El informe de la Cámara de Cuentas saca los colores al Gobierno regional de Madrid por su gestión en la tramitación de las ayudas a la dependencia. De las prestaciones pendientes a 31 de diciembre de 2019, la práctica totalidad (el 95,3%) procede de programas aprobados en el ejercicio 2019. Según el análisis aprobado por la Cámara de Cuentas en octubre de 2020, la Comunidad de Madrid entiende que el modelo estadístico de control de las solicitudes adolece de «ciertas debilidades (no refleja la gestión mensual realizada, insuficiente desagregación de los datos, falta de consideración de las personas que han renunciado a la prestación correspondiente, entre otras), y que la información considerada para la liquidación del nivel mínimo no es del todo transparente».
Respecto a la formación del personal cuidador, en el ámbito de la Comunidad de Madrid los técnicos de perfil socio-sanitario responsables de la valoración de la situación de dependencia y de la elaboración de los diferentes programas de ayuda participaron, a lo largo de 2018, en una serie de jornadas informativas, así como en cursos de habilitación de valoradores. Sin embargo, «para los cuidadores no profesionales, no se han implementado medidas formativas en el ámbito de la Comunidad de Madrid, a las que se refiere el artículo 18.4 de la ley».
Las listas de espera que recogen las estadísticas del IMSERSO se calculan por diferencia entre personas dependientes con derecho a prestación y beneficiarios atendidos, «lo que no se ajusta a la realidad», según el informe, ya que no se tiene en cuenta las personas que han desistido o renunciado al programa de ayuda (PIA), 6.510 de un total de 18.883 beneficiarios a 31 de diciembre de 2018. Los datos que maneja la Cámara recoge la evolución de los servicios y prestaciones atendidos, que pasan de 139.929 en el ejercicio 2015 a 187.101 en el ejercicio 2018, así como el promedio de efectividad de dichos servicios y prestaciones. En el caso de los servicios, este plazo ha disminuido en todos los servicios y grados (salvo en el grado III de atención residencial al mayor y a discapacitados, y en todos los grados de la atención diurna al mayor), a pesar del cada vez mayor número de solicitantes. «El número medio de días de incorporación a nómina de las prestaciones económicas se ha reducido para todo tipo de prestaciones y grados. Partiendo de la información obtenida de SIDMA, la gran mayoría de los beneficiarios fallecidos en los ejercicios 2017 y 2018 (el 77,7% del total) se encontraban, en el momento del fallecimiento, disfrutando de al menos una prestación aprobada. Las plazas ofrecidas para personas mayores en residencias se han reducido de 21.466 en el ejercicio 2015 a 21.252 en el ejercicio 2018, debido a la disminución de las plazas concertadas con entidades privadas», indica el documento.
Tanto las plazas en centros de día para personas mayores como las de centros de día y residencias integradas en la red de enfermedad mental y de atención a personas con discapacidad, han aumentado en el período considerado. La Comunidad de Madrid ha contado con un sistema informático de gestión de las prestaciones de dependencia propio denominado SIDMA, desde el que diariamente se realiza un volcado de datos al aplicativo nacional (SISAAD) de forma automática. A 31 de diciembre de 2018 hay 19.012 expedientes iniciados en SIDMA pendientes de incorporar a SISAAD, que corresponden «a solicitantes que ya están dados de alta en otra comunidad autónoma, a expedientes resueltos por renuncia del interesado, o a expedientes que se encuentran en alguna fase de tramitación previa al reconocimiento de la situación de dependencia». De forma periódica se realizan cruces de datos entre ambos sistemas, que permiten detectar errores e inconsistencias, y se abren incidencias al respecto para exponer los problemas detectados, en las que se incluyen expedientes de ejemplo.
Sin embargo, la solución suele aportarse sobre estos últimos, sin que el IMSERSO actúe sobre el problema general, de forma que no se toman medidas correctoras y el problema continúa reproduciéndose. Los datos incorporados al SISAAD son la base de las estadísticas en materia de dependencia a nivel estatal, de interés general supracomunitario y las que derivan de compromisos con organizaciones supranacionales internacionales, a la vez que aportan la información imprescindible para proceder a la liquidación del nivel mínimo a las comunidades autónomas.
En cuanto a la participación en la gestión de la dependencia de las corporaciones locales en el ámbito de la Comunidad de Madrid, todos los trabajadores sociales de los Servicios Sociales municipales cuentan con acceso a la información relativa al estado de tramitación de los expedientes de dependencia de ámbito territorial, mediante consulta individual, a través de uno de los módulos de SIDMA. Desde la Comunidad de Madrid no se suministran, directamente, los datos al Registro de Prestaciones públicas de las prestaciones de dependencia, tal y como exige la ley. Los datos se remiten al SISAAD y es el IMSERSO el encargado de enviarlos al Registro. Todos los beneficiarios a los que se les ha asignado algún grado de dependencia, incluso los menores de 14 años, tienen asignado un DNI o NIE, por lo que su identificación es unívoca.
El análisis de una muestra de 76 expedientes ha permitido, con un nivel de confianza del 90%, dar validez a los datos consignados en la base de datos entregada y a los tiempos medios calculados, «si bien se han encontrado algunas incidencias». En cada una de las fases anteriormente analizadas, las resoluciones aprobadas han de comunicarse al interesado. Analizados los distintos tipos de notificaciones, estas adolecen de algunas debilidades, si bien se observa cierta mejoría en relación con notificaciones de ejercicios anteriores», según el informe.
