El Código Penal será más duro contra los delitos a la infancia. Así lo informó ayer la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, a los consejeros de servicios sociales.
La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha presidido el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, en el que ha informado a los consejeros de Servicios Sociales del anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.
La Ley tiene como objetivo general convertir la infancia en un bien colectivo de especial protección. De esta forma, el Gobierno da respuesta al problema de la violencia contra la infancia y apuesta de forma decidida por un modelo que sitúa a niñas, niños y adolescentes en el centro de las políticas de los poderes públicos como titulares de derechos subjetivos.
El anteproyecto, que modifica 13 leyes, establece un concepto de violencia muy amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidas las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. Se castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.
Novedades
Entre las novedades que introduce la norma en sus distintos ámbitos de actuación destaca el establecimiento del deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarla ante la autoridad competente.
También contempla la modificación del Código Penal para ampliar de forma muy relevante el plazo de prescripción de los delitos más graves contra los menores (el inicio del cómputo del plazo para su prescripción comienza cuando la víctima cumple los 30 años, actualmente comienza a contar a partir de los 18 años); el endurecimiento de las condiciones de cumplimiento de los condenados por agresiones sexuales a menores, que no podrán acceder a los permisos penitenciarios o al tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de la pena; o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite al juez retirar contenidos ilícitos de páginas web como medida cautelar durante la investigación del caso.
En todos los delitos sexuales y de trata, la condena conllevará la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que suponga contacto regular y directo con menores.
