El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, podría ser indultado tras ser condenado por el Tribunal Supremo. El caso ha fragmentado al Alto Tribunal con dos posiciones de sus magistrados totalmente contrapuestas en cuanto a la condena de malversación, división que da argumentos al condenado para evitar el ingreso en prisión, informa EFE.
Aunque fue en julio cuando se conoció el fallo de la sentencia, no ha sido hasta este miércoles cuando se ha hecho público el contenido de la resolución y del voto particular, casi tan relevante como la sentencia misma habida cuenta de las consecuencias que derivan de su ejecución, esto es, el incidente de nulidad que Griñán elevará al Supremo y el amparo ante el Constitucional con el indulto de fondo.
Un escenario que puede condicionar a la Audiencia de Sevilla a la hora de pronunciarse sobre la ejecución de la sentencia, es decir, sobre si envía a prisión a Griñán y a otros ocho exaltos cargos. El capítulo de los ERE no está cerrado, pues el voto particular que firman las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo no es una enmienda a la totalidad de la malversación que la sentencia acredita sin género de duda para Griñán, es en sí misma una sentencia que alcanza una conclusión antagónica. Y todo ello partiendo de la misma carga probatoria. Dos visiones contrapuestas.
La sentencia es tajante y categórica en la construcción del relato contra Griñán, condenado a seis años de prisión por los ERE, cuando dice que no hay duda de que conoció y permitió que se pagaran las ayudas sociolaborales a sabiendas del “absoluto descontrol” y de las “gravísimas ilegalidades” interviniendo en la dotación de fondos a través de “un sistema de presupuestación ilegal”.
Y añade que “al ejercer las más altas funciones dentro del Gobierno de la Junta de Andalucía, tuvo capacidad de impedir ese modo de gestión” pero “permitió que se siguiera produciendo esa irregular situación año tras año”, por lo que “no ofrece duda la vinculación de Griñán, no solo con la presupuestación sino con la gestión de los fondos”.
La solidez que se presupone a esta argumentación la cuestionan las dos magistradas cuando sostienen que la condena al expresidente se basa en “una mera especulación” sin “prueba seria y sólida” que no es sino un “sorprendente y significativo salto al vacío”.
Creen que los indicios con los que ha contado el tribunal “no son unívocos y concluyentes, sino que construyen una secuencia incriminatoria a través de inferencias demasiado ambiguas y abiertas, que generan márgenes de incertidumbre en los aspectos nucleares sobre los que se construye la autoría” de Griñán y otros cuatro condenados por malversación.
Los argumentos tan irreconciliables jurídicamente como la proyección política de la causa, ejemplificada en la petición de indulto de Griñán que se resolverá en año electoral, hacen que ese voto particular sea interpretado como algo más que una discrepancia jurídica entre magistrados, habituales en el devenir de la Justicia. Ya no es el fondo del asunto sobre la condena sino son las formas.
Ni siquiera el Gobierno oculta la trascendencia de ese voto particular cuando toque abordar la tramitación de la petición de indulto, presentada por la familia el expresidente de la Junta. “Hay que ver qué dice la sentencia”, avanzó a EFE la ministra de Justicia, Pilar LLop, hace una semanas pero “también vamos a ver qué dicen esos votos particulares” de las magistradas.
De ello se hizo eco la familia en su petición de la medida de gracia pues la división en el tribunal “pone de manifiesto que no ha sido posible alcanzar una decisión más allá de toda duda razonable”.
