Vicente Manuel Rouco Rodríguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Vicente Rouco Rodríguez, está siendo investigado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como consecuencia de la denuncia que el pasado 25 de noviembre le interpuso ACODAP, la Asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el ex juez Fernando Presencia, en la que se solicitaban las medidas secundarias de prevención previstas en el Protocolo de actuación frente a todas las formas de acoso y violencia en la Carrera Judicial, “ y en concreto, la incoación del procedimiento disciplinario formal a que se refiere el artículo 11 del Protocolo”.

Como consecuencia de esa denuncia, el Promotor de la Acción Disciplinaria, que es el órgano integrado en el CGPJ encargado de instruir las quejas y denuncias contra jueces y magistrados, ha decidido incoar las Diligencias Informativas 742/2019.

Los hechos se remontan a la “sorprendente” entrevista hecha pública el pasado 2 de agosto por el canal multimedia “La Cerca”, donde –según la denuncia- Vicente Rouco “aseguraba que sería declarada firme la sentencia que condenaba a Fernando Presencia Crespo a siete meses de prisión, y que le obligaba además a indemnizarle con 3.000 euros por daños morales”.

Después de manifestar que se sentía “satisfecho” por el resultado del juicio y que “confiaba” en la justicia, dice la denuncia que Rouco “aseguró” ante las cámaras de televisión que la sentencia, a pesar del recurso que se interpusiera, sería declarada firme : Ahora… “esperar a que sea firme», dijo “impertérrito” al final de su entrevista.

Como también se dice en la denuncia, “no es habitual – ni tampoco legal- que el presidente de un tribunal de justicia se pronuncie públicamente, y dé su opinión, sobre una sentencia dictada por un juzgado de su territorio, y menos si esa sentencia le afecta personalmente y sobre todo si está aún pendiente de recurso”.

Según la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia, “se vulneraría la presunción de inocencia cuando las declaraciones públicas de una autoridad judicial se refieren a un acusado como culpable, mientras no se haya probado su culpabilidad con una sentencia firme”.

“Pero es que además –sigue diciendo la denuncia- durante el desarrollo del juicio oral, el presidente del TSJCLM se dirigió en su declaración al acusado con evidente falta de respeto  y consideración, afirmando que (el juez Presencia) sufría ‘alucinaciones’, con lo que Vicente Rouco Rodríguez podría haber cometido además una falta grave del artículo 418.5 LOPJ”.

Vicente Rouco se entrevista con la jueza que dictó la sentencia

Vicente Rouco se paseó antes de ayer por los juzgados talaveranos para informar a todos los magistrados, fiscales y funcionarios, de la entrevista que mantuvo minutos antes con la alcaldesa de la ciudad.

“Fue un encuentro de toma de contacto. Una forma de transmitir a la alcaldesa de Talavera el interés del presidente de que es necesario encontrar una solución porque el trabajo que realiza la justicia contribuye a mantener la paz social de una forma clara”, explicaron fuentes del TSJCLM.

Sin embargo, Fernando Presencia ha comentado a este periódico que “la entrevista con la alcaldesa de Talavera fue una cortina de humo, una coartada de Rouco para acercarse luego a los juzgados y presionar a la jueza que me condenó”. Sigue explicando el ex juez decano que “inmediatamente después de hablar el presidente con ella, Marta Vicente de Gregorio acordó limitar injustificadamente el plazo para recurrir la sentencia a solo 2 días, cuando la Ley dice que son 10 días”, lo que según Presencia es una nueva represalia que piensa denunciar.

Para evitar situaciones de represalia como éstas en contra del colectivo de denunciantes de corrupción, ACODAP está llevando a cabo una campaña de concienciación ciudadana para fomentar la trasposición de la Directica (EU) de 23 de octubre de 2019 que protege de las represalias a los denunciantes de corrupción, con el siguiente lema:

“Hay dos verdades absolutas que, juntas, se han convertido en el axioma de la lucha contra la corrupción. La primera es que es la corrupción judicial la que proporciona impunidad, asegura y da cobertura a todas las demás. La segunda es que detrás de toda trama corrupta hay un psicópata.

Por eso, para que la lucha contra la corrupción sea realmente efectiva hay que empezar por los jueces, evaluando, identificando y expulsando de la carrera judicial al que resulte ser un psicópata”

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