El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, está en el peor escenario posible a las puertas de las decisivas elecciones municipales del próximo 28 de mayo, precisamente en el nunca deseado de ser equiparado con el trumpismo practicante de su colega madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un apartado clave de la política como es la gestión sanitaria. El Gobierno andaluz ha utilizado la pandemia como excusa para cerrar decenas de contratos a dedo con las aseguradoras privadas para reducir las listas de espera mientras despedía a 8.000 sanitarios por considerar que ya no eran necesarios en la sanidad pública. Este argumento no convence a la oposición, que llevará el caso a los tribunales por “corrupción sanitaria”.
La sanidad pública ha sido hasta ahora una joya de la Corona intocable, o al menos que se note lo menos posible el manoseo contra los intereses de la ciudadanía y la utilización espuria de sus impuestos. Lo sabe de sobra la que fuera su predecesora, la socialista Susana Díaz, que en buena parte se la llevó por delante una marea blanca que no supo ver a tiempo ni calibrar su envergadura. También la propia Ayuso está capeando esta ola imparable más mal que bien y ahora es el propio Moreno Bonilla quien la está sufriendo en carne propia por una mala estrategia de cálculo y algún que otro desmán no controlado de querencia por la privatización del sector. La rectificación en toda regla del ejecutivo andaluz sobre las decenas de contratos a dedo llevados a cabo con la sanidad privada durante más de dos años hasta el próximo junio, con una norma derogada en mayo de 2021, ha puesto en bandeja a la oposición política la opción más que probable de optar por la vía judicial para aclarar si ha habido o no un uso fraudulento e irregular de los fondos públicos en estos convenios a dedo con la sanidad privada.
Por Andalucía dice que “suena el corazón de los ERE” en estas contrataciones irregulares mientras el PSOE ve “un gravísimo caso de corrupción sanitaria”
“El propio Gobierno de Moreno Bonilla ha admitido que había contrataciones irregulares. Es un gravísimo caso de corrupción sanitaria”, ha sentenciado la portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, en rueda de prensa este miércoles. La dirigente socialista ha anunciado una extensa lista de peticiones de información al ejecutivo andaluz sobre estas contrataciones al margen de la ley efectuadas durante más de dos años por la Consejería de Salud con las clínicas privadas. “Todo esto es un disparate que tiene claras responsabilidades políticas y ya veremos si judiciales también”, ha sentenciado la portavoz parlamentaria socialista.
PSOE y la coalición Por Andalucía han avanzado que acudirán a los tribunales para que el Gobierno de Moreno Bonilla aclare si hubo contrataciones al margen de la legalidad. “Claro que vamos a ir a la justicia”, ha confirmado este miércoles en rueda de prensa la portavoz del Grupo Socialista.
El Gobierno andaluz utilizó la pandemia como excusa para cerrar contratos con las aseguradoras privadas para reducir las listas de espera mientras despedía a 8.000 sanitarios
Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha anunciado que su grupo ha solicitado informes de la Intervención General de la Junta, además de otra documentación, sobre estos contratos con “sospecha de ilegalidad”. Nieto ha añadido que el modus operandi del ejecutivo de Moreno Bonilla en este caso se asemeja al “corazón” del caso de los ERE fraudulentos, que concluyó con la condena de numerosos ex dirigentes socialistas de los gobiernos andaluces anteriores.
El ejecutivo autonómico se remite a dos informes de su gabinete jurídico para haber llevado a cabo durante más de dos años, y hasta el próximo junio incluido, hasta 79 contratos a dedo con la sanidad privada por un montante de 117 millones de euros tomando como excusa la pandemia, precisamente en las mismas fechas que el Gobierno andaluz ha prescindido de más de 8.000 sanitarios al considerar que lo peor del covid-19 ya había pasado y sus servicios ya no eran necesarios.
La diputada de Por Andalucía ha recordado que el ejecutivo de Moreno Bonilla “no es la primera vez que utiliza la pandemia como excusa para hacer lo que no debe, o para eludir los procedimientos legales establecidos en cada caso”. En este sentido, ha citado como ejemplo el caso de los ‘contratos exprés’ durante la pandemia.
