La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha encontrado serias deficiencias en el cumplimento de los plazos legales en las distintas fases de la gestión de la ayuda a la dependencia en la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso. Entre los ejercicios 2017 y 2018 se tramitaron un total de 87.305 expedientes de personas beneficiarias por las subvenciones establecidas en la ley, 72.421 tramitados directamente por la Comunidad de Madrid y el resto, 14.884, “corresponden a expedientes gestionados por entidades locales”. El problema es que los retrasos en cursar las solicitudes se eternizan mientras que las quejas de los beneficiarios, personas que necesitan de las ayudas para sobrevivir y costearse los tratamientos, se contestan a muy largo plazo.  

Según la Cámara de Cuentas, el porcentaje de expedientes remitidos al órgano competente fuera del plazo legal fue del 62,3 por ciento en el ejercicio 2017 y del 42,1 por ciento en 2018 en el caso de los gestionados directamente por la Comunidad de Madrid, si bien el plazo medio de remisión pasa de 19 a 27 días hábiles, por encima de los 15 días que marca el decreto 54/2015. En cuanto a los expedientes gestionados por entidades locales, el porcentaje de incumplimiento de plazos es del 69,1 por ciento en el ejercicio 2017 (único en el que la figura de las encomiendas de gestión permanecía vigente), con un plazo medio de 71 días hábiles, muy superior a los 40 días establecidos legalmente, retrasos no imputables al Gobierno regional, sino a los propios ayuntamientos.

Tanto en los casos gestionados directamente por la comunidad autónoma o por las entidades locales, parte del retraso podría deberse a “la falta de aportación por los beneficiarios de la documentación requerida para completar la solicitud, si bien con la información facilitada no se ha podido verificar en qué casos se ha producido esta circunstancia”. En el plazo para el reconocimiento del grado de dependencia, se observa una mejoría en el ejercicio 2018 con respecto al anterior, tanto en el número y porcentaje de expedientes resueltos en plazo (pasa del 36,1% al 49,2%) como en la reducción del plazo medio de resolución (222 y 176 días naturales, respectivamente). Además, hay retrasos en un gran número de expedientes, pero dicho retraso no es significativo en cuanto al número de días.

No obstante, a 31 de diciembre de 2019 seguían pendientes de resolución numerosos expedientes (un 11,6% en el ejercicio 2017 y un 16,4% en el siguiente), habiendo superado todos ellos el plazo previsto en la normativa.  

“Considerando únicamente los expedientes de las personas a las que se les ha reconocido un grado de dependencia, se observa una mejoría en el ejercicio 2018 con respecto al ejercicio precedente, tanto en el aumento de expedientes resueltos (pasa del 83,3% al 91,6%) como en la reducción del plazo medio de resolución (245 días naturales para expedientes iniciados en 2017 y 202 para los iniciados en 2018)”, asegura la Cámara de Cuentas.

En no pocas ocasiones las personas afectadas por la dependencia que necesitan la ayuda ven cómo su petición naufraga en un laberinto burocrático kafkiano. Los datos de los expedientes con grado reconocido y Programa Individual de Atención (PIA) aprobado, en su caso, se trasladan al IMSERSO para proceder a la correspondiente alta en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en un plazo medio de 359 y 262 días naturales, respectivamente, para los expedientes iniciados en 2017 y 2018. En estos plazos están ya incluidos los anteriores. Una vez resuelto el PIA correspondiente, se ha de hacer efectivo el servicio o prestación económica aprobada. El 56,3% de las prestaciones de servicios aprobadas se han hecho efectivas antes del 31 de diciembre de 2019, en un plazo medio de 73 días naturales (no se establece plazo legal), mostrando una importante reducción del plazo en el ejercicio 2018 con respecto al ejercicio precedente (pasa de 95 días naturales a 49).

No todas las prestaciones que no se han hecho efectivas se encuentran en espera de un servicio, ya que pueden deberse a renuncias, fallecidos u otras causas. Excluidas estas situaciones, las prestaciones pendientes de recibir un servicio a 31 de diciembre de 2019 suman un total de 13.685. El 61,9% de ellas corresponden a PIA aprobados en el ejercicio 2019. El resto procede de PIA aprobados en 2017 y 2018, por lo que acumulan un retraso considerable. El porcentaje de efectividad de las prestaciones económicas es elevado en los dos ejercicios (93,9% y 82,3% en los ejercicios 2017 y 2018, respectivamente), con tiempos medios de efectividad de las prestaciones de 135 días naturales para expedientes iniciados en 2017 y de 37 días para expedientes iniciados en 2018. La importante reducción del plazo se debe a la aprobación de una generación de crédito que permitió aumentar los créditos disponibles en el ejercicio 2018 a la atención de la dependencia en 17 millones de euros.

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