El Santander ha sido puesto como ejemplo de corrupción judicial en una reciente denuncia presentada en la Unión Europea contra el Reino de España en la que se denuncia la corrupción judicial sistémica de España.

Un nuevo ejemplo de presunto posible favor judicial que añadir al haber del Santander pudiera estar ocurriendo en el proceso en el que los acreedores de la promotora inmobiliaria Inversión Hogar reclaman al banco presidido por Ana Patricia Botín una indemnización de daños y perjuicios de 270 millones de euros.

En varios frentes de dicha contienda judicial se han presentado recusaciones del magistrado Sagrario Arroyo García, de la Sección 14ª de la Audiencia Provincial, y de la jueza Blanca Rosa Bartolomé Collado, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Madrid.

Sagrario Arroyo es el ponente del recurso de apelación interpuesto, precisamente, contra la sentencia dictada por Blanca Rosa Bartolomé en la reclamación de los acreedores que llevan esperando cobrar sus créditos desde 1991 y no han podido, según informan los propios afectados, porque los tribunales, hasta ahora, han permitido, con resoluciones insólitas, que el Santander se quede con los bienes de la concursada Inversión Hogar en perjuicio de los restantes acreedores.

El magistrado de la Sección 14ª de la Audiencia Provincial, según confirman a Diario 16 fuentes cercanas al caso, fue recusado porque en el procedimiento anterior al actual dictó una resolución en la que, junto al ponente Jesús Gavilán López, revocaron una sentencia que condenaba al Santander a pagar más de 80 millones de euros a Inversión Hogar, lo cual generaría causa objetiva de recusación por tener un criterio previo formado que le contaminaría y perjudicaría su imparcialidad para resolver el actual recurso.

El magistrado, según consta en los recursos presentados a los que ha tenido acceso Diario16, se habría negado a abstenerse y la Sección 14ª habría inadmitido a trámite la recusación con graves infracciones del procedimiento y un error patente al haber declarado improcedentemente que la recusación fue presentada fuera de plazo.

Por su parte, la jueza del Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Madrid habría sido recusada por tener un 100% de sentencias favorables al Santander en los casos que figuran en la base de datos del CGPJ.

Según las mismas fuentes, en la recusación de la jueza Bartolomé Collado, la secretaria judicial, Virginia Marta González Granado, se podría haber negado sistemáticamente a dar traslado de la recusación a los acreedores de la suspensión de pagos vulnerando el principio de audiencia y causándoles indefensión.

Además, el magistrado de la Sección 28ª encargado de la instrucción de la recusación, Pedro María Gómez Sánchez, según manifiestan a Diario16 fuentes próximas a los acreedores, pese a encontrarse avisado de dicha incidencia se habría negado también a comunicar la recusación a los acreedores y habría declarado la terminación de la instrucción sin haber resuelto sobre la prueba propuesta en la recusación manifestando, erróneamente, que no se había propuesto prueba por la recusante.

Sin embargo, en los documentos a los que ha tenido acceso Diario16, se puede apreciar fácilmente que la entidad recusante ha propuesto distintas pruebas. Fuentes cercanas al caso presumen que la resolución del magistrado, negando la evidente proposición de prueba, podría ser un subterfugio corporativista para tratar de proteger a la jueza.

Según comentan los afectados, la jueza Blanca Rosa Bartolomé habría negado las causas de recusación que se le imputan, pero no habría aportado con su escrito de descargo ninguna sentencia en la que hubiese condenado al Santander.

Otro despropósito del que se quejan los acreedores es que, pese a que el Santander ha reconocido que la finalidad del contrato cuya nulidad se solicita era el cobro privilegiado de su crédito, lo que sería ilícito y obligaría a condenar al banco presidido por Ana Patricia Botín, la jueza Bartolomé Collado obvió esos actos propios y habría recortado un fragmento de la sentencia del Tribunal Supremo que, en el procedimiento antecedente, ya adelantaba la nulidad del contrato.

Fuentes cercanas a los afectados se quejan también de que el Santander ha mantenido dos versiones distintas y contradictorias entre sí en los dos procesos, lo que no estaría permitido en la práctica judicial por la doctrina de los actos propios y el principio de buena fe, pero habría sido incomprensiblemente admitido por la jueza recusada Blanca Rosa Bartolomé.

Las mismas fuentes afirman que las dos recusaciones estarían provocando corrillos y murmuraciones entre los magistrados de las secciones civiles de la Audiencia Provincial, llegándose a producir incluso filtraciones de información reservada sobre las mismas.

Los afectados, a medida que se acerca el desenlace del recurso de apelación, tienen más dudas de la imparcialidad de los magistrados encargados de dictar la sentencia al haberse enterado de otros escándalos como, por ejemplo, el caso de la quiebra de Ciudalcampo, S.A. que habría afectado al presidente de la sección Pablo Quecedo Aracil, y el Caso Asefa que también habría salpicado al anterior junto a otro componente de la sección, su concuñado Juan Uceda Ojeda. Los escándalos alcanzaron tal magnitud que en el caso de la quiebra de Ciudalcampo los acreedores presentaron una queja por presunta prevaricación ante el Ministerio de Justicia de Juan Alberto Belloch, y en el caso Asefa se llegó a producir una concentración de protesta de los afectados de la Cooperativa Jardines de Valdebebas ante el Tribunal Superior de Justicia.

Los acreedores comentan a Diario16 que las experiencias judiciales sufridas con anterioridad no les hacen confiar en los jueces ya que han visto cómo, tras la sentencia que condenaba al Santander a pagarles más de 80 millones de euros, la jueza Isabel Ferrer-Sama Pérez y el entonces director del departamento jurídico del Banco de España, Javier Priego Pérez, junto a la jueza sustituta Yolanda Urbán Sánchez, designada por el Decanato del que era titular José Luis González Armengol, habrían impedido el embargo de 100 millones de euros de la cuenta de tesorería del Santander con el pretexto de un aval de Banesto firmado por Jaime Pérez Renovales, actual secretario general del Santander, que no sería justificación legal para denegar la ejecución provisional, según afirman fuentes cercanas al caso.

Entre los acreedores afectados, pendientes de cobrar sus créditos desde 1991, estarían organismos públicos como la Agencia Tributaria y el Consorcio de Compensación de Seguros que tendrían aún créditos por más de 2,2 millones de euros.

Antes de dictar sentencia, la Sección 14ª tendrá que resolver sobre la solicitud de declaración judicial de Ana Patricia Botín que ha sido solicitada por los acreedores y que, en su día, denegó la jueza Blanca Rosa Bartolomé Collado por el circo mediático, pese a que la actual presidenta del banco era, cuando ocurrieron los hechos, directora general, vocal del Consejo de Administración y miembro del Comité Ejecutivo del Santander.

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