La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito de acusación ante el juez contra los presuntos responsables de la trama de corrupción de la empresa semipública comercializadora de armas Defex en la República Africana de Camerún, según informa la Cadena Ser. El fiscal de la Audiencia Nacional reclama 23 años de cárcel para un alto ejecutivo de Defex, M.I., por delitos de corrupción en transacciones económicas internacionales, malversación, blanqueo y falsedad documental. También pide 18 años para los empresarios F.L. y O.L. por los mismos delitos. Además solicita a la empresa hoy disuelta, participada en un 51 por ciento por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el pago de más de 113 millones de euros entre multas y decomisos.

En el fondo, lo que está investigando la Justicia es la inmensa bolsa de corrupción que se ha generado en los últimos años alrededor de la industria armamentística española, esa misma que vende misiles “inteligentes” para que países gobernados por sátrapas como Arabia Saudí puedan seguir exterminando a poblaciones enteras en conflictos lejanos de los que nadie habla. El sector de la guerra sigue siendo, junto con la pornografía y la droga, el que más dinero mueve en el mundo y eso lo saben los intermediarios, contrabandistas y traficantes que se llevan jugosas comisiones y que compran voluntades a costa de la muerte de millones de seres humanos inocentes en todo el mundo. Cuando hablamos del problema de la inmigración, cuando el Open Arms vuelve una y otra vez a la triste actualidad por haber recogido del mar a cientos de náufragos a punto de morir ahogados también hablamos de esto, del tráfico ilegal de armas, de las connivencias y contactos con regímenes corruptos de algunos empresarios aprovechados con ínfulas de poderosos colonialistas.

España debería poner orden en su industria armamentística, incrementar los controles de ventas y comerciar solo con aquellos países democráticos que ofrezcan unas mínimas garantías. No se trata de acabar con un sector legal que da trabajo a miles de personas en nuestro país, sino de limpiarlo de soldados de fortuna y mercenarios que se mueven como peces en el agua, en ocasiones con el amparo del Gobierno español, en el mercado negro de los países del tercer mundo. En el caso Defex, según la Cadena Ser, no solo se han detectado graves irregularidades en la venta de armas a Camerún, sino también a Angola, Brasil o Arabia Saudí entre otras naciones. La Audiencia Nacional cree existía una red de sobornos a altos cargos africanos que se prolongó entre 2005 y 2014 en varios países y dispone de pruebas que pueden ser concluyentes, “como el pago con dinero público de una mamoplastia en Barcelona a la esposa de un contraalmirante camerunés para facilitar la obtención de un contrato; servicios médicos y regalos a cuenta del erario público para otros funcionarios de ese país; o mordidas al actual presidente del Comité Olímpico de Argelia; al ministro de Pesca del Senegal; o a un representante de la misión permanente de Gabón ante las Naciones Unidas”.

El principal contrato por el que se investiga a Defex en Camerún es un sistema de vigilancia costera que costó 103 millones de euros, “mediante el que la empresa semipública española se comprometía a aportar lanchas rápidas, sistemas de radar, ametralladoras de hasta 50 milímetros, así como lanzagranadas y 9.000 granadas entre diverso armamento”. El asunto es de una extrema gravedad. España no debe permitir bajo ningún concepto que algunos mercenarios protegidos por el poder ensucien su buena reputación, colocando a nuestro país entre aquellos que mercadean con la mafia de la armas en países africanos y asiáticos.

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, tiene ante sí un largo trabajo. De momento ya ha ordenado la apertura de juicio oral contra este grupo que presuntamente estuvo beneficiándose de la venta de armas merced a comisiones ilegales y sobornos en países corruptos, donde millones de personas sufren la lacra de la guerra y el hambre. Pero la investigación no debería quedar solo reducida al ámbito judicial. Se impone también que los máximos responsables políticos de este escándalo mayúsculo comparezcan en sede parlamentaria para que den todas las explicaciones oportunas a los ciudadanos españoles. Los españoles no se merecen que los relacionen con traficantes, negreros y bandas criminales organizadas alrededor de la siempre oscura industria militar. Luz y taquígrafos hasta sus últimas consecuencias. Y decencia moral.

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