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El caso de las menores víctimas de abusos sexuales en Madrid destapa las grietas en el sistema

Ni Servicios Sociales ni la Justicia detectaron que las menores habían caído en la prostitución, pese a que el asunto se remonta a al menos 2019

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El caso de las menores explotadas sexualmente en la Comunidad de Madrid ha destapado fallos en el sistema. No solo no han funcionado los servicios sociales de asistencia, sino que la justicia tampoco ha estado ágil a la hora de detectar el problema e iniciar las investigaciones pertinentes. Ahora han entrado las prisas (y también los nervios) en el Gobierno dirigido por Isabel Díaz Ayuso. El viernes, el Ejecutivo regional se quejaba de que aún no ha recibido el visto bueno del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que lleva la investigación judicial de las 10 menores víctimas de una red de proxenetas, para personarse como acusación popular en la causa judicial, según informa Europa Press.

Tal como aseguran fuentes del Gobierno regional, el 9 de enero solicitaron oficialmente esta personación, pero el juez todavía no la aceptado. Por ende, se quejan de que siguen sin tener comunicación oficial directa sobre el contenido del sumario, en el que aparecen como víctimas de la trama varias menores tuteladas y que vivían en centros de la Comunidad de Madrid. La presidenta autonómica ha destacado la labor que realizan los centros de menores de la región y espera que se arroje luz sobre este asunto.

Preguntada por esta cuestión por los medios de comunicación, en Fitur, Ayuso incidió en que ahora mismo no tienen «oportunidad de dar muchos detalles acerca de la situación de los menores, no solo por la complejidad de este asunto y por la sensibilidad que contrae» sino porque también están todos los días «recibiendo información nueva por parte de la Fiscalía, de la Policía y de las distintas investigaciones».

Además, las mismas fuentes del Gobierno regional denuncian otras trabas judiciales. Así, el mes de octubre pasado instaron a la Fiscalía y al juez ampliar la privación de salida del centro para una de las menores víctimas. Se trata de una chica que se fugaba constantemente de las instalaciones para acudir a los poblados y casas de la mafia para consumir droga y ser obligada a prostituirse. Cuando volvía al centro, tenía un mal estado físico (con enfermedades venéreas) y psicólógico, según el sumario.

La Fiscalía contestó a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social sobre esta petición de ampliación de restricciones que no era su competencia, mientras que del juez todavía siguen esperando respuesta. La operación policial culminó a finales de noviembre con la detención de 37 personas y la liberación de las diez chicas. Y fue difundida a los medios de comunicación a principios de este mes de enero.

El departamento que dirige Concepción Dancausa ha revisado todos los expedientes de los centros de menores y ha comprobado que el año pasado presentaron más de 5.000 comunicaciones y denuncias de ausencias de tutelados a la Fiscalía de Menores, Juzgados y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Ejecutivo asegura que ha cumplido en todo momento con el deber de velar por la integridad de las menores. «La Comunidad sí ha hecho su trabajo, ya que desde los centros sí se avisa a las entidades correspondientes de las ausencias de los menores y de cualquier situación anómala», insisten las mismas fuentes.

Sobre las tres menores tuteladas que la Comunidad le constan que son víctimas de esta organización criminal, dirigieron 84 comunicaciones y denuncias a los órganos antes aludidos, varias de ellas al Grupo de Menores de la Policía Nacional (GRUME) para que las localizara ante las continuas ausencias.

Además, sobre una de las víctimas, el departamento regional interpuso en los últimos 15 meses tres denuncias: el 25 de septiembre de 2020, el 18 de febrero de 2021 y el 1 de septiembre del año pasado, esta última muy importante para la Policía, relacionada con abusos sexuales graves a una adolescente tutelada. Sin embargo, ninguna de las denuncias logró poner a salvo a las víctimas.

A 31 de diciembre, la región contaba con 3.714 menores con medidas de protección asumidas por la Comunidad, 2.263 de los cuales, el 60% del total, están en distintas modalidades de acogimiento familiar. El resto, 1.451 menores, viven en los 102 centros con los que cuenta la Comunidad de Madrid, que disponen de 1.880 plazas. Los Presupuestos autonómicos aprobados para 2022 fijan 115 millones de euros para su mantenimiento, un 20% más que el año pasado.

Lagunas judiciales

Pero no solo ha habido supuestas grietas en la Administración regional. También en el ámbito judicial se podrían haber hecho las cosas de una manera más efectiva. El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid archivó la primera denuncia interpuesta en diciembre de 2019 por la madre de una de las menores víctimas de la mayor red de prostitución infantil destapada en la Comunidad de Madrid al acreditarse que se trataba de un abandono voluntario.

Se trata de la primera denuncia que consta en la causa, la primera de muchas otras que han acabado en la denominada ‘Operación Sana’ con la detención de 37 personas acusadas de un listado de delitos sexuales cometidos contra al menos diez menores de entre 13 y 15 años.

En este caso se incoaron diligencias previas a raíz de una denuncia en la que la madre puso a finales de 2019 en conocimiento de agentes de la comisaría de Arganzuela la desaparición de su hija de 17 años. La testigo manifestó entonces que su hija había abandonado voluntariamente el domicilio familiar al ser adicta a las drogas para consumir hachís y otras sustancias estupefacientes.

En un auto dictado en enero de 2020, el juez que instruyó esta causa dictó el sobreseimiento provisional de las diligencias al no quedar acreditado la perpetración del delito y comprobarse que se trataba de un abandono voluntario. El atestado policial recoge que la madre manifestó que su hija se fue con un hombre al que no consideraba «buena influencia». La menor fue reconocida por los agentes cuando acompañó a las dependencias policiales a este individuo para firmar un permiso penitenciario.

Según el atestado, la madre sospechaba que su hija iba a zonas donde se vende droga y se aprovechaban su adicción a las drogas para abusar de ella. En esta causa hubo solo un sospechoso y se archivó al confirmar el juez que era un abandono voluntario, sin investigar más allá de estas circunstancias. Dos años más tarde, la jueza de Instrucción número 8 de Madrid abrió unas diligencias a raíz de una denuncia de la Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) por un delito de organización criminal, contra la salud pública, prostitución de menores y detención ilegal.

La primera denuncia por la desaparición de la menor referida se unió a estas actuaciones penales al tratarse de delitos conexos que debían seguirse en el mismo procedimiento penal si bien más tarde se concluyó que los delitos seguidos contra la red eran más graves. La investigación penal se dirige ahora en el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, cuya jueza ha tomado por ahora declaración a los investigados y tienen que señalarse las comparecencias de las menores para que sus manifestaciones queden recogidas como prueba preconstituida.

De los 37 detenidos, solo ocho han ingresado en prisión provisional y sin fianza. Según los investigadores, al menos diez menores habrían sufrido los abusos sexuales de esta red de prostitución infantil que operaba en Madrid, principalmente en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles, en Villaverde.

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