El Ayuntamiento de Madrid lleva años pagando millones de euros por las facturas de agua y luz de la M-30. En concreto, 58 millones de euros. Estos cargos debieron haber sido abonados por las empresas adjudicatarias: Dragados, API (ambas filiales de ACS) y Ferrovial, desde el inicio de las obras para la puesta en marcha de esta vía en 2005. Obras que se encarecieron en 1.632 millones mediante una modificación del contrato aprobada el 26 de marzo de 2007, en extrañas circunstancias. ¿Negligencia o corrupción?
Las complejas tramas corruptas en España, tanto políticas como económicas, se han derivado desde hace años en extensas, y en muchos casos infructuosas, investigaciones judiciales. Los magistrados de la Audiencia Nacional tienen que enfrentarse durante los últimos tiempos con nuevas formas de delincuencia organizada. Presuntas mafias, han blanqueado cuantiosas sumas de dinero al extranjero. Ex directivos de cajas de ahorro que se otorgan pensiones millonarias, dejando a las entidades que presidían en la quiebra. Innumerables cargos electos y empresarios se han visto descubiertos en prácticas cuando menos reprochables. Mientras tanto, los ciudadanos observan cómo se libran de unas condenas ejemplares. También, como la administración se pone en marcha para dificultar el dar respuesta judicial ágil a las denuncias de miles de afectados por supuestas estafas en sociedades de inversiones y numerosos otros casos de usura manifiesta. Su tarea es difícil, pero más lo es el explicar que su tramitación se extienda en el tiempo, con el riesgo de la desaparición de pruebas, la fuga o la prescripción de dichos delitos. Los españoles de a pie están cabreados. Tienen razones de sobra.
Según eldiario.es, el Gobierno adjudicó contratos por valor de 115 millones de euros a las empresas con las que Pedro Morenés, ya ex ministro de Defensa, estuvo vinculado antes de entrar al cargo. En total, las sociedades del Grupo Segur (Segur Ibérica, Segur Control y Consorcio de Servicios), Instalaza y MBDA, firmaron 108 contratos con la Administración central siendo Morenés titular de Defensa. Todos datos de la Plataforma de Contratación del Estado y el BOE , según ese medio. El teniente Segura fue penalizado por denunciar prácticas sospechadas. ¿Las tramas se protegen cuando sólo penalizan a humoristas y acosan a los denunciantes de actos corruptos?
Ya en un comunicado emitido por la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, el 18 de enero de 2013, se afirmaba que: «Los graves casos de corrupción conocidos esta semana (se referían al caso Bárcenas) demuestran que la amnistía fiscal ha podido ser utilizada para blanquear dinero obtenido de forma presuntamente ilícita». Además, exigen al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el garantizar el acceso a la información de la amnistía fiscal a los principales órganos encargados de combatir el fraude, comenzando por los propios inspectores que tienen vetado el acceso a la información de las Declaraciones Tributarias Especiales e incluyendo al Ministerio Fiscal, los jueces y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España. La información, de la existencia de una lista de grandes defraudadores españoles, fue confirmándose en los sucesivos escándalos de corrupción como los Panamá Papers, Castellana y los resultados que van dando los procesos judiciales en marcha. La verosimilitud del acogimiento a ese beneficio, se la confirió la negativa a los requerimientos no satisfechos, en el sentido de que el gobierno informase sobre su identidad. Tampoco el señor Rajoy adoptó medidas para gestionar esas irregularidades. España ha batido records desde el 2012 en todos los indicadores socioeconómicos. Mientras los beneficios de grandes grupos empresarios siguieron aumentando.
El tema no es menor, teniendo en cuenta que, según datos de la Agencia Tributaria, en torno al 74% del fraude fiscal en España se centra en estos grupos. Las estimaciones son que el monto de la defraudación en cuestión asciende a 44.000 millones de euros. Sin embargo, pese a esta contundencia, el esfuerzo del Ministerio de Hacienda está referido a los autónomos y profesiones liberales, pese a que sólo representan el 8% del fraude fiscal. Esta decisión, denunciada año tras año por el equipo de inspectores de la Hacienda española, pone un grado más de intensidad a la temperatura de cabreo de los españoles. Más, cuando en los últimos años, muchos de los juicios se han saldado con sentencias condenatorias benignas, archivo de causas o las prácticas cuestionables de acuerdos extrajudiciales de compleja justificación ante la opinión pública.
Pocos parecen recodar, por ejemplo, el caso Troika, iniciado por el juez Garzón. El 13 de junio de 2008 se iniciaba una operación en Málaga, Alicante, Palma de Mallorca y Madrid que concluía con la detención de una veintena de personas. Así, pareció desarticularse la organización criminal Tambovskaya-Malyshevskaya, una de las cuatro estructuras criminales rusas más importantes del mundo. Fueron detenidos sus principales jefes, residentes en España, desde donde ordenaban asesinatos, dirigían el tráfico de armas y de drogas, la extorsión, cohecho, contrabando de cobalto y tabaco, palizas por encargo y amenazas. Se procedió al ingreso en prisión provisional de 14 de los 30 imputados, incluido Gennadios Petrov o Leonid Khristoforov, actualmente en busca y captura, después de que obtuvieran un inexplicable permiso para poder desplazarse a Rusia, pese a estar imputados en la causa procesal. Obviamente, una vez allí, alegaron sufrir enfermedades. Ninguno de ellos regresó.
En mayo de 2016 el juez José de la Mata, que investigaba entonces a estos grupos mafiosos Tambovskaya y Malyshevskaya, señaló que a cada uno de los reclamados “se le imputan gravísimos hechos”. En la lista están un general y un ex viceprimer ministro de Putin, entre otros. En su escrito de acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción ya denunció en su momento las estrechas conexiones de muchos de los procesados con las altas esferas de poder del presidente ruso, tanto en el ámbito político como en el económico, el judicial y el militar. En cualquier caso, en España no se procedió de manera efectiva a encontrar las responsabilidades por aquellas actuaciones que permitieron su fuga. Estos casos se contrastan con el esfuerzo de los españoles para mantenerse a flote y en su capacidad constitucional de manifestar sus insatisfacciones.
La presión sobre la renta de los ciudadanos sigue aumentando, pero desigualmennte. En un país, en donde buena parte de su dirigencia política, empresarial y social, se solazaba con calificar de “república bananera” a todos aquellos países con comportamientos similares a los que actualmente demuestra España, es poco menos que patético que no se tenga el músculo ético necesario para dar respuestas contundentes a lo que sus ciudadanos les reclaman: que haya reformas sí, orientados al bien común, pero con esfuerzos equitativos y Justicia efectiva en el proceso.
Bueno es recordar la historia del término “cabreo”. Se llamaba así al inventario de los bienes de las clases nobiliarias y eclesiásticas, y todos los documentos que los formaron: mapas, listas de bienes y derechos, elenco de los muebles e inmuebles, servidumbres, censos, valor de la propiedad, planos de las lindes de los señoríos, etc. Ya el Siglo XIX, implicaba la lógica renuencia campesina a tener que pasar y sufrir los cabreos aplicados a sus tierras. La actual acepción, fue causada por un fenómeno, que se dio especialmente en el Noroeste de Cataluña, entre los años 1823 y 1833, en que una explícita reacción nobiliaria combinó el recurso a las leyes con el uso de las armas, de modo que si los vasallos y campesinos no atendían las exigencias de los nobles por las buenas, lo harían a la fuerza. ¿Curioso episodio de la historia, no cree?
Con los tiempos que transcurren, parece que algunos comportamientos no son de recibo por parte de los ciudadanos en democracia. Parece que se burlan de la gente honesta. Eso es para cabrear a cualquiera. ¿No?
