El Código Penal será más duro contra los delitos a la infancia. Así lo informó ayer la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, a los consejeros de servicios sociales.

La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha presidido el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, en el que ha informado a los consejeros de Servicios Sociales del anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

La Ley tiene como objetivo general convertir la infancia en un bien colectivo de especial protección. De esta forma, el Gobierno da respuesta al problema de la violencia contra la infancia y apuesta de forma decidida por un modelo que sitúa a niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas de los poderes públicos como titulares de derechos subjetivos.

El anteproyecto, que modifica 13 leyes, establece un concepto de violencia muy amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidas las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. Se castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.

 

Novedades

Entre las novedades que introduce la norma en sus distintos ámbitos de actuación destaca el establecimiento del deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarla ante la autoridad competente.

También contempla la modificación del Código Penal para ampliar de forma muy relevante el plazo de prescripción de los delitos más graves contra los menores (el inicio del cómputo del plazo para su prescripción comienza cuando la víctima cumple los 30 años, actualmente comienza a contar a partir de los 18 años); el endurecimiento de las condiciones de cumplimiento de los condenados por agresiones sexuales a menores, que no podrán acceder a los permisos penitenciarios o al tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de la pena; o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite al juez retirar contenidos ilícitos de páginas web como medida cautelar durante la investigación del caso.

En todos los delitos sexuales y de trata, la condena conllevará la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que suponga contacto regular y directo con menores.

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Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.

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