lunes, 27septiembre, 2021
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El CGPJ exige ser oído sobre la reforma de la ley que prepara el Gobierno

Cinco vocales presentaron una enmienda donde proponían su renuncia a efectos de 1 de enero de 2021

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El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado, por 16 votos de sus 21 miembros, pedirle al Congreso que le solicite un informe al respecto de la proposición de ley que PSOE y Unidas Podemos preparan para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que les afecta de manera directa.

A finales de la semana pasada, el pleno del Consejo del Poder Judicial aprobó un acuerdo en el que establece que «La iniciativa tiene por objeto la modificación de la LOPJ limitando las competencias del CGPJ sobre nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de carácter discrecional. Es decir, afecta al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial.
El articulo 561.1 LOPJ establece la obligación de someter los anteproyectos aprobados por el Gobierno al informe del Pleno de este Consejo, en tanto que conforme al artículo 561.1.9° LOPJ dicho sometimiento es potestativo en el caso de las proposiciones de Ley presentadas en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios.»

Alegan, que » la trascendencia constitucional de la modificación propuesta y la exigencia de «interpretación conforme» con el Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), demandan que toda iniciativa legislativa –cualquiera que sea su origen- que, como la presente, delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del poder judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, deba tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados. Eso incluye al propio CGPJ y a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia -Consejo de Europa-) así como a las asociaciones judiciales, de fiscales, los Consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las Comunidades Autónomas. También resulta de lo anterior que el propio CGPJ comunique este acuerdo a la Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ) a los efectos oportunos.»

Señalan que la exigencia de dar audiencia a todas las partes implicadas «ha sido establecida por las instituciones europeas interpretando lo dispuesto en el artículo 19.1, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, en relación con el respeto a los principios propios del Estado de Derecho, entre los que ocupa un lugar destacado la independencia judicial, con arreglo al artículo 2 TUE, constituyen el fundamento de la Unión. Y recuerdan además que «la infracción de esta exigencia puede desencadenar el mecanismo de respuesta previsto en el artículo 7 TUE».

Recuerdan que en el pleno anterior, celebrado el 30 de octubre de 2020, expresaron su preocupación «ante una iniciativa parlamentaria que incluía, entre otros, el contenido de la nueva proposición de LEy y que permanecería expectante ante la evolución de los acontecimientos a los efectos de adoptar las decisiones oportunas». Remarcan, a continuación, desde el CGPJ, que en ese mismo acuerdo se instaba a los grupos parlamentarios de las dos Cámaras a que dieran cumplimiento «lo antes posible a la obligación constitucional de proceder sin más demora a la renovación de este Consejo». Una solicitud que reiteran de nuevo.

Mediante su acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial, instan al Congreso de los Diputados a que solicite el informe del CGPJ sobre la proposición de LOPJ, a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia-Consejo de Europa), que se ponga de manifiesto la necesidad de dar audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta, en concreto a las asociaciones de jueces y fiscales así como a las demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia; también instan a los grupos parlamentarios para que procedan sin mayor demora a llevar a efecto la renovación del CGPJ, y dar traslado del acuerdo a la Red Europea de Consejos de Justicia.

Se señala también que los vocales Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han votado en contra, indicando la presentación de un voto particular. En una votación previa a la aprobación del acuerdo, los cinco vocales respaldaron una enmienda alternativa en la que se proponía anunciar al Congreso y al Senado la decisión mayoritaria de los miembros del CGPJ de presentar su renuncia con efectos del 1 de enero de 2021. La enmienda fue rechazada por los otros 16 miembros del Consejo.

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2 Comentarios

  1. ¡Qué atrevimiento! Como unos funcionarios públicos, por muy especifica y determinante que sea su función, pretenden dictar o influir en las normas por las que tiene que regularse su función. Accedieron al cargo público por una oposición, más o menos dura; ello no puede significar que pretendan tener un poder semejante a los cargos electos por los ciudadanos para gobernarnos.
    De una vez por todas los miembros de los órganos públicos con poder político deben ser elegidos por el voto directo de los ciudadanos, todo lo demás es usurpación de la democracia por parte de los componentes de eses órganos públicos.
    El Poder Judicial tiene que responder a los ciudadanos de manera directa, por ello sus miembros tienen que ser electos por el voto de los ciudadanos en elecciones públicas.

  2. Esto si es un golpe togado. Al final sabremos quien manda aquí. La unión de la extrema derecha con los máximos hacedores de exiliados, resultado, un golpe de estado togado. La extrema derecha impide la renovación del estamento y, el estamento juzga, e impone las circunstancias que favorecen a la extrema derecha. ¿Simbiosis?

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