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El CGPJ abre diligencias por el «el mayor escándalo de corrupción judicial en beneficio» del Santander

La denuncia que ha provocado la apertura de estas diligencias aporta documentación que mostraría presuntas investigaciones ilícitas, escuchas ilegales, seguimientos y espionaje a magistrados o el supuesto amaño de resoluciones judiciales realizadas por importantes miembros de la Administración de Justicia

José Antonio Gómez
José Antonio Gómez
Director de Diario16. Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa", "IRPH: Operación de Estado" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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análisis

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La situación para la democracia española es insostenible por el elevado número de casos en los que una parte de la Justicia ha retorcido la ley para dictar sentencias o crear doctrinas ad hoc para, presuntamente, favorecer a los poderosos.

El problema se halla en que esto no genera una movilización de los poderes democráticos para determinar la veracidad de los graves hechos publicados en estas páginas en referencia a Banco Santander y, sobre todo, que la ciudadanía no se escandalice porque ya lo vea habitual.

Las «cloacas de la Justicia» sólo pueden sobrevivir si la sumisión a los poderes no democráticos pervive durante más tiempo, incluso con el apoyo en demasiadas ocasiones del cuarto poder. Por eso, el Estado cede sus responsabilidades en las espaldas de la ciudadanía y tienen que ser los hombres y mujeres libres de España los que den la cara para desentrañar la madeja que permite sostener un sistema injusto que sólo es amable con el poderoso e injusto con el débil.  

Diario16 ha tenido acceso a la denuncia presentada por el abogado Eduardo Martín Duarte ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que se denuncian una serie de hechos muy graves para que «en el ejercicio de sus funciones de velar por la independencia judicial y de investigar y conocer de los procesos de especial trascendencia, relativos a los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno de la corrupción, lleve a cabo la investigación de los hechos denunciados».

Diario16 ha tenido acceso al documento por el que el CGPJ informa de que se han abierto diligencias informativas respecto a los hechos denunciados.

Trato de favor al Santander

Las grabaciones que el banquero italiano Andrea Orcel afirma tener en su poder en las que, entre otras cosas, se demostraría que importantes directivos del Santander, de los que están incluidos en el selecto grupo «Promontorio Meeting», afirmaron, con el supuesto objetivo de intimidar a Orcel, que el banco presidido por Ana Patricia Botín «sólo pierde los juicios que quiere».

En los últimos meses la Fiscalía Anticorrupción ya ha recibido varias denuncias en las que se reclama la apertura de una investigación de oficio para verificar el contenido de dichas grabaciones porque demostrarían lo que muchos piensan y lo que distintas decisiones judiciales demostrarían: que el Santander lleva décadas presuntamente recibiendo un trato de favor en los tribunales españoles.

Al igual que otra denuncia presentada en el mes de marzo ante la Fiscalía Anticorrupción en un sentido similar, es fundamental que se iniciara una investigación de oficio porque, de demostrarse que el Santander tiene la capacidad para ejercer un control de los órganos de Justicia en España, se está generando alarma social y desconfianza para las decenas de miles de personas que, a día de hoy, se están enfrentando en los tribunales contra Banco Santander. Hay que recordar que la entidad cántabra reconoció que sólo del Caso Popular tiene abiertos más de 16.000 procedimientos.

Sin embargo, la denuncia presentada por Martín Duarte que, además, es accionista del banco cántabro, reseña otro tipo de grabaciones, esta vez de carácter político, que sostendrían su acusación de trato de favor hacia el Santander.

«Las mencionadas no son las únicas grabaciones conocidas sobre los favores políticos y judiciales al Banco Santander, pudiéndose citar también aquella en la que la vicepresidenta del Gobierno, doña María Teresa Fernández de la Vega Sanz, le aseguraba a don Ignacio Rupérez Calvo –entonces jefe del servicio de estudios del Santander- que ya había solucionado el tema de don Emilio Botín relativo a su juicio sobre el fraude fiscal y falsedad documental de las cesiones de crédito del Banco Santander, que se saldaría con la “doctrina Botín“», afirma la denuncia.

Según indica el escrito presentado ante el CGPJ, el contenido de las grabaciones de Orcel y de Fernández de la Vega es sumamente grave, puesto que «la ya de por sí, frágil imagen de la Administración de Justicia entre la ciudadanía española, con el desprestigio de la Judicatura por lo que aparenta un escudo o directriz para beneficiar al Banco Santander, lo que podría ser uno de los mayores, si no el mayor escándalo de corrupción judicial en beneficio de una entidad de la historia de nuestro país, que llevaría aparejada la comisión de posibles delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, coacción, etc.».

Para el denunciante resulta preocupante que las grabaciones pongan de manifiesto lo que muchos ciudadanos y profesionales del mundo judicial ya conocían, intuían o presumían ante «los diferentes escándalos de resoluciones controvertidas que se han ido produciendo a lo largo de los años favoreciendo al Banco Santander o a sus más altos dirigentes que son sobradamente conocidas y que a título de ejemplo podemos resumir en: (1) el auto de sobreseimiento de las cesiones de crédito mediante la consagración “ad hominem” de la doctrina Botín, (2) la sentencia absolutoria  de las indemnizaciones de Amusátegui y Corcóstegui, (3) el sobreseimiento  de la causa por fraude fiscal por la ocultación de 2.000 millones de euros en el HSBC de Ginebra, (4) el sobreseimiento  de la querella sobre la recuperación del supuesto agujero de Banesto, (5) el sobreseimiento de la estafa inmobiliaria de la compra de los terrenos de la Ciudad Financiera del Santander, el más reciente, (6) el auto de sobreseimiento  de la causa por blanqueo de capitales de la Lista Falciani, etc.», señala el escrito.

Espionaje a magistrados y compra de sentencias

Por otro lado, la denuncia señala una serie de presuntos hechos muy graves para cuya demostración se aportan documentos que supuestamente demostrarían que dentro de la Administración de Justicia de España se pudieron dar órdenes para espiar a fiscales y magistrados o la presunta compra de resoluciones judiciales.

Según la denuncia, importantes cargos de la Justicia ordenaron, supuestamente, a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a realizar seguimientos, escuchas telefónicas e, incluso, la realización de informes patrimoniales de los magistrados y fiscales supuestamente espiados, entre los que se encontrarían, entre otros, el actual presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, o el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena.

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1 COMENTARIO

  1. La mafia en España está a la altura de la mafia rusa y muy por encima de otras, como la italiana o la de EEUU porque está total y absolutamente institucionalizada, solo que aquí tiene un aspecto más legalizado, de mayor legalidad. Que una empresa privada maneje al Gobierno de la Nación a su antojo, incluyendo al Presidente y a los Ministros de turno, no sólo es vergonzoso, es preocupante por cuanto intereses privados manejan los hilos de la judicatura para beneficio propio y escaquearse de pagar por los graves delitos cometidos. Afortunadamente, esto tendrá consecuencias para el banco satánico, que surgirán de la legión de personas afectadas por las actuaciones delictivas realizadas, desde Orcel a los importantes casos aquí mencionados, y los que surgirán, pasando por abusos cometidos de toda índole, expropiaciones, embargos, hipotecas basura, preferentes, caps hipotecarios, cláusulas abusivas, incumplimiento de la normativa MIFID firmando el empleado un documento que el cliente muchas veces no entiende, el caso de los dividendos Cum-Ex de Alemania, el abuso y agresión a empleados de la entidad, horas extraordinarias no remuneradas realizadas bajo coacción y amenaza velada, bonus justamente obtenidos no repartidos injustamente, fraude a la Seguridad Social, el caso del regalo del Popular con más de un millón de afectados. Cada uno de ellos ha devenido en un anti-comercial del banco de Satán, por el oprobio y la injusticia, y cantamos maravillas por doquier de esta mafia bancaria siempre que tenemos oportunidad a parientes, amigos y desconocidos, en todas partes, en el trabajo, en la escuela, en el parque, en una reunión familiar, … , donde haga falta. A la imbécil ésta que compara su banquito con el Imperio Romano, decirle que YA SOMOS LEGIÓN.

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