El reciente informe de la Cámara de Cuentas de Madrid revela deficiencias en la gestión de las ayudas a las personas dependientes. Según este organismo, en la Comunidad de Madrid no existe un programa específico que recoja, de forma exclusiva, los créditos destinados a la ejecución y financiación de los servicios y prestaciones contemplados en la Ley de Dependencia, sino que se consignan en “distintos programas junto a otros gastos de servicios sociales y promoción social”. La Comunidad de Madrid no dispone de un sistema de contabilidad analítica adecuado para calcular el coste de los servicios prestados a personas dependientes, que se obtiene mediante la aplicación en cada tipo de gasto de un porcentaje de imputación en función de diversos criterios, de cuya aplicación deriva el gasto finalmente atribuido a dependencia.

A lo largo del período 2014-2018, los importes destinados a dependencia han ido ascendiendo de forma gradual, pasando de 964.223.554 euros en el ejercicio 2014 a 1.134.710.430 euros en el ejercicio 2018. El único programa reservado en su totalidad a la gestión de la dependencia es el 231I Coordinación de la Dependencia, cuyo gasto ha sido en todos los ejercicios considerados “superior al presupuestado inicialmente, lo que denota la insuficiente consignación de los créditos iniciales, que no tienen el carácter de ampliables, limitación que ha condicionado la gestión realizada”, según el informe.

En los programas presupuestarios analizados, los indicadores utilizados han sido objetivos y medibles y los objetivos previstos se han cumplido en gran medida. No obstante, al recogerse los gastos por dependencia en diferentes programas presupuestarios en los que se mezclan con otro tipo de gastos, “las Memorias de cumplimiento de objetivos no pueden utilizarse como índices del grado de eficacia y eficiencia de la gestión de la dependencia en la Comunidad de Madrid”. Los gastos destinados a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia tienen la consideración de “gastos con financiación afectada”, si bien la información disponible no es soporte suficiente para realizar un adecuado seguimiento como gastos con financiación afectada de los gastos e ingresos correspondientes.

La gestión de la dependencia en la Comunidad de Madrid está sometida a controles de naturaleza administrativa en los que intervienen distintos órganos. La Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor se encarga de verificar la información ofrecida por el sistema de información, alineando la información existente entre el sistema informático SIDMA y el SISAAD, así como del control de vivencia de los beneficiarios, a partir de los datos del IMSERSO facilitados por el INE. “No realiza evaluaciones periódicas propias del funcionamiento del sistema en su territorio respectivo, que exige la ley, sino que se subsume en la que realiza anualmente el IMSERSO”. Además, la Dirección General realiza controles, tanto previos como posteriores, encaminados a verificar que las prestaciones económicas se destinan a la finalidad para la que fueron concedidas. En algún caso, “la falta de medios no ha permitido emprender comprobaciones posteriores de mantenimiento de los requisitos para continuar percibiendo la prestación”.

En el ejercicio 2018 se iniciaron 7.310 procedimientos de reintegro, en los que se han requerido 5.780.654 euros, de los que se han abonado 3.903.078 euros, sin que se hayan solicitado intereses de demora. En relación con la vía ejecutiva, si bien aún no se han iniciado procedimientos de reintegro, en el año 2019 se llevaron a cabo algunas actuaciones para poner en marcha dicho procedimiento. La Subdirección General de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones es la encargada de la Inspección de centros de servicios sociales. Desde el año 2009 y hasta 2018 se han aprobado ocho planes de inspección, donde se han establecido objetivos generales y específicos en cada plan con líneas concretas de actuación. Los datos ofrecidos por los informes de resultados de dichos planes no son exclusivos del sector de la dependencia. Además, las actuaciones realizadas se exponen de forma muy concisa, por lo que no es posible concluir si se han realizado en 2018 todas las actividades previstas en los planes.

A la vista de los resultados de las inspecciones realizadas, en 2018, se sancionó a un total de 41 centros, que dieron lugar a la imposición de sanciones pecuniarias, algunas de ellas recurridas o en vía de apremio. Asimismo, dicha subdirección es la encargada de la autorización, acreditación y registro de los centros y servicios de acción social, sin que “se pueda discriminar los que prestan servicios a personas en situación de dependencia, y sin que conste en el registro la forma de financiación de los centros”. La Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, dependiente   de la Consejería de Presidencia, gestiona las quejas o reclamaciones presentadas por los usuarios o beneficiarios de servicios públicos. El tiempo de elaboración de respuestas de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, en 2018 fue de 42 días, superior a los 15 días hábiles que fija el Decreto 21/2002. La Memoria recoge propuestas de mejora generales para toda la Comunidad de Madrid, relativas a la contestación en plazo o la utilización de un lenguaje claro en las respuestas, entre otras, sin distinguir entre Consejerías ni por materias concretas.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Subdirección General de Centros y Servicios de la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad, el organismo AMAS, y el Ayuntamiento de Madrid, han realizado encuestas de satisfacción en su ámbito de actuación. Los gastos destinados a la gestión de la dependencia están también sometidos al control de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, que realiza un control previo, a través del ejercicio de la fiscalización previa limitada y un control posterior, ejercido a través de un control financiero. Durante el período 2014 a 2018 se han interpuesto 3.844 recursos de alzada en materia de dependencia y 67 recursos contecioso-administrativos, sin que se haya aportado mayor detalle en relación a dichas reclamacaciones.

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