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El Caso Popular y el flagrante incumplimiento de la Constitución por parte del Estado

La caída del Banco Popular y su venta por un euro al Santander es uno de los mayores escándalos económicos, financieros y democráticos de la historia de España, sobre todo cuando viene provocado una presunta colaboración público-privada que incumple la Constitución

Manuel Domínguez Moreno
Manuel Domínguez Moreno
Periodista, escritor, sociólogo, politólogo y perito en procesos de paz a nivel nacional e internacional
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análisis

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Diferentes fuentes financieras consultadas por Diario16 definieron lo ocurrido en el Caso Popular como «Un golpe de Estado financiero dado desde dentro» y ponían como ejemplo lo sucedido on el número de títulos en préstamo desde el inicio de la rebelión de Antonio del Valle y Reyes Calderón, pasando por la presidencia de Emilio Saracho. En concreto, se pasó de tener 95,27 millones de títulos en julio de 2016 a 506 millones el 26 de mayo de 2017, última fecha pre-resolución de la que este medio tiene datos.

El inicio del incremento no se produjo sólo por la responsabilidad exclusiva de Emilio Saracho, ya que fue el ejecutor de una operación que se inició con la rebelión de Antonio del Valle y Reyes Calderón que, entre otras cosas, consiguió la paralización del Plan de Negocio tras el cambio de presidente para, de este modo, intentar que el accionista mexicano se hiciese con el banco a través de una OPA, tal y como indiqué en mi libro Banco Popular, una operación diabólica.

El incremento de títulos se produjo, principalmente, a partir de la reunión mantenida por Reyes Calderón con Ángel Ron en el mes de julio de 2016, un encuentro que, según los peritos del Banco de España, duró más de 3 horas. Hasta el mes de diciembre se pasó de 95,27 millones a 381,91 millones, es decir, que se incrementó en un 380% y, a partir de que Saracho tomara las riendas del Popular se llega a disparar hasta los 506,14 millones el día 26 de mayo. ¿Fue una casualidad que, tras la resolución, el número de títulos en préstamo bajara casi en 100 millones de euros, en concreto, 410,03?

Este incremento del 500% supuso que, teniendo en cuenta que el precio medio de cada título en ese periodo era de 1,023 euros, esto sólo se consigue con aportaciones de 500 millones de euros, lo que indica que pasaron a actuar como bajistas. Este hecho es algo que no pudieron haber pasado por alto los responsables de la supervisión ni, por supuesto, el FROB.

En consecuencia, tal y como hemos indicado en estas páginas, el Banco Popular fue víctima de un golpe de Estado con la presunta colaboración necesaria de las instituciones del Estado que tuvo como principal consecuencia la ruina de más de 1,5 millones de personas.

El hecho de que en el Caso Popular estén presuntamente implicados organismos del Estado e, incluso, el propio ex ministro de Economía, Luis de Guindos, genera que, además, se haya provocado una verdadera crisis constitucional.

Mientras a los políticos de este país, de todos los partidos, se les llena la boca con la Constitución en temas como el ‘procés’ catalán, se convierten en cómplices de atropellos constitucionales y de incumplimientos flagrantes de lo indicado en la Carta Magna. Sin entrar a detallar las constantes vulneraciones que se permiten desde el poder respecto a los derechos sociales reconocidos para la ciudadanía, en el Caso Popular se ha conculcado el artículo 9.3 que dice lo siguiente: «La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos». Es decir, que la Carta Magna garantiza a la ciudadanía que los poderes no pueden hacer lo que les dé la gana.

Sin embargo, en el Caso Popular fueron los poderes políticos y financieros los que permitieron que un banco solvente y viable, hecho que está reconocido en el informe pericial del Banco de España, fuera llevado a la resolución por la estrategia irresponsable implantada por un presidente que no estaba cualificado para ocupar el puesto porque no era un banquero comercial, sino de inversión, un banquero especialista en operaciones corporativas, no en gestionar una entidad.

Cuando Emilio Saracho se presentó en el mes de marzo de 2017 ante la inspección del Banco Central Europeo y les comunicó su estrategia, el BCE debió comunicar la misma y cesar de inmediato a una persona que sólo ocupaba la presidencia de la sexta entidad financiera para realizar una operación de venta o, como bien informó, llevar al banco a la resolución.

Sin embargo, no se hizo nada y Saracho continuó con su estrategia de comunicación negativa y su errática política de generar más dudas sobre el Popular. Esto sólo pudo ocurrir con la connivencia de los poderes públicos. El Gobierno de Mariano Rajoy, permitió que el Ministerio de Economía impidiera la aplicación de la parte más efectiva del plan de negocio de 2016 o cómo sus instituciones, organismos y administraciones sacaban todos sus depósitos en los días previos a la resolución, salida de liquidez que fue la causa principal de la caída de la sexta entidad financiera de España, tal y como reconocieron los peritos del Banco de España. Por otro lado, Luis de Guindos se reunió con los instigadores de la rebelión interna del Consejo de Administración que finalizó con la llegada de Emilio Saracho a la presidencia del Popular, con los resultados que ya todo el mundo conoce.

Ese mismo gobierno de Mariano Rajoy, de Soraya Sáenz de Santamaría y de Luis de Guindos permitió que la CNMV no frenara la cotización del Popular cuando las posiciones bajistas ocupaban el 12% de su capital bursátil, que el FROB iniciara la resolución cuando el Popular disponía de liquidez suficiente para seguir funcionando, además de aprobar la venta al Santander fuera de plazo, que el Banco de España no pusiera objeciones a una operación ejecutada el 7 de junio de 2017 en un documento registrado el día 6 de junio.

En otro orden, la participación de los organismos europeos fue clave, no sólo en lo referido al momento de la resolución, sino en los meses previos. Hay que recordar cómo el BCE cambió los criterios para la concesión de la ELA el día 6 modificando en horas los plazos de madurez de esa línea de liquidez de emergencia. La JUR, por su parte, inició la resolución aplicando una serie de normativas sobre la valoración de entidades bancarias que, en el momento de la caída del Popular, sólo eran borradores y que no entraron en vigor hasta el año 2019.

En consecuencia, el Caso Popular es la consecuencia de una crisis constitucional inédita en la historia de España y de la Unión Europea. Cuando se vulnera la Constitución se deja desprotegidos a los ciudadanos y, en este caso, los 1,5 millones de personas afectadas pueden dar buena fe ello.

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15 COMENTARIOS

  1. La exhumacion de Franco parece un circo mediático para tapar todo y entre ello la MAYOR TRAMA FINANCIERA DE LA HISTORIA: LA ESTAFA A MAS DE 305.000 FAMILIAS. No ha cambiado nada antes estábamos en una DICTADURA REAL Y AHORA EN UNA DICTADURA EN LA SOMBRA.GRACIAS A DIARIO 16 POR ESTAR AHÍ DÍA A DÍA. Y curiosamente los Partidos que se dicen constitucionalistas SON LOS QUE ESTÁ AMPARANDO ESTA DICTADURA EN LA SOMBRA

  2. En este pais el gobierno actual está corrupto hasta la médula,sigue los pasos del gobierno corrupto de Mariano Rajoy,Soraya y Guindos Ponce,bde,CNMV…,que robaron a más de 1500.000 españoles.

  3. En España no hay constitucion mientras el gobierno roba la propiedad a más de 1500 .000 españoles que son propietarias del Banco Popular .y el gobierno actual en ves de devolver lo robado a sus auténticos dueños,se dedica a profanar las tumbas de los muertos.La maldición caerá sobre ellos.

  4. Y como resulta que lo único que se vendió al Banco Satander por 1 € fue el resultante de esta conversión legalmente viciada, pues ahí es donde cobra su importancia este hecho.
    Las acciones ordinarias no fueron vendidas al Santander sino que fueron amortizadas; y lo mismo, las acciones provenientes de los bonos que SI eran convertibles pues también fueron amortizadas.

      • Yo no entro en disquisiciones ideológicas.
        Lo que escribo es por buscar la mejor manera de recuperar nuestro dinero.
        Pero para ello, hay que saber cómo pedirlo y a quién pedirlo.
        No hay que equivocarse. De nada sirven los cabreos. Tenemos la razón de nuestra parte pero si, jurídicamente hablando, no vamos por el buen camino, jurídicamente la podemos perder.
        Y con sólo llevar la razón moral, no se cobra lo que nos deben. Hay que tener también la razón jurídica.

  5. Cuando todos los grandes poderes e instituciones estan de acuerdo en la estafa veo muy dificil la solucion, porque unos se tapan con los otros para que no salga el tremendo robo que nos han hecho

  6. Es ahora cuando estamos en dictadura y los gobiernos de turno hacen lo que les da la gana con sus ciudadanos.
    El gobierno debería estar a favor de los estafados y no posicionado en contra.

  7. Soy uno más de los estafados en la «operación diabólica» Nunca he intervenido aquí con comentarios, aunque siempre he estado pendiente de los de los lectores y del arduo trabajo de todo el equipo de Diario16. Me robaron las acciones pero ningún año. Y como ya tengo bastantes voy llegando a mis conclusiones, basadas en aquello de por qué sabe tanto el diablo. Si tenemos suerte y queda en España y en Europa algo de sentido común y de vergüenza, es posible que esto se salde culpando de todo al FROB (para que pague el «desaguisado» el pueblo español, una vez más) y con algunos ceses y dimisiones forzadas de algunos «mindundis» de segunda línea (pero no sufran, porque enseguida les buscarán otro acomodo para que sigan viviendo y callando). Y los verdaderos responsables se irán de rositas, como viene siendo habitual.

  8. Y hay algo más de lo que se habla poco o nada. Además del dinero aportado por el Estado (el pueblo), para afianzar el sistema financiero, alguien sabe cuanto nos costarán el FROB y el o la SAREB ?

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