Por esta razón el PP se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo quiere controlado para fines políticos. ¿Qué sería de los argumentos que utiliza la Gamarra si no fuesen ratificados por las estadísticas del máximo órgano de gobierno de los jueces, aunque estas sean sesgadas? Eso es la que ha pasado con el número de rebajas de condenas y de excarcelaciones provocadas por la ley del sólo si es sí. Las cifras difundidas por el CGPJ han acabado por provocar un nuevo enfrentamiento entre los dos sectores del organismo. La ruptura es cada vez mayor. Y el PP sigue negándose a renovar un órgano caduco, ilegal y, encima, enfrentado.
El sector conservador del CGPJ obligó a que se difundiesen las cifras que, hasta ese momento, se habían obtenido de reducciones y excarcelaciones por la ley del sí sólo es sí. Más de 700 rebajas. Una cifra muy provisional ya que la mayoría de las audiencias provinciales reconocen que los datos que manejan son “dispares y nada homogéneos”. La información que se está facilitando es heterogénea e incompleta. Sólo Madrid publica intermitentemente el numero de excarcelaciones y rebajas además del porcentaje que suponen respecto al número total de condenados. Pero en el resto de demarcaciones incluso se están utilizando los datos en función de “los 4.000 condenados por delitos sexuales que hay en este país”. La manipulación es de tal magnitud que la información se difunde como si la totalidad de los 4.000 condenados fuesen a ver reducidas sus penas o fuesen a salir a la calle. Y eso no se está dejando claro. La totalidad de los 4.000 condenados no van a ver rebajadas sus penas. La mayoría se encuentran dentro de la horquilla que se señala en la nueva ley por lo que quedarán como están.
Y luego hay otro dato bastante interesante que no se ha dicho. Del número de penados con rebaja o excarcelación no se sabe cuantos están cumpliendo condena en régimen de tercer grado. Porque estos sólo tienen que ir a pernoctar a un centro penitenciario las noches. El resto del día están en la calle. Y tal circunstancia no se tiene en cuenta a la hora de crear el clima de alarma social. Hay muchos más maltratadores, violadores y pederastas en la calle por beneficios penitenciarios que por la ley del sólo sí es sí.
Y por esos matices son por los que el sector progresista pide prudencia a la hora de facilitar los datos. Porque hay muchos condenados a los que se les ha rebajado la pena que están en la calle, en régimen abierto o, incluso, en libertad condicional.
Pero los conservadores del CGPJ no están dispuestos a dejar pasar la oportunidad de facilitar una baza electoral al partido que les sostiene, y gracias al cual siguen manteniendo privilegios: coche oficial, sueldo alto en algunos casos, y dietas de más de 800 euros por asistencia a plenos y comisiones. Que el mundo está lleno de estómagos agradecidos.
Y así, Cuca Gamarra seguirá vociferando en el Congreso de los Diputados, y su jefe Alberto Núñez Feijóo en el Senado, generando más alarma social provocando que haya víctimas descerebradas que hayan dicho en público que van a demandar al Gobierno por “los daños y perjuicios que se pudieran originar por el hecho de que su agresor haya salido a la calle”.
La mayoría de las cifras difundidas por el CGPJ están sesgadas. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón buscó las sentencias que eran susceptibles de revisión y se quedó con aquellas en las que era posible entrar a valorar si tenía cabida una rebaja. Y así se ofrece un dato incorrecto, inexacto, escasamente riguroso y poco creíble.
Así es fácil manipular para generar no sólo el clima de alarma social propicio que pretende el PP sino también facilitar información a los organismos extranjeros que, en función de sus intereses, se valoran de una u otra manera. Ahí tenemos, si no, la famosa reunión de los vocales conservadores del CGPJ con una delegada del parlamento europeo, del grupo conservador por más señas, que ha vuelto a Estrasburgo poniendo el grito en el cielo por las “nefastas consecuencias” que está teniendo en España la ley del sólo sí es si.
Esta continua batalla propagandística por parte del sector conservador del PP en el Consejo General del Poder Judicial está llegando al límite. En Moncloa se les ha agotado la paciencia y se han dado ordenes a los líderes del grupo parlamentario socialista para que se pongan en contacto con sus socios de investidura con el fin de sondear si es posible reformar la ley orgánica del poder judicial para acabar con este estado de cosas.
