El periódico de La Vanguardia publicaba que en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se vaticina «con toda probabilidad» que la sentencia del 1-O «logrará el objetivo de asegurar la unanimidad entre los siete magistrados que han juzgado el caso», y que confiaban en la «capacidad de dirección» del magistrado al frente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, augurando el máximo órgano de representación de la judicatura que “el fallo, si bien no será leve, no resultará inmanejable para el Gobierno”.
Lejos de desmentir las filtraciones, El Confidencial Digital señala que en el CGPJ “llevan días intentando descubrir al imprudente. A día de hoy, cuando ya ha pasado casi una semana de la noticia, siguen buscando a la persona que pudo facilitar el material a La Vanguardia”. El mismo rotativo indica que los vocales se refieren al filtrador como el “chivato”, y es que, según dicen“una cosa es tener datos sobre futuras sentencias y otra muy distinta es que se publiquen en los periódicos”.
Lo más curioso de todo es que la única preocupación del CGPJ sea que la filtración haya llegado a la prensa, y no que el propio Tribunal Supremo haya divulgado el fallo de la sentencia del ‘procés’, considerando normal que un vocal pueda “tener datos sobre futuras sentencias”.
Según la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia, “se vulnera la presunción de inocencia cuando las declaraciones públicas de una autoridad judicial se refieren a un acusado como culpable, mientras no se haya probado su culpabilidad con una sentencia firme. Dichas declaraciones no deben reflejar la opinión de que esa persona es culpable”.
Desde este punto de vista, las declaraciones hechas a los medios de comunicación sobre la sentencia del ‘procés’, -aventurando que “el fallo, si bien no será leve, no resultará inmanejable para el Gobierno”-, atentan abiertamente contra la presunción de inocencia de los acusados, a los que considera culpables y merecedores de una condena grave (superior a “leve”), lo que incluso podría acarrear la nulidad del juicio si se demuestra que esa opinión del CGPJ es en realidad una filtración procedente del propio Tribunal Supremo.
En ese país que es españa, los tribunales, los jueces y los magistrados, son todos -sin excepcion- unos hijos de las mil pvt@s, unos cobardes vendidos a a la venganza y no a la justicia.