jueves, 29septiembre, 2022
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El CGPJ y la separación de poderes en España

Manel Mas
Manel Mas
Estudié contabilidad y economía, fui perito y profesor mercantil, ejercí de profesor en Alesco (Altos Estudios Comerciales) en Barcelona dando clases de contabilidad, cálculo y derecho mercantil.
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análisis

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Sobre la desjudicialización del Proceso, los sistemas democráticos se fundamentan en la separación de poderes. Los poderes legislativo y ejecutivo son poderes políticos configurados a partir de la voluntad ciudadana. No es el caso del poder judicial, que es ejercido por jueces y magistrados, a los cuales se garantiza la independencia en el ejercicio de sus funciones, pero al mismo tiempo están obligados a ejercerlas de manera imparcial. Esta estructura de poderes permite entender la definición que se hace de las democracias liberales como estados democráticos y de derecho. En este contexto el poder judicial y, si procede, la jurisdicción constitucional controla la actuación de los poderes políticos para que actúen de acuerdo con la ley.

Aun así, la división de poderes no se puede entender como un sistema de compartimentos estancos en la relación entre el poder político y el judicial. El poder judicial está sometido a un marco normativo que establece el poder legislativo, tanto en cuanto a su funcionamiento como al derecho que aplica. Ciertamente, el poder legislativo está condicionado por la Constitución en los dos casos, pero esto no impide que disponga de un amplio margen de libertad de configuración normativa. Por otro lado, muchos sistemas democráticos reconocen a los órganos políticos la capacidad de incidir sobre los efectos de las sentencias judiciales mediante el ejercicio del derecho de gracia (el indulto, especialmente).

Los sistemas políticos que se fundamentan en la división de poderes necesitan disponer de mecanismos adaptativos para que esta división no contribuya a hacer crónicos los conflictos de naturaleza esencialmente política, como es el caso, por ejemplo, de las causas penales derivadas del Proceso. El poder judicial no puede pretender que en un caso como este sus sentencias no se puedan ver afectadas por medidas de gracia permitidas por la Constitución y las leyes, o que los procesos penales no se puedan ver afectados por reformas legales que benefician los afectados.

No es aceptable que el poder judicial se presente como el guardián absoluto del sistema legal y recrimine al gobierno el hecho de adoptar medidas que están a su alcance y que responden a la voluntad de resolver un conflicto político de primera magnitud. Es probable que hablar de desjudicialización del Proceso haya podido encender alarmas en el poder judicial, porque esta expresión es ambigua y se ha podido entender como un ataque a la misma función judicial. Pero no es el caso si las decisiones que adoptan las Cortes Generales y el gobierno están objetivamente justificadas y se mueven dentro del margen de maniobra que permite la Constitución. En este contexto, el poder judicial no puede erigirse en defensor último y exclusivo de los intereses del Estado y pretender ocupar el terreno que es propio de la política.

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Como cada año por estas fechas es costumbre que Carlos Lesmes se dirija al rey de España para decirle qué se tiene que hacer y qué no con Cataluña. En un acto de mucha pompa y circunstancia, la apertura del año judicial, y en su condición de presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y también del Supremo.

Cómo es público y notorio, desde hace cuatro años Lesmes no tendría que ocupar este cargo. Él mismo se lamenta, año tras año, de esta circunstancia, y este año incluso ha dado a entender que podría dimitir, pero la cosa sigue exactamente igual, la cosa es el bloqueo de la renovación del mismo CGPJ, causado por el PP, que de ninguna forma se aviene a ceder ni un milímetro de su control sobre el poder judicial. El CGPJ es el máximo órgano de gobierno de este poder, de forma que es previsible y -coherente, dentro de la manera de hacer del PP- que no lo quieran soltar de ninguna forma. Lo mismo vale para el Supremo, que es el t tribunal donde acaban las causas de corrupción que implican aforados.

Pero Lesmes no duda a instar el gobierno de España a perseverar: exige que no se pare de perseguir judicial y políticamente el independentismo, y equipara desjudicialitzación con “impunidad” de los independentistas, y lo hace desde el escándalo que supone su presidencia del CGPJ, caducada hace cuatro años. Por el gobierno de España no se tendría que preocupar, el juez Marlasca, ministro del Interior, ya ha dejado muy claro que considera el independentismo sospechoso de terrorismo, y Pedro Sánchez hacía precampaña hace unos días presumiendo de haber apoyado el 155.

El bloqueo en cuestión es un incumplimiento grave de la Constitución, ley de la cual emana directamente la composición, las funciones y la naturaleza del CGPJ, así como su obligada renovación, dentro del plazo y la manera como se tiene que producir. No tan solo esto, sino que la insólita demora en la renovación del gobierno de la justicia supone un motivo de descrédito para el estado español, que ya ha sido avisado hasta tres veces por la Comisión Europea de la anomalía democrática que supone esta situación y de la necesidad de poner remedio, dado que se resiente la calidad democrática no tan solo del estado español, sino del conjunto de la Unión Europea.

Otro asunto que ha hecho poner en cuestión la solidez del estado de derecho en España ante la comunidad internacional, en los últimos años, ha sido la represión contra el independentismo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió la sentencia conocida como “doctrina Junqueras”, el juicio contra el Proceso al Supremo que presidió Marchena ha sido seriamente cuestionado, las euroórdenes de Llarena han sido tumbadas hasta el agotamiento, y la semana pasada la ONU emitió una resolución (no vinculante, como se apresuró a remarcar el ministro Bolaños) por la violación de los derechos políticos. Un verdadero escándalo.

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1 COMENTARIO

  1. Que pasaria si el año que viene que toca convocar elecciones generales al presidente Pedro Sànchez digera que no le sale de los testiculos convocarlas porque cree que van a ganar los fascistas que controlan por detras el CGPJ y el TC ese señor es un cinico y los otro ocho unos sinverguenzas que continuan cobrado un buen sueldo ,la Plaza de la Bastilla .

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