El conflicto Cataluña/España es político, no judicial

Lo que me gustaría saber de verdad es si el estado español pretende solucionarlo o perpetuarlo. A tal efecto y de acuerdo con la carta de las Naciones Unidas y los Tratados Internacional que España firmó, parto de la base que el «Proceso» no fue ningún delito contra la Constitución. Aun así se juzgaron a los políticos y miembros de asociaciones no políticas que participaron en los hechos de octubre de 2017.

La represión ha continuado y continuará, el inútil de Mariano Rajoy, primero provocó con su demanda al TC que este, incomprensiblemente, descabezara el Estatuto. Después dispuso de cinco años para negociar una solución política y pacífica, que no supo o no quiso hacer, pasando la patata caliente a la justicia. Cuando la política se judicializa la justicia se politiza y, en estas nos encontramos actualmente.

Algunos políticos se exiliaron, el resto fueron juzgados y condenados con un total de 100 años de prisión. Ahora, después de tres años y medio encarcelados, el gobierno catalán solicita la amnistía y el fin de la represión para poner fin a esta situación. Se nos dice que la amnistía no cabe dentro de la Constitución y, que yo recuerde, después de la ley de 1977 en ninguna parte he encontrado que esta se haya anulado, por esta razón ahora se habla de indultos.

Los indultos no son la vía para solucionar el conflicto. Encima, la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que es la misma que juzgó la causa contra los presos políticos, ha informado negativamente sobre la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- para los doce condenados por los delitos de sedición, malversación y desobediencia. ¿Quién podía esperar un cambio de criterio de unos jueces que se mostraron parciales desde el primer momento?

En el dictamen del Supremo, los magistrados -que han sido incomprensiblemente legitimados por algunos de los abogados de los presos con manifestaciones desafortunadas- no aprecian razones de justicia, equidad y utilidad pública en la causa que justifiquen la concesión de la medida de gracia. Está claro que no! De momento, nadie ha claudicado en público. El conflicto de Cataluña con el Estado es político y no judicial. Como que no se sabía combatir el independentismo en el campo político, la justicia tomó el relevo.

Marchena  y compañía tienen su relato sobre la reivindicación soberanista catalana y lo defienden con una interpretación más política que no jurídica: «Se presentan como presos políticos los que han estado autores de una movilización encaminada a subvertir la orden constitucional, a cambiar el funcionamiento ordinario de las instituciones y, para imponer la propia conciencia ante las convicciones del resto de ciudadanos».

Mientras la justicia española sea interpretada así, la política será derrotada y el conflicto con Cataluña pervivirá. La política se degrada cuando son los jueces los que deciden, por ejemplo, si continúa o no el toque de queda, pasando por encima de los gobiernos autonómicos. Entonces es cuando la separación de poderes se desmenuza y el gobierno de las togas acontece un estado semi-autoritario. El gobierno de Pedro Sánchez defiende que el informe del Supremo es preceptivo, pero no vinculante. Sánchez necesita hacer ver que estudia la opción de los indultos.

El Tribunal Supremo ha emitido un dictamen que es casi un manual de instrucciones para que Vox, el PP i Ciudadanos, o los tres a la vez, presenten un recurso contra los indultos si son aprobados por el ejecutivo de coalición PSOE/ Unidas Podemos. Los motivos a que se cogen son dos, los presos no han pedido su indulto y, el hecho que no hayan mostrado ningún tipo de arrepentimiento demuestra que no se lo merecen.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Confían en la amnistía o la descartan definitivamente? No se acabará el conflicto y el problema subsistirá. En España la democracia plena todavía no ha llegado. Esta, por mal que me pese, es mi opinión a la vista de los hechos.