las leyes en vez de usarse para impartir justicia lo hagan para aplicar castigos ejemplarizantes que amedrenten y coarten libertades que, insisto, son constitucionales”.

Acto en defensa de la libertad sindical y el derecho de huelga, foto Agustín Millán

“Hace más de cuarenta años los españoles consideramos que el derecho a huelga debía ser un derecho fundamental. Y esto fue así porque nos pusimos de acuerdo y porque entendimos y asumimos que la negociación colectiva era el punto de equilibrio para que la democracia también significase libertad, igualdad y participación efectiva”, ha destacado la portavoz.

Los sindicatos son un pilar básico de la convivencia democrática

 Por todas estas razones, y en consonancia con la Constitución, Fernández ha indicado que “hay que defender el papel de los sindicatos en nuestra sociedad porque son un pilar básico para nuestra convivencia pacífica y democrática”.

El Gobierno del PP “utilizó este artículo para acallar protestas legítimas de los sindicatos”

En este sentido, incidió también en que “no hay nada más indigno que usar la ley como un arma”. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista ha instado a todos los grupos a abrir este trámite parlamentario sobre un artículo que, “en ningún caso sirve para nada bueno, un artículo que ni las juezas ni los tribunales han venido aplicando asiduamente, que es desproporcionado y que no se ajusta a nuestra jurisprudencia”, insistió la diputada.

El PSOE también recuerda que esta interpretación de la legislación no se ajusta ni a los preceptos constitucionales (artículo 28 de la Carta Magna) ni a las obligaciones que tiene España como signataria de los distintos textos nacidos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Defender el ejercicio de derecho a huelga y la libertad sindical en toda su extensión siempre ha sido y será una máxima del PSOE porque creemos que una sociedad próspera pasa por ser también justa, libre e igualitaria”, añadió.

“Abandonen su hostilidad y sus prejuicios sobre la protesta porque es un pilar fundamental para el buen funcionamiento de la democracia, aunque a ustedes no les guste mucho”, les ha dicho finalmente a los populares.

Desde UGT, aplaudieron que comience la andadura de esta reforma legal, en realidad derogación de la ‘Ley Mordaza’ por la que cerca de 300 sindicalistas se han visto inmersos en procesos judiciales y algunos hasta con penas de entre 5, 7 y 8 años de cárcel. Dicho artículo del Código Penal fue “utilizado mediante una instrucción de la Fiscalía durante los Gobiernos del PP, contra los sindicalistas que participan en piquetes”, aplicándose como “una forma de persecución y criminalización del ejercicio del derecho de huelga”, afirma el sindicato.

UGT recuerda los casos de los miembros de la Federación de Hostelería de UGT, o los de Airbús, Arcelor, Baleares, y un largo etcétera y reclama que de igual forma se derogue la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza.

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