El caso Navajas deja al descubierto la guerra sin cuartel entre los fiscales del PSOE y del PP

La reciente confesión del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, ha puesto al descubierto no solo la guerra soterrada que existe en las altas esferas de nuestro Poder Judicial, sino el intento por parte de las derechas de tumbar al Gobierno mediante montajes, conspiraciones y operaciones espurias. Por refrescar, cabe recordar que Navajas se despachó a gusto en los micrófonos de Carlos Alsina, a quien dijo haber sufrido una operación de hostigamiento por parte de sus compañeros del ala conservadora para tratar de influir en su decisión sobre las querellas contra el Gobierno por la gestión sanitaria de la pandemia.

La Inspección Fiscal, dependiente de la Fiscalía General del Estado, ya ha abierto una investigación para recabar información y esclarecer las declaraciones de Navajas, que ha acusado a  algunos compañeros de estar “contaminados políticamente”. En ese grupo de supuestos “contaminados” podría estar la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal, entre otros.

Navajas, que es el número dos de la Fiscal General del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, presentó la semana pasada un escrito en el que reclamaba al Tribunal Supremo que se archivaran las 21 querellas presentadas por particulares contra los integrantes del Gobierno por su gestión en la crisis del coronavirus. Según ha podido saber Diario16, la Inspección tratará de aclarar por un lado si existió algún tipo de presión por parte de los fiscales conservadores para que no se archivaran las querellas −lo que podría dar lugar a responsabilidad disciplinaria−, y por otro si las declaraciones de Navajas han podido vulnerar el secreto profesional al que están obligados los fiscales en razón a su cargo.

De cualquier manera, las acusaciones del teniente fiscal son gravísimas. De ser cierto que dos compañeros se presentaron en su despacho para insinuarle eso de “oye, en tus hombros radica el prestigio de la carrera, no vayas a poner un baldón en tus últimos meses”, estaríamos hablando de un chantaje en toda regla intolerable en el buen funcionamiento de un organismo como el Ministerio Público. Como preocupante es que Navajas no pudiera convocar a la Junta de Fiscales de Sala para fijar una respuesta común frente a las más de 60 querellas y denuncias presentadas contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque habría tenido que expulsar de la reunión a algunos fiscales “contaminados políticamente”. Todo lo cual nos lleva a pensar que en la Fiscalía existen dos bandos irreconciliables claramente enfrentados, como en un poblado del Oeste donde rige la ley del más fuerte: los que pretendían poner en la picota al Gobierno por sus decisiones tras el estallido de la epidemia y los que optaban por pasar página al no encontrar indicios racionales de delito.

La “guerra de los fiscales” es lo último que le quedaba por sufrir a la Justicia española para terminar de dilapidar su deteriorada imagen de imparcialidad. A las conspiraciones judiciales y maniobras obstruccionistas de Pablo Casado para derribar al Gobierno –entre ellas el bloqueo de los altos cargos del Poder Judicial−, y a la tibieza con la que Anticorrupción se está manejando en el feo asunto del rey emérito implicado en el supuesto cobro de comisiones por la construcción del AVE a la Meca, se une ahora esta refriega, trifulca o reyerta al más puro estilo siciliano o tragedia barroca de capa y espada en el escalafón más alto de nuestra Fiscalía. El pasado jueves, sin ir más lejos, la Asociación de Fiscales dirigía un escrito a Dolores Delgado en el que le instaba a explicar si va a adoptar “alguna medida” en relación a su número dos tras las declaraciones que “tan grave relevancia tienen”, según informó el diario ABC.

Apenas unos días antes la algo más izquierdista Unión Progresista de Fiscales instaba a todas las fuerzas parlamentarias a que cumplan con el mandato constitucional de renovación de tres de las más importantes instituciones democráticas: el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Un claro aviso a las derechas precisamente porque Pablo Casado ha impuesto un férreo bloqueo para no perder cuotas de poder en el estamento judicial. “Estos tres órganos constitucionales, que forman parte de la estructura democrática de nuestro país, deben ser renovados sin demora porque ningún poder del Estado puede sustraerse al mandato de la ley. Nuestra democracia se fortalece a través del normal desenvolvimiento de nuestras instituciones constitucionales; por eso, el incumplimiento de las leyes que las regulan debilita nuestra democracia”, aseguraba UPF.

La politización del Poder Judicial apesta y está poniendo en grave riesgo uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Cuando hemos llegado a un punto en que dos facciones de la Fiscalía se navajean a conciencia para defender los intereses del bipartidismo en la sombra, sin atenerse a los criterios exclusivamente jurídicos que rigen su función, es que la crisis institucional es aún más grave de lo que sospechábamos. O dicho de otro modo: en España hace tiempo que saltaron todas las alarmas sin que a nadie parezca preocuparle que el país necesita de profundas reformas tras el inquietante agrietamiento de los andamios que sustentan el edificio constitucional.