Estamos en economía de guerra. Necesitamos más dinero, más inversión en equipos y medicinas, más personal para luchar contra el coronavirus. Pero los recursos de un país son escasos. Algunos economistas aseguran que los 200.000 millones de euros adelantados por el Gobierno de Pedro Sánchez como primera medida de choque contra la pandemia en España se van a quedar cortos a las primeras de cambio. Entonces, ¿de dónde sacamos la monstruosa cantidad de dinero que nos va a hacer falta no solo en esta crisis sino en otras que en el futuro llegarán por culpa de otros virus hasta hoy desconocidos y previsiblemente mucho más agresivos? Es ahí donde los inspectores de Hacienda aportan una idea muy a tener en cuenta. Cada año el fraude fiscal en nuestro país se eleva a la friolera de 90.000 millones de euros. Una tajada importante de los Presupuestos Generales del Estado que se pierde sin remedio.
El nuevo escenario mundial creado por el coronavirus abre nuevas oportunidades a la lucha contra la evasión. Sin duda, nos encontramos ante un momento crucial para poder recuperar todo ese inmenso capital oculto en sociedades interpuestas, economía sumergida, paraísos fiscales, cuentas opacas, corrupción, ingeniería financiera… Un porcentaje importante de la riqueza del país o PIB se evade al extranjero de las formas más diversas. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha considera que el 72 por ciento del fraude fiscal que se comete en nuestro país tiene detrás a las grandes empresas y fortunas de siempre. En 2013, en plena crisis financiera que costó tanto sufrimiento a los españoles, el coordinador de Gestha-Asturias, Jesús Barcelona, denunció que la problemática del fraude tributario en España es un asunto que hace que “el Estado pierda 90.000 millones de euros al año”. Barcelona señaló que las cifras aportadas eran simplemente “una estimación” que el Estado no reconoce, “a pesar de que prestigiosas universidades o la propia Comisión Europea las avalan”. E insistió: “Lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Somos conscientes de que no se puede acabar con todo el fraude fiscal, pero estamos en el 23 por ciento y situarnos en la media europea del 13 por ciento supondría ingresar 38.000 millones al año”, afirmó.
Recuperando 90.000 millones de euros es más que probable que lográramos resolver de una tacada el problema de la falta de recursos en la Sanidad pública tras los drásticos recortes de los gobiernos del PP. Pero a fecha de hoy se antoja ciencia ficción. De modo que, sin llegar a esa cifra, los 38.000 millones, una cantidad mucho más factible, supondrían un alivio fundamental a la hora de adquirir mascarillas, equipos sanitarios, medicamentos y aparatos de respiración asistida. También se podrían contratar a muchos más médicos y sanitarios en el extranjero. Hay profesionales bien formados y preparados en Venezuela, Cuba y México, entre otros países, que por razones obvias están deseando emigrar a Europa. ¿Pero cómo se hace eso, cómo se recupera tal cantidad de dinero negro en el extranjero? Una vez más, todo se reduce a una cuestión de inversión pública. Dinero a fin de cuentas. Según Gestha, la manera de aflorar todo el capital en B de la evasión sería “corregir la insuficiente dotación de personal en la Inspección de Hacienda”. Según explicó Barcelona, en España tenemos “entre cuatro y cinco veces menos personal que en países de nuestro entorno”. La insuficiente dotación de medios humanos, unida a la propia organización del trabajo, hace que la situación sea cada vez peor. “El 72 por ciento del fraude lo provocan las grandes empresas, pero el 80 por ciento de los inspectores se dedican a investigar a ciudadanos de clase media y pequeñas empresas”, denunció el técnico.
La conclusión que se extrae es que el Estado español debe reenfocar el grave problema que sufre, ponerse las pilas y cambiar el chip. Las investigaciones de la Agencia Tributaria y también de los juzgados y tribunales deben reorientarse no a perseguir a los pequeños contribuyentes, sino a reprimir el blanqueo de las grandes multinacionales y fortunas del país. Todo pasa por desterrar la creencia común, “errónea”, de que el grueso del fraude fiscal es cometido por autónomos y pymes. Nada más lejos. Por ejemplo, las Sicav (sociedades de inversión de capital variable constituidas por millonarios y accionistas de grandes empresas) se convirtieron en los últimos años de la burbuja inmobiliaria en una de las vías de evasión de capitales más importantes. “Esta herramienta financiera exige un mínimo de 100 socios y un capital de 2,4 millones de constitución. Sin embargo, en la práctica es solo un socio el que aporta la gran mayoría del capital, disfrazando en el resto de accionistas cantidades insignificantes. De esta manera, la Sicav tributa al uno por ciento cuando en el impuesto de sociedades lo hace al 25 por ciento. Dinero hay, el problema es si se quiere ir a por él y el Estado hace las veces de ‘dominguillo’, de mayordomo del gran capital”, explicó Julio Anguita en una interesante conferencia.
No hay que ser un experto en Derecho Financiero para comprobar cómo se nos va la riqueza del país y cuántos hospitales, médicos, enfermeros y mascarillas podríamos subvencionar con semejante bolsa de dinero defraudado. Cuando todo esto pase, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tendrán ahí un buen filón del que sacar recursos para prevenir la próxima pandemia.
