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El bloqueo de Casado, las cloacas y el caso Corinna degradan el Poder Judicial hasta límites insoportables

Arranca el año judicial en medio de la pandemia y de graves problemas de funcionamiento interno que minan la credibilidad de la cúpula judicial

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Lo dijo el gran Fernando Fernán Gómez: “En España no solo funcionan mal los que mandan, sino también los que obedecen”. Y qué razón tenía el maestro. Los ciudadanos, con sus decisiones y votos cada cuatro años, son los que quitan y ponen a los incompetentes que han dejado la Sanidad tiritando a fuerza de recortes y a los responsables educativos incapaces de contratar a los maestros suficientes para hacer frente al inicio del curso escolar en el “año cero” de la pandemia. Y qué decir del Poder Judicial. Los jueces y magistrados se eternizan en las más altas magistraturas del Estado sin que los dos grandes partidos, PSOE y PP, sepan ponerse de acuerdo en la renovación de cargos.

Pablo Casado, el gran bloqueador, se niega a negociar nada con Pedro Sánchez, y mucho menos un asunto tan delicado como renunciar a los infiltrados del PP en la judicatura. Y ahí se ha quedado el eterno aspirante a la Moncloa, en el filibusterismo político, en el sectarismo obstruccionista, en el “no a todo”. Lo último que se ha sabido del eterno aspirante a la Moncloa es ciertamente escandaloso. Por lo visto, mientras en público se muestra como el más inflexible antisanchista para quedar bien ante la parroquia ultraderechista, no hace mucho envió un wasap al presidente del Gobierno mostrándole su disposición a sentarse a hablar sobre el reparto de cargos del Poder Judicial. Sin embargo, tal como publica El País, el líder del PP dio marcha atrás después de cesar a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del Grupo Parlamentario Popular y volvió a meterse en su trinchera negacionista, de tal forma que a día de hoy nadie sabe qué va a pasar con la cúpula de nuestros juzgados y tribunales.

El asunto es gravísimo, ya que pone en jaque a todo el Estado de Derecho. O como ha dicho Pablo Iglesias en un acertado tuit de última hora: “La renovación del Poder Judicial es un mandato constitucional. El bloqueo de Pablo Casado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el fin de usar los tribunales para hacer oposición, tal como reconoce el PP abiertamente, es una burla indecente a la Constitución y a la democracia”.

Sin una Justicia imparcial, independiente, transparente y fuerte no hay propiamente democracia y pese a la gravedad de la situación Casado sigue jugando al Monopoly judicial con este tema. Hace apenas unas horas, el secretario de Justicia del PP y consejero en la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha culpabilizado directamente a Sánchez de que PSOE y PP no alcancen los acuerdos parlamentarios necesarios que permitan renovar el CGPJ y el Tribunal Constitucional, entre otras instituciones. “El problema lo ha generado Sánchez y el problema lo tiene que solucionar Sánchez”, ha afirmado López, quien en la línea de los populares vuelve a arremeter contra “un Gobierno imposible” por la presencia de “un partido radical que está cuestionando el orden constitucional en España y que además está radicalizando, por desgracia, al Partido Socialista”. Las derechas han visto en Iglesias el espantajo comunista perfecto –la coleta y el look proleta del líder de Podemos ayudan en ese intento por convertirlo en un demonio bolchevique, aunque en realidad no deja de ser un socialdemócrata moderadito− y Casado y Santi Abascal no van a parar de agitar el muñeco diabólico rojo cada media hora hasta que la idea cale en la opinión pública.

Pues en medio de ese ambiente de decadencia política, putrefacción y hundimiento institucional generalizado acude el rey Felipe VI a la apertura del año judicial. El papelón para el monarca (cabeza visible de la Jefatura del Estado surgida del Régimen del 78) es antológico. No solo ha sido duramente criticada su gestión en la pandemia −la Casa Real se ha limitado a organizar colectas entre ricos y grandes de España para donar leche y aceite a los pobres en un anacrónico episodio de vuelta a las viejas costumbres del absolutismo feudal− sino que sigue coleando la investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca, en el que podría estar involucrado su padre, Juan Carlos I. No debe resultar nada fácil echar un sermón sobre el principio de igualdad de todos ante la ley mientras las cuentas de Zarzuela siguen bajo sospecha y el rey emérito se da a la dolce vita en lujosos hoteles como palacios orientales de Las mil y una noches, o sea 11.000 euros la noche. La Justicia ha salido muy mal parada de este suceso truculento, en buena medida porque el sagrado derecho a la inviolabilidad del rey desmonta el relato de que la ley es igual para todos. Habrá que ver las caras de circunstancias de sus señorías, los insignes togados, cuando Felipe VI les inste a trabajar con imparcialidad y entereza, sin dejarse amedrentar por presiones externas de poderes superiores. El fantasma de una señora rubia con ojos azules y cubierta de perlas planeará entonces, amenazante, por todo el salón decorado con los cuadros de la Restauración, los retratos de Cánovas y Sagasta, los falsos oropeles, las polvorientas lámparas de araña, la apolillada madera de cuando perdimos las Filipinas y las sillas aterciopeladas en rojo que no se cambian desde la Constitución de la Pepa. El cartón piedra de la Justicia quedará más al descubierto que nunca.

A día de hoy, toda la credibilidad de nuestro sistema judicial depende de lo que declare una señora alemana muy fina y elegante que ha puesto en jaque al Estado español con la ayuda del comisario Villarejo. Si acaba tirando de la manta y lo canta todo, lo de las cuentas suizas, los paraísos caribeños, los jeques y camellos de las comisiones, el marrón para la Fiscalía será histórico. No pedir una investigación contra el rey emérito sería la estocada final para una Administración de Justicia seriamente dañada en su imagen de imparcialidad.

Es inevitable que este año de pandemias y ruinas institucionales el discurso del rey Felipe sueñe más vacío y protocolario que nunca. Por no haber no habrá ni los tradicionales “corrillos” entre las autoridades y los periodistas en cumplimiento de las normas contra el covid (qué bien viene la pandemia como justificante y coartada para todo, en especial para frenar a la prensa incómoda). Tras Felipe VI hablarán Dolores Delgado y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que debido a la parálisis política va camino de convertirse en presidente vitalicio, perpetuo, eterno (el hombre lleva ya siete discursos y su actuación empieza a sonar repetitiva y monótona). Por descontado, ninguno de ellos entrará en el meollo del asunto, que no es otro que el hecho de que el pueblo exige reformas profundas en la Administración de Justicia, o al menos su derecho a que el CIS le pregunte si está por una monarquía o por una república, una encuesta que no se celebra desde hace cinco años.

Si la justicia es el pan del pueblo, que siempre está hambriento de ella, tal como decía Chateaubriand, los españoles están famélicos de unos jueces y fiscales independientes que investiguen a fondo las cloacas del Estado, las leyendas de Villarejo, las estafas bancarias como la del Banco Popular y las cuestionadas decisiones de Dolores de Cospedal y Jorge Fernández Díaz en la operación Kitchen. Si no limpiamos el patio judicial de prevaricaciones, espionajes, sobornos, mordidas, revelaciones de secretos y malversación de caudales públicos de nada servirá que el país se cure de la pandemia. Porque la infección por el virus de la corrupción será tan letal y generalizada que España habrá entrado en la fase terminal hacia su defunción como estado fallido.

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