El Congreso de los Diputados debatirá la próxima semana una reforma de su reglamento que permita la aplicación de sanciones a los lobbies que se reúnen con los diputados para, de este modo, obligar a estos grupos de presión a que cumplan con un código ético y no intenten presionar a los partidos políticos o difundan información falsa en el Parlamento.
Esta iniciativa llega tras varios intentos de avanzar en la transparencia de la actividad parlamentaria con una reforma del Reglamento. Los dos grupos mayoritarios de la Cámara, el PSOE y el PP, han coincidido en que es el momento de incorporar una nueva regulación de los grupos de interés.
Es habitual que los grupos parlamentarios se reúnan con asociaciones, organizaciones, sectores o entidades para escuchar sus propuestas y poder desarrollar mejor sus iniciativas legislativas.
Algunas de las propuestas en las que coinciden tanto PSOE como PP es la creación de un Registro Público obligatorio donde se inscriban las empresas, colectivos o grupos que mantienen encuentros con los diputados, así como dar conocimiento de su participación en la elaboración de las leyes.
El PSOE va más allá
Sin embargo, la propuesta del PSOE, que se debatirá la próxima semana en el Pleno del Congreso, va más allá al incluir infracciones y sanciones tanto a ‘lobbies’ como a los diputados o personal de la Cámara que no se atenga a la norma.
Es habitual que los grupos parlamentarios se reúnan con asociaciones, organizaciones, sectores o entidades para escuchar sus propuestas y poder desarrollar mejor sus iniciativas legislativas
Los socialistas tipifican como infracciones leves, la omisión o falsedad de la información inscrita en el Registro o difundida, mientras que son infracciones graves no declarar el interés que representan u obtener información propia de un procedimiento parlamentario no legislativo mediante falsedad de cualquier clase.
Proyecto de Ley
En el año 2019, la Unión Europea, a través del informe Greco contra la corrupción, dio un importante toque de atención a España por la laxitud en el control del paso de los cargos políticos a la empresa privada.
Las puertas giratorias son uno de los hechos que más daño hacen a la democracia española, puesto que hay políticos y políticas que, aprovechándose de la experiencia (y de la agenda) adquirida durante sus años de desempeño de un cargo público, consiguen importantes puestos en consejos de administración de empresas cotizadas o, directamente, creando empresas que funcionan como grupos de presión (lobby) que son contratados por las grandes corporaciones, no por la validez de los trabajos que puedan realizar, sino por la capacidad de acceso al poder político.
Ante una situación que genera alarma social, el Gobierno, a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, está trabajando en un proyecto de ley que tiene la intención endurecer los requisitos para el acceso de los políticos a la empresa privada.
El ordenamiento jurídico español tiene un vacío normativo, ya que los lobbies ni siquiera tienen una definición legal, carencia esta que ha sido puesta de relieve tanto por organismos internacionales como por la sociedad civil.
Por tanto, se hace preciso otorgar a estos grupos de un reconocimiento institucional, siendo necesario definirlos y establecer el marco en el que se han de desarrollar las relaciones de los grupos de interés con los responsables públicos en términos de transparencia e integridad pública, tal y como ocurre en otros países y en el propio Parlamento Europeo.
En tal sentido, el Gobierno considera que el reconocimiento institucional de los grupos de interés supone un claro fortalecimiento en la calidad y la transparencia de la participación en las tomas de decisión. Por otro lado, el establecimiento de un código de conducta y de un Registro obligatorio y público para los representantes de estos grupos en sus relaciones con la Administración General del Estado supone una mejora en la prevención de los conflictos de intereses de los cargos públicos.
«El Congreso aplicará sanciones a los lobbies»(sic)
Perotodo el mundo tranquilo, que luego llegará un juez y reducirá o anulará sanción.
Y, por supuesto, las puertas giratorias seguirán guirando y girando cual tiovivo de feria.
Y los jueces y fiscales seguirán presentándose como «independientes» por cualquier partido y luego volverán a sus cargos sin problema ni contaminación alguna.